viernes, 28 de octubre de 2011

Se defienden entre ellos, cuando no se ve


abogados del ministerio de Seguridad… seguirán defendiendo a los fusiladores y torturadores, porque para eso están, y para eso son parte del mismo ministerio, del mismo gobierno….

Prensa Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)
“Defensa propia”, tituló el diario Página/12 la nota en la que comentó, como hecho sorprendente, la reiterada denuncia que, desde la querella que integramos junto a APEL en la causa Mariano Ferreyra, hicimos por meses: que a los policías acusados, los defendían los abogados de planta de la Dirección de Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad.
Aunque esa parte de la noticia no era muy novedosa, la segunda parte sí fue primicia: al comenzar a trascender la información, a partir de que lo argumentamos en una de las audiencias públicas ante la Cámara Criminal, y algunos medios independientes lo reprodujeron, el mismo ministerio que primero autorizó que sus funcionarios tomaran esas defensas, inmediatamente tocó estratégicamente a retirada. Así, todos los abogados del ministerio presentaron sus renuncias, y fueron reemplazados por ilustres estudios privados, en su mayoría dirigidos por ex jueces y otros ex funcionarios judiciales.
El art. 733 y otros del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que se puede brindar asistencia letrada a policías en actividad o retirados cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial. Es decir que, cuando un policía enfrenta una causa penal, debe consultar si el caso es considerado “defendible” por sus superiores del ministerio de seguridad, y, sólo si éstos dictaminan que sí, se le otorga un abogado del plantel de la Dirección para que lo defienda.
Queda claro, así, que la participación de  los comisarios Mansilla, Ferreyra y Lompizano; del subcomisario Garay y de los oficiales Conti, Echavarría y Villaba en el plan criminal contra los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los acompañaban el 20 de octubre del año pasado, ameritaba, para el ministerio de Nilda Garré, Cristina Camaño y Gustavo Palmieri darles sus abogados de planta para defenderlos (gratis, además) institucionalmente.
Y también queda claro que no cambiaron de idea, sino que, ante la inminencia de “mala prensa”, rápidamente reaccionaron “a la kirchnerista”, y retiraron a los abogados del ministerio.
No hacen lo mismo, en cambio, cuando el delito por el que un policía va a juicio es un fusilamiento de gatillo fácil o la aplicación de tormentos. Una, y otra, y otra vez, a lo largo de más de 20 años, gobernara Menem, De la Rua, Duhalde o los Kirchner, nos hemos cruzado con los abogados del cuerpo oficial de defensa de la federal, tanto cuando se subordinaban al ministerio del Interior, al de Justicia o, ahora, al de Seguridad. Y ahí no renuncian, porque, total, no hay riesgo de “mala prensa” por defender al policía que le metió un tiro en la nuca o torturó a un pibito que bien pudo ser chorro.
Nombres de distinguidos abogados como Hermindo de María, Federico Hierro, Julián Marcelo Orlando, Francisco Marcelo Orlando, Marcelo Emilio Pecorelli, Marcelo Miño, Fabián Marcelo Oliden, Raúl Alcalde y otros se han turnado para defender al comisario Miguel Ángel Espósito (Walter Bulacio); a los “gatilleros” Juan José Luquet (Marcelo Báez), Jorge Goyochea (Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (“Kunky" Méndez), Alberto Segovia (Mauro Vega) o a torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo. También defendieron a los policías en la causa Cromagnon y a defienden la cúpula federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre.
En una de esas causas, la que tiene a cuatro oficiales federales a punto de ir a juicio por el fusilamiento de Marcelo Maione Míguez (al que le metieron ¡19! tiros), sucedió hace unas semanas un episodio que explica bien el “alcance” de la defensa institucional policial. Uno de los policías, Carlos Rincón, que estaba en libertad por el homicidio, igual que sus camaradas de causa, cayó preso en La Matanza, pero porque saltó que fue el entregador en un robo a un banco. Su defensor, el Dr. Hierro, presentó entonces un escrito en la causa del homicidio contando este hecho, que termina diciendo: “Como es de público conocimiento, la institución se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación. Acorde a los nuevos lineamientos pautados por el Ministerio de Seguridad, la situación procesal del Sr. Rincón es incompatible con esta Defensa Institucional, por lo que renuncio al cargo conferido”. Y sigue defendiendo a los otros tres policías fusiladores.  
Clarito. Lo “incompatible” con los nuevos lineamientos del ministerio, es que un policía esté preso por ladrón de bancos, porque eso –como que trascendiera lo de los policías en la causa Ferreyra- da mala imagen. Pero siguen, y seguirán defendiendo a los fusiladores y torturadores, porque para eso están, y para eso son parte del mismo ministerio, del mismo gobierno.

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