Persiguen la lucha
popular con la ley terrorista en la mano
Oscar Rae (UJS-PO; desde Chillar, Azul).-
El martes 19, en el Juzgado Federal de Azul, volverán a indagar a dos militantes de la C.C.C. (Corriente Clasista Combativa), Jorge Lezica y Griselda Altamirano. Les imputan la ocupación de la Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo de la Nación y el acampe y piquete frente a la Delegación de la ANSES en esa misma ciudad; los delitos enrostrados son los de usurpación, desobediencia y coacción contra funcionarios públicos.
En estos procesamientos se ve la mano de un gobierno decidido a combatir las protestas en las calles, no con la fuerza -aunque cuando consideró necesario usarla la usó, por ejemplo contra los Qom, los pueblos que se oponen a la megaminería, entre otros casos-, sino con la amenaza de prisión. “Los vamos a combatir con el Código Penal en la mano”, supo decir el cómplice de la masacre en la que murieron Kosteki y Santillan, Anibal Fernandez. La seguridad democrática de Garré no es otra cosa que un nombre cínico para una política donde la protesta social se considera extorsión, un reclamo por nuestros derechos se convierte en un crimen penal y los militantes sociales somos espiados por el proyecto X.
La semana pasada, a Garré se le cayó la careta de la farsa armada contra los trabajadores integrantes de causa ferroviaria Jorge Hospital, Omar Marino y Miguel Morales, junto al compañero del P.O, Eduardo Belliboni, que dos meses después del asesinato de Mariano Ferreyra fueron acusados por el juez Luis Armella de extorsión e interrupción de la vía pública por el corte de vía de los tercerizados de Avellaneda el 23 de diciembre. Estas causas se fundaron en las declaraciones de la ministra Garré contra el Partido Obrero, cuando dijo haber “individualizado” a 10 compañeros en los incidentes, lo que no era cierto, con lo que provocó la detención de Hospital y Merino, denunciados por el subsecretario de Transporte, Schiavi.
El fallo de la Cámara Federal de La Plata sobreseyó finalmente a los compañeros, con la crítica al juez por haber basado la acusación solamente en la denuncia de Schiavi.
La maniobra del gobierno y la Justicia fue tan burda que ni el sistema judicial pudo sostenerla, pero será siempre la movilización de las fuerzas sociales la que impida que el Estado avance sobre las libertades democráticas.