La libertad de expresión tiene precio.

Escribe César Raineri, desde Las Flores.

Varias notas en Prensa Obrera han mencionado la imposibilidad del capitalismo de garantizar la libertad de expresión, tanto si los medios están en manos privadas como estatales. Jorge Altamira hizo un comentario en PO sobre lo que Marx decía sobre este derecho. El viejo revolucionario alemán solo consideraba que podía haber limites en estado de guerra y cuando estuviese en peligro la soberanía popular. 

La denuncia penal contra periodistas K por parte de Clarín sacó a luz la incapacidad de buena parte del periodismo democratizante de opinar objetivamente.

En primer lugar y tal cual señala la nota de Prensa Obrera, no pudieron establecer la diferencia entre periodistas y funcionarios que hacen periodismo, como es el caso de Sandra Russo, de 6, 7 y 8;  Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino; y Javier Vicente, de Fútbol Para Todos, debidamente pagos con la caja del estado. Por otra parte,  convalidaron y admitieron que la libertad de expresión es sólo una declamación sin fundamentos serios.

Bajo el ala protectora del Cels y su mandamás Horacio Verbitsky, que tomó el caso en sus manos, el Foro de Periodistas Argentinos dio quorum a la conferencia de prensa donde, por un lado. se asumió la defensa jurídica de los periostas K; y,  por el otro, la defensa de la libertad de expresión, algo que parece ser esta organización de periodistas no defiende.

El FOPEA, el día anterior, había publicado una solicitada que se repitió en infinidad de medios nacionales e internacionales que dice "....De hecho, FOPEA (agregado mío) manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo...."; es decir. Fopea admite que puede haber limitaciones en la libertad de expresión cuando hay demanda civil y lo acepta planteando que hay que limitar los montos !!!!. Para Fopea que coarten la libertad de expresión es solo una cuestión de costos.

Debe quedar claro que el delito de calumnias e injurias, pocos meses antes de aprobarse la ley de medios, sólo fue derogado como delito penal, pero quedó la posibilidad de castigos en el fueron civil, lo que no parece ser para buena parte de los medios nacionales e internacionales un recorte a la libertad de expresión.

La ley de Medios ni siquiera ha incorporado un articulo en defensa de los periodistas para ejercer libremente su profesión.

De qué hablan cuando dicen democratizar los medios?.

Un respiro muy costoso

Marcelo Ramal en Prensa Obrera |

Al suspender el fallo del juez neoyorquino Griesa -quien ordenaba depositar a la Argentina la totalidad de la deuda pendiente con una fracción de los “fondos buitre”-, los camaristas de ese país tomaron nota de la capitulación argentina ante esos mismos especuladores. En la apelación que había presentado el día anterior, el kirchnerismo ofrecía reabrir un arreglo de la deuda externa para quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2009, a quienes el gobierno había jurado dejar afuera de cualquier pago.

Convalidar esta nueva hipoteca contra el país era lo que reclamaban al unísono los economistas de Macri, Duhalde y Carrió. Todos ellos -junto a la Unión Industrial- saludaron la declaración de “buena voluntad” del gobierno argentino hacia los especuladores.

El fallo “suspensivo” abre un paréntesis de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la Justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.

Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación, tutelada por la Justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre.

La mano de la Reserva Federal
No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ‘nacional’. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes” (La Nación, 28/11). En la cola de esta exigencia de normalización económica están la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.

En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.

“Desendeudamiento”
Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo les otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.
Se ha derrumbado uno de los pilares del ‘modelo’ oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.

A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.

Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con la Anses y el Banco Central. Pero, precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local”, que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía de la Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó a la Anses de 5.135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de la deuda se ha cobrado esta confiscación.

El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa, para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, los que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado a la Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.

FRENTE AL 7D: Una posición común de los trabajadores de medios

La muy publicitada “ley de medios” se reduce, en lo esencial, a una re-distribución de los medios de comunicación entre grupos económicos capitalistas: los Vila-Manzano, Electroingeniería, Cristóbal López y las empresas telefónicas, que pretenden quedarse con los despojos del grupo Clarín y sus satélites. Se juegan porciones del mercado, rentabilidades, derechos adquiridos y la penetración del capital extranjero. Banderas como la “libertad de prensa” o la “democratización de la palabra” son usadas para disimular la pelea capitalista. La pugna se ventila en un juzgado del fuero Civil y Comercial. Resumiendo: una vez aplicada a pleno, el monopolio de la palabra, de la imagen y de la interactuación con la sociedad quedará al arbitrio de los más interesados en preservar el actual estado de explotación social.

Al gobierno lo anima el propósito de reducir a la marginalidad a un ex socio convertido en rival y convertir a ex rivales en socios -fundamentalmente para uniformar el discurso político. Sin embargo, los gobiernos pasan, en tanto que los privilegios de los grandes monopolios (como Telefónica, Slim o DirectTV), siguen.

Para el conjunto de los trabajadores, esta redistribución mediática equivale al mismo perro con otro collar. El capitalismo decide qué se dice y quién lo hace; también cómo debe representarse la experiencia de la vida colectiva a través de la comunicación. O sea que se reserva el derecho a deformarla y bastardearla.

Los trabajadores de los medios, periodistas o artistas, quienes han luchado por sus derechos laborales y su independencia intelectual, enfrentan una situación crucial. ¿Cuál es esa situación? Fijar una posición propia en este enfrentamiento, como trabajadores, y combatir la pretensión de dividir a los trabajadores de prensa en función de la pugna entre intereses ajenos a la clase obrera. Esto significa que nos determinemos por medio de asambleas y no cada trabajador por separado. Si ocurriera esto último, la disputa actual habrá logrado liquidar la unidad social del trabajador en su condición de explotado por el capitalismo.

¿Cómo asegurar que las asambleas desarrollen esa unidad?

Tanto la Corpo como sus rivales han venido combatiendo con dureza la organización de los trabajadores de prensa, de televisión y de gráficos -con represalias y despidos. Fueron derrotados mediante la lucha. En AGR (propiedad de Clarín), los gráficos han vuelto a tener una comisión interna contra la voluntad de la patronal. Lo mismo está ocurriendo, en estos momentos, con los periodistas del diario Clarín, también contra la voluntad de la patronal, donde las medidas anti-sindicales fueron siempre especialmente represivas. Fue sólo gracias a una lucha sistemática de años que el gremio de prensa logró conquistar paritarias -por ahora, en la rama diarios- y hoy se vive un ascenso con la formación de comisiones internas. El problema que se enfrenta ahora es que los pulpos que se queden con los despojos de la Corpo pretenderán imponer sus normas laborales propias -para asegurar el rendimiento de sus inversiones- y su propio personal -para imponer sus propios voceros. En oposición a esta perspectiva, planteamos la estabilidad laboral de todos los trabajadores de los medios, con independencia de la posición ideológica de cada uno. No a los despidos, no a las apretadas, defensa de todos los derechos laborales del personal de medios en su conjunto.

Los medios, sin embargo, son un lugar de trabajo especial, porque allí el trabajador vende no solamente su fuerza física e intelectual de trabajo, sino su capacidad de trabajo ideológico. El Estatuto del Periodista admite que el cambio editorial en un medio (cambio de dueño) habilite a que un trabajador se considere despedido con derecho a indemnización. Las nuevas patronales van a recurrir a fondo a esta modalidad. La estabilidad laboral no puede defenderse, por lo tanto, si no es en conjunto con la independencia ideológica de los trabajadores. Para poder defender esta independencia, los delegados y comisiones internas de los medios deben reclamar el derecho a fijar su posición en los canales, radios y diarios sobre la base de acuerdos establecidos en asambleas. ¿Puede haber libertad de expresión allí donde un periodista o artista debe comunicar lo que le imponen los patrones, en nombre del derecho de propiedad, en lugar del derecho a comunicar con independencia de las directivas patronales y hacerlo de acuerdo con las conclusiones de su propio trabajo? Los beneficiarios de contratos de obras públicas -como es el caso de Cristóbal López- no perderán un minuto en llenar con ‘camporistas’ los puestos que se vean obligados a abandonar quienes hoy trabajan en ellos.

La defensa del trabajo en los medios implica la defensa de la autonomía ideológica de los trabajadores, así como en cualquier empresa el trabajador no debe comulgar con los intereses de la empresa, sino con el de sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con la ley, la Corpo debería proceder a ‘desinvertir’ en gran parte de los medios que posee en la actualidad. O sea que podría transferirlos a sus ‘amigos’ y no a los del gobierno. Como, sin embargo, no quiere ‘desinvertir’, se propone hacerlo el propio gobierno, el cual los entregará a sus propios amigos. El gobierno asume la responsabilidad, durante la transición, de manejar los medios que se vayan a transferir. La ‘limpieza’ de personal quedaría en manos del Estado, antes de que se haga cargo el futuro beneficiario. En Aerolíneas, la intervención del gobierno trajo aparejado un desembarco de La Cámpora, que arremetió contra los trabajadores con traslados, persecuciones, presentaciones judiciales contra los sindicatos y despidos de activistas. En Canal 7, el desembarco camporista tuvo dimensiones similares. En todos los casos, le fue útil al gobierno para desplazar opositores y copar con tropa propia.

Como decíamos, la situación de los trabajadores de prensa es más delicada, porque su función es investigar e informar. La presión del gobierno no sólo afectará las condiciones de trabajo, sino el ejercicio de la profesión. Los kirchneristas, que llamaban “prostitutas” a los periodistas de los medios opositores, se proponen prostituir en masa a los periodistas.

Lo que estamos planteando, frente a todo esto, es una posición única de los trabajadores -o sea un programa que articule sus opiniones, por medio de asambleas, en un planteo común. En lugar de discutir los medios y la libertad de expresión en abstracto, planteamos abordarla en términos de clases -o sea en términos de significación social. Las posiciones de cada trabajador frente a este choque o crisis deben subordinarse a una posición colectiva, determinada por una deliberación, un debate y el voto. Ingresaría al escenario político un protagonista ausente: la clase obrera. En nuestro caso, en cambio, estamos dispuestos a someternos a las decisiones colectivas que se tomen, aunque no sean las nuestras, sin perder por ello nuestra libertad de seguir opinando del mismo modo.

¿Con qué plataforma encaramos, entonces, el 7D?

Defendiendo los puestos de trabajo y las conquistas logradas, así como la autonomía ideológica del trabajador de prensa y de televisión frente a la patronal. Reclamamos una tribuna de opinión para el cuerpo de delegados sindical, sobre la base de asambleas, y el derecho de réplica para cualquier trabajador de medios.

La unidad de los trabajadores es un pre-requisito para luchar por una verdadera democratización de los medios de comunicación, lo cual supone terminar con el monopolio capitalista y del Estado, colocando a los medios bajo propiedad pública y administrados por los trabajadores y los sectores del arte, la cultura, el deporte y distintas expresiones de la vida social.