DISCURSO DE ASUNCIÓN DE LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER:

 ATAQUE AL DERECHO DE HUELGA Y REAFIRMACION VERGONZANTE DEL TARIFAZO

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El núcleo del discurso presidencial de ayer es muy evidente: la reafirmación de un tarifazo, que ni siquiera se animó a mentar, o sea vergonzante, y un ataque al derecho de huelga. La Presidenta no se animó a defender la decisión que tiene estremecido hoy al país – que importará subas del 300% en las tarifas, ni los cambios de manos en las compañías de servicios, que han anticipado el tarifazo. Tampoco lo hizo con los impuestazos y tarifazos en las provincias oficialistas y opositoras, ni con el que afecta a los salarios que superan el mínimo no imponible. No hizo referencia, por otro lado, a la remilitarización de los controladores aéreos, pero sí reivindicó la represión a los trabajadores petroleros y ! docentes en Santa Cruz, violentando el derecho de huelga, cuando solamente reclamaban un convenio colectivo de trabajo. Buscó asociar a Perón a la oposición al derecho de huelga, cuando en realidad fue una resolución escrita de la CGT, en 1949, la que condicionó la declaración de huelga al veto del general Perón. El tarifazo y el ataque al derecho de huelga forman una pareja indisoluble, porque el primero es inviable sin el segundo. El discurso tipifica a un régimen de bonapartismo (tardío), que ya no encuentra justificación en la falta de una mayoría parlamentaria, sino en la agudización de las contradicciones sociales. La Presidenta volvió a reivindicar el carácter patriótico del pago de la deuda usuraria, e incluso cuantificó en casi 100 mil millones de dólares la carga que representó para el país – y hasta el arreglo con los bonistas que no habían aceptado el canje. No dijo, sin embargo, que el ‘desendeudamiento’ con los acreedores internacionales fue logrado con el endeudamiento con el BCRA, la Anses, Pami y Banco Nación, que hoy poseen el 53% del total de la deuda pública. La deuda pública aumentó, sin embargo, en 50 mil millones de dólares; es, hoy, de 180 mil millones de dólares, un 45% del PBI – inflado en términos de dólares, o sea mucho más de la mitad. La Presidenta reivindicó también el desarrollo de la educación, sin una palabra hacia el hundimiento de la pública a favor de la privada. Reivindicó su condición de gobierno de derechos humanos, pero no anunció ninguna medida que acelere los juicios cuya lentitud admitió. No mencionó ¡para nada! la tercerización de la represión, los cinco mil trabajadores procesados, la magnitud del gatillo fácil y los apremios y torturas en las comisarías. Aunque esperada, es llamativo que haya reivindicado la ley de medios, a pocos días del fracaso de una licitación que contemplaba al sector social o comunitario, por su inaccesibilidad económica. Al monopolio privado tradicional se ha sumado un monopolio oficialista pseudo ideológico, y además se ha reforzado el duopolio d! e las comunicaciones con el acuerdo del oficialismo y Telefónica con relación a Telecom. La ley de medios no ha producido ningún avance en materia de libertad de expresión – sea política, cultural o de cualquier orden. Las omisiones del discurso presidencial ponen al desnudo, por un lado, la debilidad del nuevo gobierno que nace sin embargo de una votación del 54.11% del electorado activo. Las reivindicaciones del discurso subrayan, por el otro, la acentuación de un método de gobierno presidencialista; de decreto; un gobierno que combinará la confrontación contra las reivindicaciones de los trabajadores, por un lado, y la demagogia social, por el otro. Por último, la reasunción del Poder Ejecutivo por parte de Cristina de Kirchner fue por lo menos curiosa. Los militantes de la Cámpora reivindicaban “la resistencia de los 90”, cuando el matrimonio oficial impulsó el remate de YPF a precio vil y entregó el Banco de Santa Cruz al mismo grupo que, en la gestión presidencial de CFK, ingresaría como accionista en la petrolera, gracias a un contrato ruinoso que sacrifica la inversión nacional al pago de dividendos. La Presidenta no sorprendió, entonces, cuando reivindicó su oposición al gobierno de De la Rua mientras ignoraba el apoyo fervoroso que brindó al tándem Menem-Cavallo, o sea al remate de empresas del estado a cambio de títulos desvalorizados de deuda; al feroz endeudamiento internacional de esa década; y a la convertibili! dad que ofreció un seguro de cambio a los especuladores. La Presidenta quizás pretende que se la juzgue a la luz del nuevo relato oficial, pero persiste en reivindicar la entrega de decenas de miles de millones de dólares para frenar una corrida contra el peso con el método clásico de Cavallo, y elevó las tasas de interés del BCRA, como lo haría cualquier ‘neoliberal’, habilitando de este modo una nueva ‘bicicleta financiera’ (elevadas tasas de interés en peso con seguro de cambio). Incluso anunció la creación de una subsecretaría de Competitividad, a semejanza del planteo de Cavallo, que implicaría condicionar los aumentos de salarios a cláusulas de productividad individual. Desde el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, combatiremos el ajuste contra los trabajadores, defenderemos el derecho de huelga y nos opondremos al sistema de gobierno por decreto, con el reclamo de que la bancarrota capitalista la paguen los capitalistas.

 Jorge Altamira

ex candidato a Presidente

 del Frente de Izquierda y los Trabajadores

Buenos Aires, 11 de diciembre.

El ataque de Repsol-YPF y la entrega del SUPeH en Olavarría se produce cuando la presidenta llama extorsión a la huelga

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SINTONÍA FINA

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Los trabajadores de la estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Pellegrini y Del Valle de la  ciudad de Olavarría mantienen la planta ocupada y sostienen la huelga después de que la empresa Repsol-YPF se negara a reincorporar a Nicolás Pintos, despedido inmediatamente a continuación de que fuera elegido delegado entre sus compañeros. Como se recordará, el conflicto se desató el 2 de diciembre último y la empresa, de capitales mayoritariamente españoles con participación de capitales nacionales (Estado nacional, Estados provinciales y particulares), se negó a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que ordenó volver las cosas a su estado inicial y establecer un período de negociaciones.
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El Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) se ha rehusado a representar legalmente al compañero despedido y a liderar la lucha por su reincorporación, ejecutando una verdadera entrega, al mejor estilo de la burocracia sindical que demuestra una vez más su capacidad para sacrificar a quienes debiera defender.
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No es casualidad que este comportamiento de los jerarcas sindicales se produzca simultáneamente al discurso presidencial que en el acto de reasunción del gobierno asimiló la huelga a la extorsión. Para la presidenta, la huelga no es un derecho, sino un delito. La gravedad de sus palabras, como palabra oficial, es infinita. Es muchas cosas al mismo tiempo: el anuncio de una política de mayor represión contra el reclamo y la protesta obrera, que necesita profundizar para imponer sus propios techos en la discusión del salario; la prolija señal a los intereses empresarios con los que se ha asociado abiertamente, aunque haya parodiado una advertencia contra las corporaciones. A quién engaña.  Y es también la habilitación de la vía represiva para que la Justicia no se contenga y libere su vocación coercitiva. Avanti Morocha.
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Sobre escenarios como el que protagonizan los trabajadores de la estación de servicios Repsol-YPF de Olavarría debe leerse la política oficial. La decisión de despedir a Nicolás Pintos vino “de arriba” y “arriba” se sostiene: una empresa con participación del Estado que no puede dejar emerger de entre sus empleados delegados combativos; un gobierno que ha demostrado y refuerza en su discurso –lo declama- no estar dispuesto a tolerarlo; una burocracia sindical que también muestra sus garras cuando advierte que su poder se encuentra interpelado.
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Pero los trabajadores somos más fuertes. Anoche se hizo un recital en apoyo a los compañeros. El Concejo Deliberante de Olavarría expresó su adhesión al reclamo. Otros gremios acompañan la lucha. Distintas fuerzas políticas se han involucrado en el conflicto. Si tocan a uno nos tocan a todos. Que la CGT y la CTA convoquen a huelga por la defensa de Nicolás, el sustento de su familia, la libertad de los trabajadores de elegir sus delegados y contra las políticas extorsivas que intentan anular nuestra capacidad de organizarnos.
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Yo, por ellos, madre. Y ellos, por mí.