lunes, 30 de abril de 2012

La policía bonaerense reprimió en Azul, golpeando con sus escudos a niños de 2 años en la cancha de Piazza




RATIS

El domingo en cancha de Piazza, luego de que se jugara el clásico entre el local y San José, la policía reprimió y apaleó nuevamente a la gente de barrio.

Esto sucedió al terminar el partido y luego de que un grupo de jóvenes de “la villa” (me refiero al apodo con el cual se conoce al Club Sportivo Piazza) descolgaran una bandera del “sanjo” que se habían olvidado sus hinchas. Cabe mencionar que la edad de estos jóvenes ronda entre los 14 y 15 años.

Un hincha de San José fue a recuperar su bandera y estos adolescentes se negaron a dársela. Hubo algunos forcejeos y la intervención de la maldita bonaerense se produjo con represión.

Los efectivos golpearon con sus escudos a los jóvenes de 15 años y, lo que es más indignante, también golpearon a niños que no pasaban el metro de altura y se encontraban entre la hinchada.

Los medios de comunicación intentaron relativizar la medida represiva que impartió la bonaerense señalando que “tres de ellos sufrieron heridas de carácter leves”. Como siempre, se ha inculpado públicamente a la gente del barrio, pero  la realidad  es que la policía utiliza la fuerza indiscriminadamente, al extremo de que ni siquiera puede resolver el conflicto por una bandera sin emplear la violencia policial.

Según testigos, algunos uniformados dispararon balas de goma a la gente que salía corriendo de la cancha  porque no deseaba participar de la “riña”.

Desde la comisaria seccional 1ra no supieron decir quién estuvo a cargo del operativo, ni quién comenzó a reprimir. Por supuesto, tampoco se les escapó a sus autoridades la idea de aplicar sanciones a los “milicos” que golpearon niños o que dispararon las balas de goma, lo que denuncia que es la autoridad policial la que convalida la violencia como método aún cuando no esté justificada por los hechos. Frente a esto, es necesario que se investigue el caso y se sancione a los culpables. Basta de represión policial.

Chinaski.

sábado, 28 de abril de 2012

LOS ABOGADOS DE AZUL CONTRA LOS TRABAJADORES JUDICIALES




PERJURIO


El Colegio de Abogados de Azul, actualmente presidido por David Cordeviola, publicó una solicitada que agravia derechos fundamentales de los trabajadores. El texto implica una violación al juramento de ingreso a la matrícula y quedan implicados todos aquellos profesionales que no salgan a desmentirlo. El pronunciamiento  ataca derechos laborales y gremiales fundamentales, de raigambre constitucional. 

Para los abogados de Azul, las medidas de fuerza gremiales que llevan a cabo los trabajadores judiciales provoca una situación “gravemente perniciosa”. 

Califican negativamente la lucha de quienes defienden su salario para constituirse en cómplices de los causantes de esa situación. Es “gravemente perniciosa” la política salarial de Scioli y también el comportamiento de los jueces de la Corte que históricamente han preservado sus intereses económicos con total indiferencia a los de la gran masa de empleados; indiferencia que podemos traducir en complicidad por omisión.

En el pensamiento de las autoridades del Colegio de Abogados y de todos aquellos profesionales que no salgan a desmentirlas radica la negación lisa y llana de los derechos laborales y gremiales más elementales; y en la firma de este pronunciamiento, el ataque contra ellos, cuando debieran defenderlos con la Constitución en la mano.

Alegan su derecho a trabajar que no es igual al derecho a trabajar de los judiciales, porque mientras ellos defienden su industria, los empleados defienden un salario que cubra satisfactoriamente las demandas de la canasta familiar. 

Para David Cordeviola y quienes lo acompañan en la conducción de la institución, los trabajadores son una categoría diferenciada de persona. Los inferiores nacidos para ser sujetos de sumisión. La corporación paga a sus propios asalariados sueldos de hambre, en negro, con regímenes horarios que exceden los conquistados por históricas luchas obreras. En una palabra, son reproductores prolijos de la precarización laboral.

Y como si eso no bastara, dicen tener a su cargo la “responsabilidad" de "la defensa del buen funcionamiento de las instituciones de la República”, cuando jamás se alzaron contra un golpe de Estado –por citar uno de los ejemplos más graves-; “en beneficio de toda la comunidad”, cuando  constituyen uno de los grupos con menos vocación de servicio –actualmente se discute la elevación de sus honorarios-; y “del pleno y eficaz ejercicio de la profesión de abogado”, cuando lo que defienden es un negocio.

El Colegio de Abogados de Azul, es bueno denunciar, jamás se dedicó a tener un servicio jurídico gratuito que resultara útil a la población sin acceso a la Justicia. Una de las más graves deudas de la institución con la comunidad cuyos intereses dice defender y al mismo tiempo una de las violaciones más claras al juramento con el que ingresan a la matrícula. Además de necios, hipócritas.
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Intolerable. 

La solicitada

Poder Judicial Paralizado

El Colegio de Abogados de Azul publica una solicitada dirigida a la opinión pública a raíz del conflicto sindical de la AJB. 
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Tomado de la página web de la institución.-
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Con el título anterior, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul publica una solicitada dirigida a la opinión pública a raíz del conflicto sindical y la situación de paro mantenida por la Asociación Judicial Bonaerense.

La misma expresa lo siguiente: “Con motivo de la grave situación que se ha suscitado a raíz del conflicto sindical que mantienen los empleados Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, nucleados en la AJB, reiniciado en marzo del corriente año, motivado por el incumplimiento del sistema de porcentualidad que relaciona los salarios de los magistrados con el de los trabajadores judiciales, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en los hechos paralizado por continuo estado de asamblea, paros con retiros, trabajo a reglamento, etc.. Medidas de fuerza que continúan a la fecha de hoy, provocando una situación gravemente perniciosa y de incertidumbre tanto para los justiciables como para los profesionales que intervienen en la actividad judicial cotidiana.

Las instituciones firmantes desean hacer saber que dicha situación ha derivado en dificultades a los ciudadanos que quieren acceder al servicio de justicia y a los abogados que se ven privados del ejercicio del derecho a trabajar. Por tal motivo, por intermedio del COLPROBA (Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires), se presentó un recurso de amparo a los fines de solicitar se proceda al restablecimiento definitivo del servicio de Justicia para garantizar el legítimo derecho de acceso y tutela judicial efectiva a los ciudadanos y para garantizar el derecho al trabajo de los profesionales del derecho, destacando que el mismo fue acogido favorablemente. Sin embargo, la medida dispuesta por el Juzgado interviniente y las resoluciones posteriores que dictara la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no han sido suficientes para el normal desenvolvimiento del Poder Judicial.

Conscientes de nuestra responsabilidad en la defensa del buen funcionamiento de las instituciones de la República, en beneficio de toda la comunidad y del pleno y eficaz ejercicio de la profesión de abogado, instamos a las autoridades provinciales y a los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense a arribar a una solución definitiva real que satisfaga los intereses de todos los actores y operadores del sistema Judicial Bonaerense”.

LOS JUDICIALES TAMBIÉN SE DIVIERTEN


LA PARODIA

Cualquier semejanza con la realidad ¡es pura coincidencia!


DOCUMENTO DEL PARTIDO OBRERO DE AZUL POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

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En Azul, este 1° de Mayo todos a la Papelera
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Obreros de todo el mundo por su emancipación, en una misma lucha


Para este 1° de mayo, desde el Partido Obrero de Azul convocamos a concentrar a partir de las 15 horas en la Papelera –Laprida y Santa Fe-, escenario de la gran lucha que en la comunidad lideran los trabajadores para poner en pie la fábrica y recuperar con ella el trabajo que les devuelva el pan a sus hogares.

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Para reivindicar las luchas obreras, en nuestro pueblo no podemos estar en otro lugar que no sea la planta todavía tomada por sus trabajadores, cuya reactivación pelean con el acompañamiento de la comunidad y contra todos los obstáculos del Estado que le  ha dado la espalda a la defensa de la fuente laboral.

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 La causa papelera ha puesto en evidencia el carácter capitalista del Estado que bajo este gobierno no se diferencia en absoluto de los que desempeñan los partidos políticos donde se organizan los dueños del capital. Los papeleros han aprendido con su propia experiencia a qué monstruo se enfrentan. El Estado es un límite a la causa de los trabajadores y un recurso incondicional de los negocios privados de quienes detentan la propiedad de los medios de producción y el capital financiero. Pero para los trabajadores ¡ese Estado es nuestro objetivo! No para mantenerlo, sino para desarmarlo.

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Es nuestro deber alzarnos contra el saqueo permanente e histórico de banqueros y empresarios y también de los políticos puestos en carrera para venderse como mano de obra a cambio de una paga de privilegio. ¡Cómo no van a constituirse en los verdugos de los obreros, si están puestos en el poder con ese único propósito!

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En todos los pueblos del mundo están las pruebas materiales de este plan siniestro. La recurrente política del gobierno nacional de ataque a los fondos públicos en un punto es una desesperada maniobra de un Estado en bancarrota y un poder político amenazado, pero al mismo tiempo, una hipoteca de ejecución irremediable. En sus medidas más extremas, la acompaña la apelación a un arraigado sentimiento nacionalista, del que paradójicamente obtienen sus provechos el imperialismo y el capital globalizado. Primero fueron las AFJP, estatizadas con ese propósito; luego el Banco Central, cuyas reservas liberaron para su uso y cuya carta orgánica también se preocuparon en reformar a medida; ahora YPF, cuya nacionalización ha sido una mentira organizada para buscar un punto de legitimación. Doble misión cumplida con la anuencia de la oposición en el Congreso: obtener recursos extraordinarios y reaorganizar una privatización que nunca quisieron desarmar. Y lo hicieron en nombre del nacionalismo. Pero la cuestión de fondo es que nada de esto ha sido planificado para poner al Estado al servicio de los intereses de los trabajadores; al contrario, contra ellos la presidenta sigue dirigiendo un discurso de choque.

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En Azul, a siete meses del abandono empresarial a que fueron sometidos los papeleros y tanto igual de lucha infatigable junto a las organizaciones que los acompañan, todavía no han podido encender las máquinas ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido que así fuera, si no ya estarían andando, y porque la burocracia judicial se resiste a sancionar al capital privado. Con el conflicto en sus manos, antes que tutelar los derechos esenciales de los trabajadores y sus familias, la Justicia protege los intereses de los dueños. Se niega  a poner por encima de la especulación y los negocios privados el derecho de los hombres a ganarse el pan y satisfacer las necesidades más elementales de sus familias. Ni siquiera son suficientes para inspirar una decisión tajante tantos años de maniobras defraudatorias contra quienes, rehenes de la dictadura patronal, pusieron durante todo ese tiempo su fuerza de trabajo al servicio del provecho empresario.

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Son muchos más los indicadores del rumbo de la política en curso. Municipales que salarialmente están por debajo del salario mínimo, vital y móvil conviven con un plantel de funcionarios que, en cambio, son compensados con remuneraciones que lo superan con creces. Los sueldos municipales más bajo de toda la Provincia definen la política salarial del gobierno comunal nac&pop, la autoproclamada Gestión Inza. Judiciales bonaerenses lanzados a una contienda feroz por la recuperación de la ley porcentual, arrebatada por el peronismo menemista. Trabajadores del Estado que también se encuentran movilizados por sus reivindicaciones salariales. Obreros frigoríficos de la multinacional EFASA, cuya lucha gremial quebró la patronal en connivencia con el Sindicato de la alimentación, para pagar salarios que no se adaptan a los que fija el convenio. Los empresarios alemanes se beneficiaron de varias maneras. Pagan menos de lo que la ley dicta y pagan casi nada, porque el estado nacional y provincial paga por ellos; pactaron saldar su deuda con los trabajadores por un monto inferior al adeudado y en cómodas cuotas, todo a través de un proceso judicial inventado, pero claro, legal. Los trabajadores de Ecosystem tuvieron que enterrar a uno de sus compañeros, muerto a consecuencia de un cuadro de leptospirosis. Su muerte reveló públicamente la existencia de  una comunidad de ratas en la planta dedicada al reciclado de plástico. ¿Qué hizo el Estado en todo ese tiempo? ¿Qué hizo después de esta muerte obrera? No tiene sanciones para sus responsables. ¡No las tiene! Concejales kirchneristas se apresuraron a llegar a los trabajadores y advertirles: ¡cuidado con el Partido Obrero!. Pusieron a uno de ellos a decir ante los medios periodísticos que habían recurrido a los nacionales y populares para que no les pasara lo mismo que a los papeleros. Nosotros nos preguntamos: ¿qué les pasó a los obreros de la Papelera que no haya sido –como sigue siendo- andar una lucha que va recogiendo pequeños triunfos? Así opera el poder. Divide a los trabajadores y desintegra sus luchas. El kirchnerismo de Azul ha puesto al Partido Obrero en el lugar de enemigo. Referentes de esa fuerza política lo han mencionado insistentemente y de distinta manera a través de declaraciones públicas. Si para ellos la defensa inclaudicable de la clase trabajadora se opone a sus objetivos es porque sus objetivos se enfrentan a los intereses de los trabajadores. Entonces, somos sus enemigos.
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A los progresistas que se han dejado encantar con los cantos de sirena les preguntamos ¿quién traiciona a quién?

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Sólo a través de una organización independiente los trabajadores podrán romper estas cadenas. La dignidad no les será devuelta ni por el capital ni por su socio, el Estado. Ellos están para arrebatarla. Nada diferente pasa en el mundo por donde se lo indague. Allí están los indignados alzándose en Europa y reproduciéndose en el resto de los continentes con sus razones, que no son otras que las de una misma clase. Pelean por lo mismo. Por eso hemos levantado la consigna “Obreros de todo el mundo por su emancipación en una sola lucha”.
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El capitalismo como régimen económico de producción y la estructuración social consecuente se debate hoy en una de sus más profundas contradicciones. La crisis es global y los estados intentan  resolverla sin éxito a través del ajuste contra la clase ya explotada y oprimida. Las burocracias sindicales, al igual que los funcionarios de gobierno, venden a los obreros, se constituyen en empresarios, obtienen una banca a cualquier precio, ahogan los reclamos, pactan una paz social que comienza a reventarles en las manos. Es urgente salir a recuperar a los sindicatos para constituirlos en una auténtica alternativa de lucha gremial.

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Contra los encargados de aplastar las luchas por las reivindicaciones obreras al extremo de hacerlas pagar con la vida, como el trabajador de Ecosystem, como el papelero Cristian “Pachi” Lara, es urgente oponer una acción, pero esa acción debe organizarse.

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Exigimos: expropiación sin indemnización de Papelera Azuleña S.A. y su administración bajo gestión obrera. Que el Estado garantice el salario mínimo de convenio, obra social y aportes previsionales para los papeleros. Contra la política salarial del gobierno municipal de José Inza. Llamamos a los municipales a luchar por un salario igual al costo de la canasta familiar y a todos los trabajadores contra el tarifazo, impuestazo y tazaso que aplican los gobiernos nacional, provincial y municipal contra el pueblo -política de ajuste que quieren disfrazar de sintonía fina-. Por la nacionalización sin pago de las empresas privatizadas y la reestatización del sistema ferroviario y la nacionalización del petróleo y el gas bajo control de los trabajadores. Derogación de la ley antiterrorista. Contra la criminalización de la protesta. Por el desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores obreros y populares, entre los que se encuentran los militantes de la Corriente Clasista y Combativa de Tandil, actualmente con procesos penales que dirige el Juez Federal de Azul, Juan José Comparato.
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Por un Congreso de base de las Centrales Obreras. Fuera la burocracia sindical. Por un plan de lucha por $6000 de salario mínimo.
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Por la unidad mundial de la clase obrera y los pueblos en su lucha contra el capital y el imperialismo.

Obreros de todo el mundo por su emancipación, en una misma lucha.


Rath en Olavarría



“La burocracia sindical se ha asociado al negocio de la tercerización”





En diálogo con Radio Olavarría, el dirigente Christian Rath , dijo que “el tema tiene inmensa actualidad y quizá sea más actual que cuando se escribió”.
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El libro desenvuelve un tema que tiene que ver con un problema que se presenta como signo del progreso y no como lo que es, la precarización laboral.
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Rath recordó que en la década del 70 comienza a desenvolverse la crisis económica internacional y se habilita la tercerización, que es un fenómeno de característica mundial.
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Además agregó que “La burocracia sindical se ha asociado al negocio de la tercerización y esto no tiene fronteras en los sindicatos, ya que están en el lado de los moyanistas como los antimoyanistas”.
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jueves, 26 de abril de 2012

Judiciales: fracasó la conciliación y siguen los paros


LA PORCENTUAL NO SE RINDE

La Corte no asistió a la reunión en Trabajo y prometió retomar la discusión en un futuro encuentro, aún sin fecha. El gremio ratificó su reclamo por la Ley Porcentual pero el Ejecutivo no dio una respuesta. Sigue la medida de fuerza.

Este 1° de Mayo, todos a la Papelera



ACTO OBRERO EN UN ESCENARIO DE LUCHA


En Azul, este 1ro de Mayo vamos todos a la papelera. A partir de las 15 hs., las organizaciones nucleadas en apoyo a la lucha que encabezan los trabajadores de Papelera Azuleña, concentramos en la planta fabril donde nació y todavía se libra una de las más importantes luchas de la clase trabajadora. Por el derecho a recuperar el medio de subsistencia que les fue arrebatado a 23 familias, la batalla se mantiene en pie a 7 meses del lock out ofensivo patronal.

Cada una de las pequeñas victorias alcanzadas en el marco de esta dura pelea por recuperar el trabajo  fue producto de la capacidad de los trabajadores de unirse y organizarse para arrancar a la justicia y al Estado en general el respeto a sus derechos violentados.

Aunque los gobiernos intenten naturalizar, incluso en el pensamiento de los trabajadores, las políticas de ajuste contra la clase obrera, la injusticia y brutalidad con las que esas políticas se ejecutan constituyen el acto de violencia del que parte, por oposición, el desarrollo de la conciencia de una clase a la que históricamente han querido explotar, someter y disciplinar para ahogar su poder de combate.

Porque la lucha que lideran los papeleros en Azul es ejemplo para todos los trabajadores y porque  necesita del acompañamiento de la comunidad para que la fortaleza popular haga posible la recuperación de esa fuente de trabajo, que será para todo el pueblo de Azul; este 1° de mayo la papelera será el escenario desde el cual reivindicar todas las luchas obreras históricas y vigentes en todo el mundo.

Las organizaciones convocamos a estar presentes en la planta ubicada en Laprida y Santa Fé, donde se unirán también músicos de Azul y Olavarría, quienes participarán con su arte y como trabajadores de la cultura.

Cristian "Pachi" Lara, cuya vida se perdió en este contexto de lucha, estará como siempre, en cada uno de los papeleros, allí presente como bandera y causa.

Frente de lucha por la causa papelera.-

Cuestiones de estrategia


Petróleo y política



Por Jorge Altamira 

El proyecto de ley de expropiación parcial de YPF es la punta del velo que oculta una situación política excepcional.
Cristina Kirchner usó la expresión “país inviable” cuando aludió a la bancarrota energética en que había quedado sumida la Argentina al cabo de diez años de política kirchnerista. El vaciamiento financiero de YPF por parte de Repsol es una fracción del vaciamiento generalizado, ejecutado por el conjunto de los monopolios petroleros que operan en el país. En una medida fundamental, es la consecuencia de la bancarrota capitalista mundial -la que ha impuesto una insaciable política de pago de dividendos para hacer frente al déficit financiero que sufren la mayor parte de las corporaciones y bancos de los principales países. Es sintomático -para dar solamente un ejemplo- que las acciones de Petrobras retrocedan cada vez que su directorio anuncia inversiones en los proyectos de aguas profundas. Muchas petroleras, además de abonar dividendos generosos, desarrollan una política de recompra de acciones de sus compañías, lo cual aumenta el plusvalor que obtienen los tenedores.

Recurso de emergencia
El proyecto en cuestión es, entonces, en primer lugar, un recurso de emergencia para una situación sin salida en el marco prevaleciente. El Estado interviene bajo la presión de una crisis extraordinaria, la que pone en juego el abastecimiento de energía de la nación. Interviene al operador principal -que es, al mismo tiempo, el más vulnerable en el mercado mundial de la industria. Los que piden el respeto a las disposiciones constitucionales (las que exigen el pago de una indemnización previa e incluso el resarcimiento de la totalidad de los accionistas de YPF), simplemente ignoran que el gobierno está operando en una situación de bancarrota: tanto del grupo de control de Repsol, compuesto por bancos y constructoras que sobreviven bajo la carpa de oxígeno del Banco Central Europeo y el Banco Central de España, como del propio Estado argentino, el cual registra un déficit fiscal en crecimiento, a pesar de que mete las manos en la Anses y el Banco Central, y que se financia, además, con el Banco Nación, mientras las provincias emiten empréstitos en el exterior a tasas de interés usurarias. Cualquiera sea el resarcimiento a los “expropiados”, YPF va a hacerse cargo de la deuda de 9 mil millones de dólares que dejó Repsol.
La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que debe enfrentar el desafío de proceder a una redistribución de cartas en la industria petrolera. Por eso se reúne a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que para Repsol hubiera sido inocuo o inútil: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones. La oficialista Página /12 (25/4) admite que ya le ofrecieron a los pulpos subirles el precio del gas extraído. Las joyas de la corona de este plan son los yacimientos de gas no convencional (en Chubut y Neuquén) y la exploración de la plataforma marítima. Es significativo, en lo que hace a este último caso, que las tentativas de licitación hayan venido fracasando desde que Alfonsín lanzó el “plan Houston” con los ‘sanos’ consejos de Rodolfo Terragno. La licitación del Atlántico sur habría modificado, en forma radical, la dependencia financiera internacional de Argentina y la relación de fuerzas dentro de la burguesía que opera en el mercado nacional. La necesidad de este arbitraje político ha sido comprendida por todo el ‘establishment’ internacional y nacional, el cual ahora se limita a reclamar una salida judicial de las indemnizaciones. El apoyo de Macri a la llamada “empresa mixta” es una expresión de esto. Un ingreso importante de capitales de China al mercado petrolero nacional sería intolerable para sus rivales y para Estados Unidos, si no está presente la mediación del Estado en el reparto de la torta energética. Los que saludan la “recuperación de la soberanía energética” han comprado una etiqueta: no han comprendido que el ‘soberano’ ha advertido el peligro para la gobernabilidad de sus propios latrocinios y confunden soberanía con arbitraje o, mejor, que la soberanía bajo el Estado burgués es un ejercicio de arbitraje, sin el cual es imposible la dominación política del capital.

Una tentativa que se repite
Los K llegan a este punto como consecuencia de un enorme desplome de su capacidad de gobierno. El derrumbe energético aparece a renglón seguido del derrumbe del transporte ferroviario, así como éste vino enseguida después del colapso de la capacidad de pago de los subsidios -lo que dio paso a los tarifazos e impuestazos, disfrazados luego de ‘sintonía fina’. Como ya ocurriera con la estatización de las AFJP y luego con el Banco Central (primero con el asunto de las reservas y luego con la reforma de la carta orgánica), el gobierno apela a recursos extraordinarios -políticos y financieros- para salvar al Estado de la bancarrota y a salvarse a sí mismo de un fin de mandato. En estas ocasiones impuso su política a la oposición, algo que no había ocurrido cuando fue la disputa por la resolución 125. La finalidad inmediata de la intervención en YPF es acceder a la facturación de la petrolera para pagar las importaciones de gas y fuel oil, así como los subsidios en el mercado interno.
Los gobiernos bonapartistas (donde el arbitraje es personal) encuentran su punto de apoyo allí donde se equilibran las fuerzas de las clases en pugna. Los capitalistas reclaman un tarifazo energético, pero temen la reacción de los trabajadores al impacto hiperinflacionario que provocaría; los K administran este impasse. Para reforzar su capacidad de arbitraje, el gobierno convoca a la “unidad nacional” -o sea a la colaboración entre las clases. Por eso atacó a los choferes de la Línea 60 en el discurso de anuncio de la ‘expropiación’, como también a los piquetes del Gran Buenos Aires, realizados por quienes fueron azotados por el temporal, o los que tienen lugar entre los petroleros de Chubut, en un discurso posterior. El arbitraje no opera por medio de la democracia, sino de la regimentación. El centroizquierda y la izquierda democratizante han acudido presurosos al llamado, sin desconocer que se trata de una operación de rescate político del gobierno y del Estado. El número de condicionamientos que ponen al apoyo al proyecto de ‘expropiación’ demuestra que son concientes de que estamos ante un fraude. Los convoca un instinto de supervivencia, porque no están dispuestos a construir una alternativa sobre el derrumbe de lo realmente existente. El apoyo al proyecto no tiene nada que ver con la independencia energética: es una capitulación ante una extorsión política. Hugo Chávez, quien ha usado este recurso en su país hasta el agotamiento, ha logrado por esa vía convertir a la izquierda revolucionaria de Venezuela en un cero a la izquierda.

Reforma constitucional
No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.

Desarrollo de la independencia política
Al negar cualquier apoyo político a la medida ‘expropiatoria’ que encubre la reprivatización, la izquierda revolucionaria señala su condición de alternativa política. Porque no alcanza con reclamar la “nacionalización ciento por ciento” si no se desarrolla, al mismo tiempo, una separación política neta del gobierno que va por una reprivatización. La cuestión es política -la consigna del “ciento por ciento” está vacía de contenido, por lo que es ‘funcional’ al engaño. Estamos ante un ‘clásico’ de los procesos de crisis: o el seguidismo al nacionalismo burgués o al progresista de turno, y la corresponsabilidad por el fracaso o la independencia política consecuente para desarrollar una alternativa de poder en la clase obrera, la que prepara la victoria.
El gobierno intenta zafar de su derrumbe postelectoral y de la amenaza de ‘inviabilidad’, que él mismo reconoce, con una medida que acentúa la crisis que pretende atenuar. Sin un tarifazo a plazo cierto, la reprivatización es también inviable: los acuerdos con los Exxon no están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento de la ‘nueva YPF’ para pagar las facturas pendientes y evitar el tarifazo en el corto plazo acentuará la crisis energética. La cuestión es la gobernabilidad K y, en general, del Estado. El seguidismo a los nacionales y populares es un llamado a acompañar su destino político.
El debate en la izquierda sobre la cuestión YPF no tiene que ver con la energía, sino con la estrategia política.


A 21 años del asesinato de Walter




Un paso atrás. No me toques!

Escribe: Federico Burgos (UJS - PO de Azul)



Ya pasaron 21 años del asesinato de Walter Bulacio en manos de la policía federal y todavía no hay procesados por el crimen. El 19 de abril de 1991 Walter era uno de los tantos pibes que habían ido a ver a una de las bandas emblemáticas del rock argentino, Patricio y sus Redonditos de Ricota, que por entonces estaban en la cúspide de su carrera; el recital tenía lugar en el Estadio Obras Sanitarias, pero Walter y otros pibes nunca pudieron llegar. Personal de la policía federal seccional 35, a cargo del comisario Miguel Angel Esposito, iba al lugar con una sola orden: reprimir a cualquiera que se cruzara en el camino.


En total, fueron 73 las personas que se llevaron detenidas ese día. Ninguno fue acusado de delito o contravención alguna y dejó el trágico saldo de un muerto. Walter murió el 26 de abril de 1991, es decir, a 7 días de haber sido detenido. Su muerte fue producto de la golpiza que le propinó la policía; a 21 años de su asesinato no hay detenidos por ese asesinato.

Este fue un claro ejemplo de gatillo fácil, los que ocurren cada día en cada barrio, a los que la justicia hace la vista gorda. La policía, en tanto, se siente en condiciones de utilizar sin límites las facultades represivas que el Estado le proporciona. Desde la restauración de la democracia, hay muchos casos de gatillo fácil que podríamos citar, pero en este último tiempo vemos, además, cómo el accionar de esa policía asesina se desenvuelve en conjunto con las barras bravas de distintos clubes del fútbol argentino.

Así fue el caso de Mariano Ferreyra (2010). Militantes del Partido Obrero fueron atacados por una patota sindical que estaba integrada por barras bravas del club Huracán, desde la cual le dieron muerte a Mariano y dejaron en grave estado a la militante Elsa Rodrigues además de dejar heridos a tantos otros; todo esto, con una policía que liberó la zona para hacerlo posible. Otro caso es el de Rubén Carvallo(2009), con la participación de la barra de Vélez y la misma policía, esta vez reprimiendo sin piedad a la gente que estaba ingresando al recital de Viejas Locas. Como saldo, hubo un muerto, que dicho sea de paso lo encontraron varios días después, ya con muerte cerebral producto del duro brazo de la ley y centenares de pibes que fueron encarcelados y también golpeados.

Si hay que seguir hablando de gatillo fácil no se puede dejar de nombrar a Cristian Ferreyra, asesinado por defender sus tierras; Carlos Funtealba, maestro ejecutado nada más y nada menos que por la misma gendarmería nacional; Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, masacrados en el puente Avellaneda y tantos otros que fueron víctimas de la brutalidad policíaca.

A 21 años del asesinato de Walter Bulacio, que se haga justicia por él y por todas las personas que han sido víctimas del gatillo fácil. Basta de impunidad para estas personas que se creen que pueden domesticar a un pueblo que ya no quiere que se le mienta. Basta de un estado ausente. Basta de justicia para unos pocos. Justicia por todas las víctimas de gatillo fácil.

miércoles, 25 de abril de 2012

CFK mandó a Inza a comer tortas fritas

Cristina y el intendente de Azul inauguraron en tres minutos una obra que costó más de 50 años




Finalmente, bajo la lluvia, lejos de Olavarría, sin presencia de coterráneos que hayan luchado por la concreción y con el intendente Inza, quien desconocía hasta la fecha en que se firmó el compromiso de construcción del enlace, la presidenta lo inauguró por videoconferencia.



HACIA UN 1º DE MAYO OBRERO, SOCIALISTA E INTERNACIONALISTA





-Por la independencia política de los trabajadores
-Por la nacionalización sin compensación de toda la industria petrolera, bajo control obrero
-Fuera la burocracia sindical. Por paritarias libres. Por un congreso de Bases de la CGT.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda hemos convocado en este primero de mayo a Plaza de Mayo, y a todas las plazas del país.
 Serán actos de lucha y de organización política de los trabajadores, y de solidaridad  internacionalista con los explotados de Grecia, de España y de todo el mundo.
Las huelgas y paros de docentes, mineros, metalúrgicos, autopartistas o trabajadores de la carne, por el salario o contra las suspensiones, le dan un marco de lucha a este primero de mayo. 
Son las primeras manifestaciones de una reacción obrera contra un “ajuste”  que está a la vista de todos.  
Después de casi una década de rescatar a privatizadores y usureros, el gobierno kirchnerista agotó todas sus cajas y recursos. Pero a renglón siguiente, anunció su intención de trasladarle la factura de esa quiebra a los trabajadores. Con tarifazos, impuestazos y techos a las aspiraciones salariales.  La oposición patronal, sea la de Macri  o la de Binner, aplica la misma política allí donde gobierna.Los que quieren ser rescatados con el ajuste son los que llevaron al desquicio ferroviario y al desastre de Once;  los que consumaron el vaciamiento petrolero;  los que condenan a millones de familias a la falta de luz o agua.  O las mineras que depredan pueblos enteros, para fugar sus beneficios del país.El espionaje al movimiento popular, el procesamiento de luchadores, el amparo a las patotas sindicales, son la respuesta oficial a quienes luchan contra ese vaciamiento.


YPF: rescate oneroso de los vaciadores.En medio del vaciamiento de las reservas de petróleo y del gas, el gobierno resolvió  intervenir YPF. Pero quienes permitieron ese vaciamiento durante una década, a cuenta de los privatizadores, no nos ofrecen nada nuevo. La `estatización parcial` es una nueva variante privatista: YPF seguirá siendo una sociedad anónima, con el 49% de sus acciones sometidas a las exigencias de la Bolsa. En pocas horas, los interventores ya están discutiendo con otros monopolios internacionales, como Esso o Total, nuevas `alianzas` para reemplazar a Repsol.La nacionalización parcial y onerosa de un tercio de la industria de hidrocarburos (sólo eso abarca YPF), se hará de la mano de un tarifazo, por el que presionaron Repsol y todas las demás operadoras al no invertir un peso. Las apretadas del imperialismo yanqui o de la Unión Europea –que denunciamos sin atenuantes- apuntan a resarcir a Repsol con miles de millones de dólares  por la “expropiación parcial”, o que el Estado termine cargando con la deuda –también millonaria que deja el pulpo. En oposición a esa nueva variante de vaciamiento, que terminarán pagando los contribuyentes, trabajadores y jubilados, planteamos  la nacionalización sin compensación de toda la industria petrolera, en el marco de una reorganización de la economía nacional bajo la dirección de la clase obrera.


La crisis política y la CGT. Arribamos a este primero de mayo en medio de una crisis política, que la intervención de YPF apenas ha podido disimular.  A pocos meses de haber obtenido el 54% de los votos, tenemos el escenario de un gobierno fracturado. La guerra entre Boudou y sus “amigos”, por un lado; y Scioli y los suyos, por el otro, tiene como telón de fondo a los dueños de los Bingos y casinos. Pero también, a la impotencia de todos ellos para dar cuenta de la crisis nacional. También la CGT marcha a una fractura En la etapa del “ajuste”, el gobierno refuerza la presión para someter a los sindicatos. No tolera ninguna jefatura que no sea la propia, ni siquiera la de Moyano. Pero mientras chicanea el gobierno, Moyano no  enfrenta al “ajuste”.  La dirección de la CGT deja libradas a su suerte –y a las de las diversas burocracias- la firma de acuerdos lesivos para los trabajadores. La burocracia sólo defiende sus cajas y prebendas, en primer lugar, la de las Obras Sociales.

En este primero de mayo, manifestaremos por un Congreso de la CGT de delegados mandatados para votar un programa y un plan de lucha, en oposición a un “confederal” de burócratas que discutirá como  defenderán sus prebendas y su integración al gobierno.
Nuestra convocatoria
Los trabajadores de todo el mundo tomarán este 1º de mayo como un día de manifestación y lucha, para que la crisis la paguen los capitalistas.  Del mismo modo, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hemos definido una convocatoria, por la que llamamos a marchar y manifestarnos en todas las ciudades del país.

PARTIDO OBRERO
En el FRENTE DE IZQUIERDA

CHRISTIAN RATH PRESENTA SU LIBRO EN OLAVARRIA



PRESENTACION EN OLAVARRIA DEL LIBRO: 
“Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra” de Christian Rath




El Partido Obrero de Olavarria invita a la presentación del libro “Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra” de Christian Rath, que se desarrollará en el salón de Dorrego 2471 el viernes 27 de abril a las 18:30 hs.
Junto a Christian Rath será panelista el dirigente local del Partido Obrero Carlos Gil.

Este trabajo advierte sobre el debut de un nuevo período en la experiencia de los trabajadores en relación al gobierno que se presenta a sí mismo como nacional y popular y al dominio de las viejas direcciones al frente de los sindicatos. El libro constituye una vivisección de los límites insalvables de la experiencia abierta en el 2003 en términos de autonomía nacional y clase trabajadora medido a través de la tercerización, el colapso ferroviario, la deuda externa y ahora, la crisis energética.

“Trabajadores, tercerización y burocracia sindical…” contiene, a su vez, un pronóstico político sobre la evolución de la clase trabajadora en relación a lo que se presenta como el dominio incontestado del peronismo durante los últimos 65 años.
Acerca del autor:
Christian Rath fue delegado del SMATA Córdoba en el período del Cordobazo, miembro del Comité de Acción y Lucha de la huelga general del SMATA en 1970, delegado por las agrupaciones clasistas del SMATA y la UOM en el Congreso Nacional de Sindicatos y Agrupaciones convocado por los sindicatos clasistas SITRAC y SITRAM, también en Córdoba, en agosto de 1971. Fue organizador de la Primera Asamblea Nacional Piquetera (2001) y de la Asamblea Nacional de Trabajadores (2002-2006). Ha participado como conferencista en los seminarios organizados por la Federación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia (2007-2008) y por la FUBA (2004-2008). Dirigente del Partido Obrero. Es coautor de La Asamblea Constituyente (1993) y de la serie sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo publicada en En Defensa del Marxismo (2010).

lunes, 23 de abril de 2012

Yo sabía, que a Walter lo mató la policía


Walter Bulacio: 21 años después, la lucha continúa.





Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Boletín 654. 

Hace 21 años, los diarios titulaban: "Agoniza en el Sanatorio Mitre el estudiante detenido durante un recital de rock". Unos días después, Walter Bulacio murió. La historia es tan corta como repetida: operativo policial "de prevención", detenciones y golpes, un centenar de detenidos, más golpes. De los 73 pibes arrastrados a la comisaría 35ª, ni uno solo fue acusado de un delito: todas las detenciones fueron "justificadas" con la averiguación de antecedentes, las contravenciones, o la condición de menor de edad del preso, esas herramientas para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar que los legisladores ponen a disposición de las fuerzas de seguridad, y que jueces y fiscales cada tanto revalidan en nombre de la "seguridad ciudadana".

La otra cara de los 21 años de impunidad la vemos a diario en las calles y los barrios, en cada pibe detenido porque sí; en cada torturado en una comisaría; en cada fusilado por el gatillo fácil. No hace una semana que la policía protagonizó un hecho idéntico en un recital de la banda Gatillazo. Como en 1991, hubo palos, corridas y presos, apaleados antes y durante la detención. Pero no hubo heridos graves ni muertos, y los medios lo silenciaron por completo.

El crimen de Walter Bulacio es paradigma de represión policial y de impunidad garantizada por todos y cada uno de los sucesivos gobiernos nacionales. A fuerza de 21 años de lucha organizada, dentro y fuera de los tribunales, logramos una condena de la Corte Interamericana de DDHH contra el estado argentino, sostenemos hasta hoy la causa abierta contra el comisario Miguel Ángel Espósito, y, sobre todo, logramos que el nombre de Walter siga siendo bandera para los que enfrentamos a diario la represión estatal.

Por Walter y por todos, cada abril, renovamos el compromiso de organizarnos y luchar contra todas las formas que asume la política represiva estatal.

La porcentual no se rinde !


A LA HUELGA COMPAÑERO


Mientras los judiciales siguen de paro en toda la provincia, en la lucha que entablan por la recuperación de la ley porcentual, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dictó una resolución a través de la cual, entre otras disposiciones, convoca a los abogados a reunión para el miércoles 25 próximo.

La resolución está fechada el 22 de abril último (domingo) y fue dictada por de Lázzari con motivo de las medidas cautelares decididas favorablemente por una Jueza Correccional de La Plata, a pedido del Colegio de Abogados de la Provincia, en un amparo que suscriben todos los profesionales del Derecho del ámbito bonaerense, entre los cuales se cuentan los de Azul, representados por el Dr. David Cordeviola, en su carácter de titular del Colegio de Abogados de la Departamental de la que nuestra ciudad es cabecera.

De ese modo, los abogados procuran garantías a su derecho a trabajar, con absoluta indiferencia a los derechos laborales de los empleados judiciales. Igual curso tomó la Corte, cuyos ministros optaron por mostrarse ajenos a toda posibilidad de intervenir en favor de los trabajadores en la resolución del conflicto con el Ejecutivo. Como se recordará, el gobernador dispuso por decreto un incremento salarial del 21 % que alcanza a los jueces y un 24 y 26 % para las categorías administrativas. Claro que un 21 % sobre una remuneración de 70.000 pesos, como la que alcanza a De Lázzari no es igual al 26 % sobre los 2.700 pesos del salario que corresponde a la última categoría del trabajador judicial.


Resolución de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 22/4/2012, dictada con posterioridad a la que declaró admisible el amparo presentado por el Colegio de Abogados Bonaerense, con motivo de las medidas de fuerza de los judiciales:






Resolución de la Jueza Correccional de La Plata en el amparo promovido por los abogados de la Provincia: 

domingo, 22 de abril de 2012

La juventud se organiza en reclamo del boleto estudiantil


LUCHEMOS POR EL BOLETO ESTUDIANTIL

Haciendo mención a la ley 26.206 de educación pública y gratuita en argentina,  nos vemos en la necesidad de reclamar por un Boleto Estudiantil único y Gratuito,  que abarque todos los niveles de educación, pública y privada,  siendo menester  aclarar que la condición pública y gratuita de la educación también debería incluir el traslado de los estudiantes, tanto sea de corta, media o larga distancia.


Debido a la situación que atraviesan las empresas  concesionarias de transporte, que sufren el vaciamiento por parte del estado nacional y provincial, las tarifas a las cuales las empresas y el estado nos someten son desproporcionadas a las condiciones del servicio y un constante escamoteo al bolsillo de las familias de los estudiantes y a los de la juventud estudiantil y trabajadora.

Con este proyecto, la unión y organización de los estudiantes de la ciudad de Azul prevé ponerle coto a las medidas estatales de vaciamiento y privatización de la educación pública y defender los derechos del alumnado.
Teniendo en cuenta el sentido histórico del reclamo y destacando su vigencia actual, el mismo ha obtenido el apoyo incondicional del estudiantado.

El proyecto advierte que las condiciones mencionadas no deberán afectar de ninguna manera el salario de los trabajadores del transporte público, siendo responsabilidad del estado proporcionar un boleto estudiantil gratuito.

A su vez, creemos conveniente que este plan de lucha alcance no sólo al alumnado, sino también a los trabajadores de la educación, incluyendo docentes, auxiliares, y personal administrativo en general en todos los niveles de enseñanza. Esta disposición a su vez busca alivianar el ajustado salario docente y trabajador en general. En cuanto a los alumnos de nivel inicial, se contempla la gratuidad del pasaje para el adulto que lo acompañe en el transcurso del recorrido escolar.

No obstante esto, nos remitimos a debatir la creación de un organismo que nuclee y administre la prestación del servicio de transporte mediante la participación activa de usuarios, trabajadores y funcionarios estatales.

Esta lucha se está librando simultáneamente en todo el país. De norte a sur el movimiento estudiantil ha levantado la bandera del boleto escolar y por ende de la educación pública. La vecina ciudad de Tandil ha convocado a una masiva Asamblea Popular para derrotar el Boletazo impuesto por el Estado.

Es imprescindible un boleto estudiantil para poder afrontar las necesidades de los estudiantes. En este marco  podemos ver que se han concretado algunas de las luchas lideras por el movimiento estudiantil, teniendo como referencia los casos de La Plata donde se logró el Boleto Universitario al 50% del costo y Córdoba está implementando el Boleto Estudiantil Gratuito para todos los niveles de enseñanza.
De esta manera se demuestra que el proyecto es viable  económicamente.

En adhesión a la campaña iniciada por la FUBA por el Boleto Educativo Nacional, convocamos a todos los estudiantes a pronunciarse en solidaridad con la lucha en pos de la unión trabajadora estudiantil.


UJS - PO (Azul)

sábado, 21 de abril de 2012

DESCONTAR SALARIO POR HACER HUELGA TAMBIÉN ES REPRESIÓN



El presidente de la Suprema Corte de Justicia convocó a la totalidad de los jueces bonaerenses, a quienes se dirigió el viernes por videoconferencia, como consecuencia de las medidas de fuerza de los judiciales. Para de Lázzari, sólo se trata de un sector del personal con muy baja incidencia, pero al mismo tiempo lo consideró una amenaza a la prestación del servicio de justicia. Su confuso enfoque se aclaró hacia el final del mensaje que dirigió a unos 1000 magistrados, a quienes pidió  que informen quién quiere hacer paro y quién quiere trabajar y lo está haciendo, porque el "respeto del derecho de huelga no incluye un plus consistente en pagar por tareas no realizadas. De allí los descuentos".
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CORTE MACARTISTA




20-04-2012 | Mensaje del Presidente de la Suprema Corte de Justicia: "Todos los jueces de la Provincia deben garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia"

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Néstor de Lazzari afirmó que la adecuada prestación del servicio de justicia "es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial", y agregó que su aseguramiento constituye tarea esencial no solo de la Suprema Corte, sino "de todos y cada uno de los magistrados". En tal sentido afirmó: "Todos los jueces, cualquiera sea su competencia, su fuero o su grado tenemos el deber de garantizar esa prestación".

Las declaraciones del Dr. de Lazzari se dieron a conocer en su segundo día de Presidencia de la Corte provincial, a través de una inédita comunicación por videoconferencia con más de 1000 jueces de los 18 departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.


Mensaje del Presidente de la Suprema Corte:

Agradezco la atención que han dado a nuestra convocatoria. Me resulta grato poder comunicarme con todos ustedes por este medio, alcanzando la geografía entera de nuestra Provincia.

Al inicio de mi desempeño como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar quiero hacer llegar mi cordial saludo y la total disposición a atender los requerimientos que en ejercicio de la trascendente función que ustedes desempeñan se suscitan cotidianamente. En ese sentido, es mi intención que la comunicación sea permanente, ágil, sin formalismos, sin exigencias burocráticas, con puertas abiertas.

Nos ocupa hoy la situación del Poder Judicial, afectado por medidas de fuerza que lleva a cabo parte del personal.

Está claro que es deseo de todos contar con una organización judicial que tenga medios adecuados, organismos suficientes, capacitación, tecnología y elementos idóneos para desenvolver la misión que nos cabe. Cómo no vamos a querer que nuestros empleados perciban salarios dignos, que retribuyan con justicia el esfuerzo que día a día ponen de manifiesto. Ninguna duda puede existir en torno a que compartimos la aspiración de obtener mejoras para todos, y especialmente para los sectores del personal mas desfavorecidos.

Pero el Poder Judicial no es una isla. Lamentablemente sufre las mismas carencias que se perciben en otros ámbitos de la administración provincial, en un marco general signado por graves dificultades económicas.

Los derechos de huelga, de peticionar y de reunión ciertamente merecen y tienen reconocimiento. Pero deben ejercerse en un contexto que no colisione con otros igualmente respetables. Porque también conforma garantía constitucional ineludible la tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia. La adecuada prestación del servicio de justicia es una exigencia indeclinable e irrenunciable para el Poder Judicial. No es posible privar de justicia al habitante de la Provincia de Buenos Aires o prestarla deficitariamente.

Por supuesto que su aseguramiento constituye tarea esencial de la Suprema Corte. Pero también lo es de todos y cada uno de los magistrados en su propio ámbito funcional. Todos los jueces, cualquiera sea su competencia, su fuero o su grado tenemos el deber de garantizar esa prestación.

El conflicto actual es un eslabón más de una situación signada por expectativas que confrontan con limitaciones y carencias generalizadas en la Provincia. No es resorte del Poder Judicial resolverlo. Cada vez que el Tribunal que presido ha visualizado la posibilidad de que su intervención permita alcanzar razonables soluciones no ha vacilado en comprometerse. Suficiente prueba de ello la tuvimos el año pasado, en que la Suprema Corte asumió la condición de mediador entre el gremio judicial y el Poder Ejecutivo, arribando a un razonable desenlace.

Pero el actual es un desacuerdo externo a las posibilidades de la Suprema Corte, que no está en condiciones de definirlo por más que sus consecuencias repercutan directamente en el ámbito del Poder Judicial, no advirtiéndose –todavía- señales que permitan ensayar un mecanismo como el mencionado del año anterior. Señales que únicamente podrán emerger en la medida en que los polos del conflicto desanden actitudes intempestivas o poco racionales que más que acercar alejan posiciones; dejen de apostar al todo o nada y en su lugar se empeñen en la búsqueda de un camino fértil de negociaciones.

Partiendo entonces de las premisas de que la prestación del servicio de justicia es ineludible y no negociable, y que la solución del diferendo en la forma en que ha sido planteado escapa a nuestras posibilidades, nos encontramos en una situación en la que -por ahora- sólo nos cabe aunar esfuerzos y aplicarnos al cumplimiento estricto de nuestras obligaciones funcionales.

En ese marco, no sin agradecer todo lo que los magistrados vienen haciendo hasta el presente, me permito instarlos a redoblar esos esfuerzos. Si la prestación del servicio de justicia es indispensable, indispensable es que los Juzgados tengan sus mesas de entrada abiertas, que los justiciables y los profesionales reciban debida atención, que las audiencias se tomen, que los escritos se despachen y que las resoluciones se notifiquen.

Y también es necesario que se cumplimenten acabadamente las reglamentaciones vigentes en orden a la información sobre presentismo. Y esto último por varias razones. En primer lugar, porque la normativa está para ser cumplida. Podemos comprender la natural actitud de quienes quieren que no se sigan consecuencias desfavorables a su personal, mas no podemos omitir nuestros propios deberes. El respeto del derecho de huelga no incluye un plus consistente en pagar por tareas no realizadas. De allí los descuentos, sobre cuya efectivización solicito sean informados puntualmente los empleados que trabajan en sus respectivos órganos por haberlo así resuelto por mayoría la Suprema Corte.

En segundo término, porque es necesario conocer en su real dimensión la situación de cada organismo. No se trata de controlar por controlar o con un espíritu persecutorio, sino que es imprescindible contar con cifras exactas, porque más allá de títulos alarmistas de algunos medios de comunicación según los cuales la justicia estaría paralizada la realidad demuestra un panorama diverso. A estar a las propias cifras de concurrencia a las asambleas celebradas en los distintos departamentos judiciales que publica la organización gremial en su página, la cantidad de adherentes es muy baja. Entonces, pongamos las cosas en su quicio. Digamos en verdad lo que está pasando. Quién quiere hacer huelga y quién quiere trabajar con normalidad y lo está haciendo. La sociedad entera requiere claridad en este aspecto, para no seguir deteriorando la imagen de la Justicia.

Concluyo reiterando el reconocimiento de la Suprema Corte a los esfuerzos que vienen realizando los señores magistrados en su renovado compromiso funcional.

Muchas gracias.


viernes, 20 de abril de 2012

A UN AÑO Y SEIS MESES DE SU ASESINATO


MARIANO FERREYRA PRESENTE



Jueza Correccional hizo lugar al amparo de abogados en conflicto con judiciales bonaerenses




PATRONA DE ESTANCIA CUIDA A LOS CAPATACES



ADMITIÓ EL AMPARO E HIZO LUGAR A LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS. ENTRE LOS FIRMANTES DE LA PRESENTACIÓN SE ENCUENTRAN LOS PROFESIONALES DE AZUL, A TRAVÉS DE DAVID CORDEVIOLA. INVOCARON EL SERVICIO DE JUSTICIA PARA DAR LA ESPALDA A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES. 


La titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata, Dra. Miriam Patricia ERMILI declaró formalmente admisible el amparo interpuesto por el Colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con los 19 Colegios Departamentales de toda la provincia e hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas en la demanda, haciendo expresa alusión a la normativa respaldatoria de los derechos invocados y al discurso que el propio Presidente de la SCJBA, Dr. Eduardo De Lázzari pronunció por videoconferencia instando a los jueces a satisfacer la adecuada prestación del servicio de justicia. (Fuente: COLPROBA)


El Colegio de Abogados de la Departamental Azul está incluido entre los firmantes, a través de la rúbrica de su presidente, el Dr. David Cordeviola. Reproducimos el texto del escrito que encontró rápida respuesta en la Justicia. Su letra es un agravio a las luchas obreras.  Cuando los trabajadores se alzan en reclamo de sus derechos, los señoritos se sienten amenazados. Visión parcializada del Derecho. A su prosa.

Ver texto del amparo:
ACÁ o ACÁ

OMAR VARELA SE ACORDÓ QUE REPRESENTA A LOS MUNICIPALES



PARA EL DIRIGENTE GREMIAL





En declaraciones a la prensa (TV2 Cablevisión), el dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA), Omar Varela, repudió la negativa del intendente Inza a recibirlo.

Además de anunciar que es inminente que se pase del estado de alerta al estado de alerta y movilización, caracterizó a la gestión comunal de estar vacía de contenido. Sostuvo que lo único que ha hecho Inza hasta el momento es de carácter discursivo y que no ha demostrado acción en ninguno de los ámbitos de injerencia municipal, para concluir que este gobierno no funciona.

También se quejó Varela de que el intendente había acordado mantener el diálogo con el gremio y que en contraste con ello se niega sistemáticamente a recibirlos. Anunció que la semana próxima se reunirán en Azul referentes de la Federación de Sindicatos Municipales a nivel regional, porque hay conflictos en varios lugares de la zona. 

Después de ser el primero en arreglar el incremento salarial para los municipales, que finalmente se estableció en el 12 por ciento, Varela sale del ostracismo en defensa de su poder gremial, ante el profundo descontento de las bases. 

El despropósito del incremento salarial, prometido en tres segmentos a lo largo del año, puede dimensionarse comparándolo con la inflación -del orden del 35 %-, la profunda desigualdad entre las remuneraciones del plantel político y los sueldos de los trabajadores, el tasazo -25 % de la tasa urbana-, el impuestazo -35 %- y el tarifazo -300 %-.

Varela tampoco funciona.


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