sábado, 29 de septiembre de 2012

Se llevó a cabo en Azul la charla sobre el juicio por el crimen contra Mariano


“FUE UN CRIMEN DE ESTADO CONTRA LA CLASE OBRERA”

Fotografía: Gentileza Nacho correa

Por Oscar Rae 
El viernes 28 se realizó en el local de ATE Seccional Azul una charla sobre el curso del juicio al que están siendo sometidos José Pedraza, “el Gallego” Fernández (el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria), junto a los autores materiales del crimen contra Mariano Ferreyra y seis policías acusados de liberar la zona para cometerlo.


La charla estuvo a cargo de la dirigente nacional del Partido Obrero Nora Biaggio, quien explicó cómo va quedando en evidencia la autoría intelectual de Pedraza -testigos que integraron la patota y después “quebraron” señalaron que intercambiaba puestos de trabajo a cambio de asistir a actos o, como pasó el 20 de octubre, a patotear a tercerizados que pedían el pase a planta permanente-; que no fue un enfrentamiento entre bandos sindicales, sino un ataque destinado a aleccionar a los que estaban protestando y ponían en jaque un negocio muy importante de la burocracia sindical; que la policía liberó la zona -un policía en su testimonio contó que él alertó a sus superiores de lo que pasaba y le dieron la orden de no intervenir-. A esto se le suman los pocos recursos que tiene la defensa para contrarrestar la contundencia de la prueba que se viene desarrollando, lo que la ha llevado a poner gran esfuerzo en procurar la cancelación del juicio, buscando la contradicción en los más mínimos detalles, como el color del conteiner donde se escondió uno de los tercerizados que estaba escapando a las balas de la patota. Ante la claridad de las declaraciones, no sólo de los testigos aportados por la querella, sino también de los aportados por la misma defensa, es prácticamente imbatible la prueba testimonial que confirma las acusaciones por la que son juzgados los imputados.


Otro aspecto que remarcó Biaggio fue cómo este juicio está atravesado por la situación política nacional. “Fue un crimen de estado contra la clase obrera” declaró. Ya que esto plantea el problema de la tercerización laboral que se ve en todo los rubros laborales y señalan una triple alianza entre una patronal explotadora, un sindicalismo burocrático que mantiene negocios con la flexibilización laboral y un estado cómplice. Alianza que mantiene vigencia, ya que el gobierno nacional contó con el apoyo de Pedraza a la CGT Balcarce, un apoyo que busca el favor político de la impunidad. A su vez, Cristina armó su CGT junto a Gerardo Martínez, que no sólo fue un buchón de la Marina durante la última dictadura, si no que es uno de los más claros ejemplos de la tercerización y la creación de patotas dentro de su sindicato.


La charla que culminó con un debate entre la dirigente del P.O y los presentes, fue altamente positiva, ya que  no sólo acudieron personas invitadas personalmente, sino también otras que se interesaron, al tomar conocimiento de la jornada, incluidos referentes sindicales de distintas ramas y organizaciones. Muestra del interés que el juicio despierta fue que se vendieron todos los ejemplares del libro “Mariano Ferreyra, un crimen contra la clase obrera” y varias personas se anotaron para participar de una de las audiencias, junto a la delegación que próximamente partirá desde Azul con ese objetivo. Un gran aporte a una causa que sólo con la movilización popular podrá romper con la impunidad que rodea a todos los crímenes que, como ocurrió con Fuentealba, Kosteki y Santillan, involucran al estado.



EL MUNDO SEGÚN CRISTINA



Escribe: Cesar Raineri, desde Las Flores.
Días antes de que Víctor Hugo desde la corpo Continental presentara la película: El Mundo según Monsanto y cargara contra la multinacional, Cristina fiel a su necesidad de financiar su plan de inclusión autorizaba a Monsanto la comercialización de una nueva semilla de soja transgénica, resistente no solo al glifosato sino a los insectos, una suerte de super semilla.

Víctor Hugo, por supuesto, omitió esta conexión. No olvidar que poco se miente (incluso del lado de la Corpo Clarín) pero mucho se omite.

Pero además, en los mismos días también se sentó precedente jurídico de castigo a los responsables secundarios por envenenamiento de glifosato, en el caso, producido a un barrio de Córdoba. Allí, en Ituzaingó, se condenó a cuatro años en suspenso a un productor agropecuario y a tres, al fumigador. Por supuesto, Monsanto no fue al banquillo.

El envenenamiento por Glifosato y herbicidas cuenta con el aval de los municipios bonaerenses que habilita su uso con ordenanzas -el HCD de Las Flores ya aprobó su uso hace un año y por unanimidad: Pro, FPV, Peronismo Federal y Gen votaron sin chistar a favor-. Ahora está por autorizar un negocio extraordinario bajo la fachada del ambientalismo, utilizando a un establecimiento secundario de la ciudad . La burocracia escolar impulsa el proyecto de reutilizar el Aceite Vegetal Usado, negocio que cuenta además con la participación de una empresa recolectora y procesadora de AVU, RBA ambiental. Antes que nada es preciso aclarar que el AVU utilizado para biocombustible, más precisamente biodiesel, es no contaminante, única parte seria del proyecto .También el biodiesel se elabora a partir de aceite de soja (sí es contaminante), con el cual se corta el gasoil que es el gran negocio de Monsanto, las procesadoras de aceite soja y Kiciloff que acaba de gravar con retenciones móviles la exportación de biodiesel, aclarando de paso que Argentina es el segundo exportador mundial después de Estados Unidos. Kiciloff aquí tiene dos intenciones: hacer caja para la Cris y bajar la utilización de gasoil en la YPF estatal que está en problemas.
El AVU por su envergadura jamás puede resolver problemas ambientales a menos que se realice una campaña para aumentar el consumo de aceite para alimentación humana.

¿Entonces por qué tanto interés del Municipio y RBA ambiental?

El argumento que esgrime la secretaria de Medio Ambiente de la Gestión de Gelene es que el aceite usado, que no debe utilizarse más de una vez, al ser desechado a las cloacas contamina las napas de agua; es así como se salva de obras de saneamiento al tener que construir una planta separadora . ¡La contaminación del suelo no se tuvo en cuenta cuando se habilitó el uso de glifosato y herbicidas pero sí por aceite usado!
RBA ambiental es una empresa recolectora de aceite usado y a cambio hace un pago por donación al establecimiento educativo por cada litro que se junte, tarea a cargo de los estudiantes a quienes se les ofreció esa recaudación para viajes.

El proyecto de AVU no es nuevo. Ya en 2008 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible lo puso en marcha en La Matanza, en manos de otra recolectora de AVU , Biomadero, que tiene por fin exportar el biodiesel a Alemania.

RBA ambiental tiene acuerdos con unos 70 municipios y nada indica que no utilizara este acto " filantrópico ambiental" en otro negocio exportador.

El proyecto florense que comenzó con la utilización de una banca abierta para ser presentada por un puñado de estudiantes y la burocracia escolar, muy ligada al gobierno y al SUTEBA ( su secretario gremial es director de ese establecimiento) ya tiene un anteproyecto de ordenanza que obliga a los comercios de la ciudad a entregar el aceite usado y, según declaro el intendente Gelene, esta obligatoriedad será extendida a toda la población, en línea con aquel proyecto de La Matanza que tiene un mercado cautivo de 1 700 000 viviendas.

En conclusión el proyecto de AVU implica:

1-Un salvataje de inversiones municipales que ahorra en construir plantas de saneamiento.
2-Fomenta un mercado cautivo extraordinario en beneficio de una empresa privada que apunta a exportar; es decir, millones de personas como mano de obra cautiva y gratuita en beneficio empresarial.
3-Introduce fuentes de financiamiento empresarial en la escuela pública, algo que está contenida en las leyes de educación técnica y secundaria obligatoria, apoyada por toda la burocracia sindical e incluso la oposición parlamentaria, abriendo las puertas a la privatizacion eduactiva.
4-Regimenta a los estudiantes detrás un discurso demagógico, funcional al voto optativo a los 16 años.

Los trabajadores deben rechazar estos proyectos e imponer la construcción de plantas recicladoras de AVU en los municipios, a cargo del estado y la entrega del biodiesel no contaminante para uso domiciliario a los vecinos en forma gratuita.

El ambientalismo, como se ve, tiene dos caras bajo el capitalismo. Uno contaminante y otro ambientalista, pero con un solo fin: negocios empresariales con protección del estado.


VIVA LA HUELGA GENERAL DE LOS ESTATALES DE EDUCACIÓN CONTRA EL AJUSTE DE SCIOLI Y DE LUCÍA



QUE LA AJB IMPULSE UN PLAN DE ACCION EN APOYO

Los 6.000 trabajadores del Ministerio se encuentran en huelga general contra el ajuste de Scioli y su ministra De Lucía, primero contra más de 126 despidos (revertidos por la lucha) y ahora un recorte salarial en viáticos y horas extras en el orden del 16% que supera al famoso 13% de Cavallo.

La combativa Junta Interna de ATE-Educación viene impulsando movilizaciones, cortes de calle y la ocupación de la Torre Central del Ministerio de Educación. Los gremios como UPCN Y Soeme -uno de la CGT oficialista, la otra del moyanismo- acuden a la movilización arrastrados por el aluvión de estatales, pero solo se limitan a “avalar” las medidas.

Ante la enorme reacción de los trabajadores, la ministra De Lucía ha redoblado la apuesta anunciando un recorte superior al previsto y ha denunciado penalmente a los huelguistas. Quiere ganar autoridad para el ajuste en toda la provincia. Así, pretende juntar los $1100 millones que le faltan para pagar los aguinaldos y sueldos en diciembre.

Educación es la nave de proa del ajuste provincial. Por eso, los judiciales debemos tomar la lucha de sus trabajadores como la nuestra.

La AJB, debe exigirle a la CTA provincial la convocatoria de un plenario provincial de delegados de todos sus gremios para trazar un plan de acción contra los recortes en marcha.

La victoria de la lucha por la porcentual y todas las reivindicaciones de los judiciales pasan en este punto por derrotar el ajuste de Scioli que es convalidado desde el silencio por Mariotto y por Cristina que descarga la crisis de su política en las provincias.

Viva la huelga general de los estatales de Educación.-

Agrupación Judiciales en Lucha

Ocupación y huelga general


Seis mil estatales contra una rebaja salarial de Scioli



Laura Kohn -Tribuna Estatal- en Prensa Obrera |
Una lucha de tres semanas, primero contra despidos de temporarios y ahora contra la rebaja del 16% (viáticos y extras), ha derivado en la huelga general y ocupación de la torre central, por parte de los seis mil trabajadores del ministerio. La rebaja de Scioli y su ministra De Lucía, supera a aquella famosa de Cavallo del 13%.

La semana pasada se movilizaron dos mil compañeros a la Gobernación. Cortes de calles, asambleas permanentes y retención de tareas se suceden cotidianamente en los distintos edificios de Educación en la ciudad de La Plata. La combativa junta interna de ATE Educación, a la cabeza del conflicto, viene dando pelea al ajuste de la flamante ministra Nora De Lucía.

La enorme movilización ha obligado al gobierno a retroceder con 126 despidos de la planta temporaria, pero luego arremetió dejando en la calle a 14 contratados. Tras cartón, De Lucía anunció una reducción de las partidas presupuestarias de viáticos y horas extras, lo que significa una merma sustancial del salario.

Luego de una asamblea de mil compañeros, se decidió llevar el reclamo a Scioli -quien viene llevando un ajuste provincial silencioso, luego del recule del pago del aguinaldo en cuotas. Hay un vaciamiento casi completo de ministerios como el de Desarrollo Humano, el cual prácticamente se ha quedado sin ninguna operatividad. La misma característica se da en Asuntos Agrarios, Obras Públicas y Salud (lo que ha dejado sin insumos básicos a los hospitales), con la obra social Ioma que pone en peligro la prestación de sus servicios ante el no pago a sus proveedores.

El ajuste de Scioli ahora viene de la mano de la tregua con Mariotto -es decir con el ala kirchnerista pura del gobierno, por más que su “relato” lo oculte. Este punto queda claro cuando no hay ni una sola línea de declaración de sus funcionarios, lo que así resulta contrario al supuesto portazo de la ex ministra “renunciante” Gvirtz contra el ajuste sciolista. Si callan, es porque otorgan.

El viernes 21 de septiembre se congregaron dos mil compañeros para llevar el petitorio con los reclamos a la gobernación y pedir una urgente audiencia con el ejecutivo provincial. Luego, se realizó una asamblea en las escalinatas de la DGCE, pues no había espacio en el interior del edificio para semejante cantidad. Los gremios como UPCN y Soeme -uno de la CGT oficialista y la otra del moyanismo- acuden a la movilización arrastrados por el aluvión estatal, pero sólo se limitan a “avalar” las medidas, lo cual explica el éxodo masivo de sus afiliados hacia ATE.

Ante la vasta reacción de los trabajadores, la ministra De Lucía, conocida por ser brutalmente anti-obrera, endureció el conflicto al retrucar con una rebaja salarial superior a toda previsión en su propio ministerio. Quiere ganar autoridad para el ajuste en toda la provincia. Con estos métodos, pretende juntar los 1.100 millones de pesos que le faltan para pagar los sueldos y aguinaldo de diciembre.

Educación es la nave de proa del ajuste provincial. Por eso, la lucha de sus trabajadores debe ser la nuestra. Exigimos un inmediato plenario provincial de delegados de todos los gremios de la CTA, para llenar de concurrencia y solidaridad a los compañeros de la DCGE y trazar un plan de acción general contra los recortes en marcha. No es lo que ha hecho ATE hasta ahora, al contrario: en un plenario ni colocaron el punto. Pero la marea puede pasarlos a ellos también por arriba: acá no se trata de “acumular” para el FAP, sino de quebrarle el brazo a De Lucía y a Scioli, a Mariotto que mira para otro lado y a Cristina que descarga la crisis de su propia política en las provincias.

Está planteada la huelga general de Educación, con piquetes y movilizaciones de tal suerte que se paralice la dependencia hasta lograr el objetivo. Todo ATE tiene que estar comprometido en esta patriada.

El gobierno nac & pop de las ART



Rubén Ramirez en Prensa Obrera |
Pocas veces las grandes patronales y los grupos financieros apoyaron con tanto entusiasmo el envío al Congreso de un proyecto de ley como el que acaba de remitir Cristina Kirchner en relación a las ART.

A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (…) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9). El proyecto habría sido escrito directamente por el super-antiobrero Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA y de la Cámara de la Alimentación. En los pasillos del Congreso ya se conoce la propuesta de ley de CFK como el ‘proyecto De Mendiguren’. El adjetivo le queda grande al ex funcionario de Duhalde, toda vez que los dueños de las ART son los grandes bancos.

El objetivo central del proyecto es obligar a los trabajadores o a las familias damnificadas por accidentes del trabajo a cobrar las bajísimas indemnizaciones de las ART, porque si eligen la acción judicial por responsabilidad civil y reparación integral del daño producido -como tiene derecho cualquier ciudadano que sufre un accidente- no cobran nada hasta la demorada fecha de la sentencia. Por eso, el proyecto plantea lo que se conoce como opción con renuncia u opción excluyente. Si el trabajador acepta cobrar lo que le ofrece la ART, debe renunciar a ir a la Justicia. Y si quiere ir a la Justicia, tiene que renunciar a cobrar la indemnización de la ART.

Como dijo la Presidenta: “Quien opta por el pago no puede ir a los tribunales. En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección ‘con renuncia’ por parte de los damnificados”. Actualmente, por un fallo de la Corte Suprema, los damnificados pueden “cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral” (Clarín, 20/9).

Aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. El kirchnerismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida.

A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro. Con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado -que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio- y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalìa del trabajador por el accidente producido -en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales- para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia.

Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%” (ídem). En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia.

¿Puede haber más perfidia?

Sí, la perfidia es aun mayor porque, según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio” (BAE, ídem); aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera.

Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó CFK. La presidenta del pueblo admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”.

El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, no se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, y con razón. El kirchnerismo consolida el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART. No se trata solamente de una enorme renta financiera, que va de la industria a los bancos, sino de un fabuloso incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, que no es resarcida por el daño que produce el accidente laboral, sino que engrosa la ganancia de la industria.

Que venga “unidos y organizados” a explicarnos por qué los K no serían un gobierno de la explotación capitalista.

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