Gabriel Solano en Prensa Obrera 1192
Luego de las elecciones primarias, los voceros oficiales -con la presidenta a la cabeza- afirmaron que dentro de los principales objetivos del próximo período está la aprobación de la "ley de tierras". El recién formado bloque unificado del Frente Amplio Progresista de Binner anticipó que votaría a favor, lo que hace suponer que el gobierno tiene los votos para su aprobación.La ley fue presentada como un instrumento para evitar la extranjerización de la tierra y proteger el agua y las riquezas del suelo argentino, en momentos que crece la demanda de tierras. El desarrollo del capital sojero y otros negocios (biocombustibles) ha llevado a que se expanda la frontera agrícola a través desmontes y de la expulsión de campesinos y comunidades de pueblos originarios por parte de capitalistas.
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La ley de tierras de los K no pretende evitar este proceso de confiscación, sino reservarles a los capitalistas y terratenientes locales una parte importante del botín. La presidenta dijo que era una "ley nacional y no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra" (Clarín, 28/8). Según la Presidenta, la cuestión de la tierra es un asunto de los que "tienen capacidad de invertir", es decir de los capitalistas. Es lo que opinan los gendarmes de este proceso de confiscación, los gobernadores K como Isfrán en Formosa, represor de campesinos y de la comunidad Qom, o Barrionuevo en Jujuy, quien reprime por cuenta y orden de los Blaquier. Vale un ejemplo: la propiedad de Blaquier, que estima en 150.000 hectáreas, no sólo no está cuestionada por la "ley de tierras", sino que incluso puede incrementarse, ya que es un capitalista nacional.