martes, 3 de enero de 2012

Igual que en Nación y Provincia





Inza ajusta contra los asalariados



Sin recomposición salarial para los trabajadores municipales, el presupuesto llegó con el tasazo que se suma al impuestazo y tarifazo – la inflación justifica el aumento de las cargas tributarias contra los asalariados, pero no de sus salarios – la réplica de la política de sintonía fina

El proyecto de ordenanza que propone la suba de las tasas municipales, en cuya ingeniería jugó un papel central el camporista Néstor Requelme –Secretario de Hacienda-, hombre de La graN maKro que fue traído a esta ciudad por el intendente de Azul, José Inza (FpV), confirma lo que el Partido Obrero de Azul había anunciado insistentemente.
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La gestión Inza llegaba con el propósito de ejecutar el plan de ajuste que el gobierno nacional kirchnerista está imponiendo a las provincias y municipios: tasazo y despidos. El propio intendente se encargó de disipar esos rumores y afirmó una y otra vez que nada de eso sucedería. Sin embargo, ya dio el primer paso que viene a desmentir esa prédica.
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Requelme fue traído para elaborar por estos lares la política de “sintonía fina”, cuya ejecución y control también se reserva, y de paso tener la oportunidad de extender el poder de camarilla que asegure el fortalecimiento del cristinismo, en un territorio donde pugnan distintas fuerzas internas del PJ.
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Simultáneamente a resultar elegido para conducir los destinos de la Municipalidad de Azul, Inza se abrió camino con el discurso que le permitiera justificar a corto plazo el paquete de medidas antipopulares. Y lo hizo en línea con otros intendentes electos que cumplieron a rajatabla ese mandato: insistir en la idea del descalabro económico de las comunas, en aquellas que recuperaba el kirchnerismo, y hacerlo con absoluta descontextualización de Nación y Provincia, para reducirlo a la exclusiva responsabilidad política de las anteriores gestiones locales, como si nada estuviera liado.
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Inza habló desde primera hora de una planta de personal sobredimensionada. Pero simultáneamente multiplicó el plantel político. Una relación de tres a cuatro funcionarios por cada uno que se retiraba es a esta altura la ecuación más firme de la forma bajo la cual constituyó su gabinete. No sólo eso. También se conocen designaciones en niveles inferiores, entre los cuales aparecen “premiados” por su hazaña los que perpetraron el ataque contra los militantes del Partido Obrero. Sin embargo, se cuidan de informar únicamente los nombramientos en los puestos más altos.
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Con ese armado conformó a todos los sectores internos y lo hizo aún a riesgo de las profundas contradicciones que traería aparejada su integración. Síntoma de ese problema fue la escisión que a nivel local planteó el progresismo entrista liderado por Miguel Mugueta, quien junto a sus seguidores se reservó sólo la defensa del proyecto nacional de Cristina.
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El ajuste
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La  misma fuerza política que votó contra el presupuesto municipal en Tandil se prepara aquí en Azul –también en Olavarría- para aprobarlo. Ambos contienen subas de tasas similares y afrontan problemas comunes que, a diferencia de lo que sucede en nuestro pago, donde los kirchneristas lo impulsan, allá justifican su voto negativo. Uno de los argumentos de la bancada del Frente para la Victoria para rechazar en Tandil el presupuesto elevado por el intendente radical Miguel Angel Lunghi fue la insuficiencia de los fondos previstos –de 6 millones de pesos--  para satisfacer la demanda de aumento salarial de los municipales –del 30 por ciento-. En nuestra ciudad, el Ejecutivo presentó el presupuesto sin mención pública específica sobre el particular, que en cambio se ha esforzado en remarcar como problema, a propósito del plantel sobredimensionado y del personal que calificó de improductivo y sin estímulo.
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El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul –STMA- que lidera Omar Varela –condenado en dos instancias por delitos cometidos en función gremial, sentencia que deberá revisar ahora la Corte- salió a la superficie como colaborador de la gestión de Inza. Así se presentó públicamente. En lugar de exigir la recomposición salarial de las remuneraciones que el propio intendente ha reconocido excesivamente bajas le concedió al jefe comunal un plazo de seis meses para reacomodar la situación económica de la Comuna y sólo pidió la suma de 500 pesos para ese período. Seguramente, lo hizo unilateralmente y sin consulta previa a las bases.
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En cambio,el SOEMPA, de la mano de Rubén Rodríguez y Miguel Burgos, otrora socios del saliente Duclós, hicieron su presentación en escena con la exigencia del 30 por ciento de aumento.
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Varela aseguró que para el 30 de diciembre Inza anunciaría una suba salarial que sin embargo no se produjo. Tampoco los gremios se preocuparon por conocer los fondos reservados en el presupuesto a esos fines o al menos no lo expresaron públicamente. Y no se movilizaron hasta el Concejo Deliberante, a la sesión del último de Diciembre a la que ingresó, prácticamente a última hora y en medio de una serie de desprolijidades formales, el presupuesto,  que debe preverlos para este año.
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 La sintonía fina
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Lo de Río Negro y Santa Cruz son indicadores claros de la política cristinista en esta nueva etapa. En la primera de esas provincias se puso a disponibilidad a la totalidad de los empleados públicos. 20.000 trabajadores bajo la lupa de un poder que se reserva la facultad de hacer con ellos lo que quiera –cesantearlos, reubicarlos, etc.-. Tamaña arbitrariedad. Y lo hace el Frente para la Victoria. En Santa Cruz, fue el propio kirchnerismo el que planificó el paquete de medidas del que luego intentó desprenderse, ante la magnitud de la movilización social, reprimida ferozmente.
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En la municipalidad de Capitán Bermudez (Santa Fe), también la emergencia económica  y financiera propuesta por el Ejecutivo crea un estado de excepción, que fue denunciado por el Partido obrero (Ver en Prensa Obrera), a través de la banca obrera y socialista que ocupa Jorgelina Signa, quien rechazó el plan de ajuste para esa comuna.
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Es en ese contexto específico en el cual debe leerse la política de José Inza. Un gobierno nacional que le pone techo a las paritarias, convierte el derecho de huelga en delito, libera el precio de los servicios públicos esenciales, firma el decreto que prorroga el plazo de reducción de las contribuciones patronales a empleadores y refunda la ley que le permitirá a él y a los futuros gobiernos tratar como terrorista al pueblo que lo enfrente; una Provincia que aplica su propio impuestazo, que no contempla fondos  en su presupuesto para el incremento de los salarios de  los empleados públicos; una ley penal tributaria que establece sanciones penales para quienes no paguen los impuestos al fisco nacional, provincial y municipal (ciudad autónoma de Buenos Aires); y podríamos seguir. En resumen, un Estado que lo pretende todo del pueblo asalariado.
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Veamos los aumentos que propone el intendente de Azul: un 25 por ciento para la Tasa urbana; 35, la vial; entre el 25 y 30, Marcas y Señales; 30, Derecho de Explotación de Canteras y 26, por su Explotación; y 25, Inspección, Seguridad e Higiene.
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Esa composición no explica una política popular y progresiva. Un funcionario municipal revelaba días atrás que el sector rural abona una tasa equivalente al precio de dos kilos de carne por hectárea, un productor que ya se encuentra beneficiado por un impuesto rural calculado sobre el valor de una hectárea subvaluada. Es imprescindible, seguía diciendo el mismo funcionario, elevar esa tasa. Sin embargo, a través de Requelme Inza escogió más de lo mismo. Capitalismo en serio.
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La tasa urbana golpea directamente al trabajador, activo y pasivo. Al mismo tiempo que el gobierno le niega un aumento salarial acorde a los índices inflacionarios, le sube los impuestos, las tarifas de servicios públicos esenciales y también las tasas municipales. Una clara política de mayor expropiación. La depreciación constante del salario, agravada por el mantenimiento del mínimo del impuesto a las ganancias y el IVA al consumidor.
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El sector rural, en cambio, como rama de la producción, ha sido uno de los grandes beneficiarios de la política kirchnerista. Los niveles de ganancia han sido estupendos. Así y todo, el inmobiliario rural está calculado, como dijimos, por un valor de la tierra que no se corresponde con la tasación de mercado. Es sensiblemente inferior a ella y sigue  contribuyendo a un impuesto insignificante.
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Con sólo analizar los beneficios que han alcanzado a los sectores mineros, industriales, rurales y financieros, se tendrá conciencia del lugar que ocupan los trabajadores en la preocupación gubernamental,.
En estos pagos, Inza no es más que la síntesis de todas esas cosas. Como lo dijimos en una anterior columna, capitalismo en serio.
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La impotencia es la ley natural de la administración, se ha dicho. La manera con la que el intendente José Inza satisfizo la exigencia de todos los sectores internos que contribuyeron a su victoria es un camino profundo hacia el Estado burocrático en el que se hacen fuertes los fines del burócrata. Con sus declaraciones públicas, Hernán Bertellys firmó el gran manifiesto de la naturaleza de este rostro estatal que ningún periodista analiza.
Designado en un cargo afín a sus negocios privados, no desmintió su interés particular. Reconoció que le debe dinero al Municipio, anticipó que se tomaría facilidades para saldar esa deuda y afirmó sin pudor alguno que dispondrá de los dineros públicos en beneficio de la organización que lidera su esposa, pero que conduce él mismo, en su provecho.
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Y todo eso lo dijo sin que le costara su calidad de funcionario público. A pesar de que el diario digital El Diario de Azul (http://www.eldiariodeazul.com/?p=13408)  lo mantuviera en portada durante casi una semana.
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El Estado y propiedad privada están íntimamente ligados, pero ¿qué propiedad?

Embestida del SUPeH contra el Partido Obrero:


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CASSIA DEFIENDE SU PODER GREMIAL PIDIENDO REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES A LOS QUE DEBERÍA REPRESENTAR
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El sindicalismo que da vergüenza: el de la entrega y la traición
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El Sindicato Unido Petrolero e Hidr0carburíferos (SUPeH) intentó un paro en las estaciones de servicio bonaerenses de YPF para coaccionar al gobierno a reprimir la medida de fuerza que los trabajadores de la estación ubicada en Del Valle  y Pellegrini de Olavarría mantienen por la reincorporacion del delegado Nicolás Pintos. 


El SUPeH armó una falsa acusación contra el Partido Obrero, al que sindicó de estar actuando junto al Sindicato de Obreros y empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGYPE), para reclamar sobre la base de sus imputaciones la intervención del gobierno. 


En una insólita acción gremial, el secretario general del sindicato, Antonio Cassia, reclamó la urgente actuación del gobierno  de Scioli, el Ministro de Trabajo, la Policía y la Justicia penal, para quebrar la lucha de los trabajadores olavarrienses.


El SUPeH no reconoce la elección del despedido Nicolás Pintos como delegado de los trabajadores de esta estación de servicio y tampoco lo defiende contra el intempestivo despido que sucedió como represalia de la empresa que no admite delegados independientes.


Medidas como las decididas por el sindicato que lidera Cassia atentan contra la naturaleza gremial de la organización. 


En el levantamiento del paro habría tenido injerencia directo el ministro Julio De Vido, quien según Cassia les habría prometido hacer desalojar la planta de Olavarría.




En Infoeme:
Pararon en las estaciones YPF bonaerenses por el conflicto en Olavarría
El gremio SUPeH, que nuclea a los trabajadores de Opessa, realizó la protesta este lunes. Según explicó, “la EESS de Olavarría se encuentra tomada por el gremio Soesgype y personas ajenas a la empresa y a este sindicato”. Su titular pidió “garantizar el trabajo y la seguridad de los afiliados”.
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El Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), que agrupa a los trabajadores de YPF en todo el país, realizó este lunes un paro en las estaciones de servicio bonaerenses en reclamo de “garantías” que eviten “brutales ataques, como el ocurrido en la noche del viernes último en el centro expendedor de la localidad de Olavarría”, donde un conflicto laboral ya lleva varias semanas sin resolución.

Antonio Cassia, titular del SUPeH, ratificó este lunes al mediodía la protesta y explicó que “es preciso garantizar la libertad de trabajo y la seguridad de los afiliados”.

El dirigente gremial calificó como “inadmisible” el ataque sufrido por “un trabajador en una estación de servicio de Olavarría a manos de militantes del Partido Obrero (PO) que responden a Carlos Acuña, jefe del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGYPE)”.

La estación, ubicada en Pellegrini y Del Valle, está ocupada por militantes de esa agrupación política “en connivencia con el Sindicato de Estaciones de Servicio”, declaró Cassia.

“En la noche del viernes, el jefe de la estación fue amenazado y atacado por los militantes para obligarlo a dejar su puesto. Otros empleados afiliados al SUPeH fueron amenazados y no se les permitió retomar las tareas”, aseguró Cassia en un comunicado.

El sindicalista ya se contactó con autoridades del gobierno bonaerense y del Ministerio de Trabajo provincial, se indicó.

“A la inacción policial se sumó la ausencia de compromiso de la fiscal Viviana Beytía, de la fiscalía UFI 4 y 5, para actuar con el debido proceso a favor de un trabajador afectado y por las amenazas recibidas por otros afiliados”, concluyó Cassia.

Asimismo, en un comunicado emitido este lunes y dirigido a los trabajadores de Opessa, SUPeH a través de la filial Berisso expresó que “la EESS de Olavarría se encuentra tomada por el gremio de Soesgype y personas ajenas a la empresa y a este sindicato que están privando, cercenando y coartando la libertad de trabajo de los compañeros afiliados de esa estación de servicio que no pueden trabajar y ven seriamente amenazada su seguridad personal y laboral”, por lo que el gremio adhirió a la protesta en la provincia y responsabilizó “a aquellas personas que nada tienen que hacer en una estación de Opessa, ya que Federación SUPEH tiene la representatividad gremial de todos sus empleados, por todas las consecuencias que ello conlleve”.

Por último, exhortó “a las autoridades ministeriales, judiciales, a que solucionen este conflicto y lleven a los trabajadores una respuesta de paz y trabajo para todos ellos”.






Petroleros levantan el paro que habían iniciado al mediodía

El Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeh), que agrupa a los trabajadores de YPF en todo el país, levantó el paro que había iniciado a las 12 de este lunes en las estaciones de servicio bonaerenses debido a la mediación del ministro de Planificación, Julio De Vido.

Así lo confirmó a Télam el titular del SUPeh, Antonio Cassia, quien señaló que "hablamos con De Vido y a raíz de su intervención decidimos levantar el paro".

El origen del conflicto se debió a un reclamo de garantías, ya que el pasado viernes un trabajador del centro expendedor de Olavarría fue agredido por otro sector sindical ligado al Partido Obrero y al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages, según denunció Cassia.

"De Vido nos prometió hacer desalojar el lugar y por eso levantamos la medida", dijo Cassia.  

Fuente: TELAM


La evaluación educativa en el discurso de Cristina



Una agenda en común con Macri

En su discurso de asunción, Cristina enumeró su agenda para la educación. No menciona que el salario docente nacional está en 2.400 pesos por una jornada (y con sumas en negro), o sea que no alcanzan dos turnos para llegar a la canasta familiar. Tampoco, que acható la pirámide salarial: en Capital, un docente no cobra un peso de aumento por antigüedad hasta los siete años de trabajo.
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Cristina toma como parámetros del desarrollo de la calidad educativa las evaluaciones al último año de la escuela secundaria, pero que no dio a conocer, que arrojarían un mejor nivel en matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y una disminución en Lengua. El gobierno esconde que tan sólo el 40% de los estudiantes de primer año de las secundarias del estado llegan a quinto. La "secundaria obligatoria", a la luz de estos resultados, es un fracaso estrepitoso. Las causas de la deserción están a la vista, no requieren agregados.
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La "calidad educativa" ignora que según el anuario estadístico del Ministerio de Educación, la matrícula de la escuela primaria del estado retrocedió en el período 2003-2010 en 250.000 alumnos, en detrimento del aumento de la matrícula de la privada, que registra un incremento de casi 200.000 estudiantes. Esta tendencia no se revierte en 2010, desmintiendo el efecto que se atribuye a la asignación universal por hijo.
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La evaluación docente 
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En este cuadro, Cristina apuntó que "los docentes deben ser evaluados". Bullrich, el Ministro de Educación de Macri, también puso este punto en agenda; apunta a introducir entre los docentes una diferenciación salarial, y a partir de aquí la división de los docentes desde la base. El otro objetivo es producir una "competencia" entre escuelas y docentes por los recursos del Estado, que como son escasos, configurarán un sistema de ‘sponsoreo' privado.
Juan García 
Tribuna Docente

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