domingo, 11 de diciembre de 2011

Como dijo Altamira: ¿Renuncia voluntaria?

LAS PELOTAS

Escribe: Jorge Moreno
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Desde antes de las elecciones primarias el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores venía denunciando que el doble plebiscito al que  convocaba el gobierno tenía como una de sus principales finalidades alcanzar algún grado de certeza acerca del apoyo popular que, cuanto más alto, más le permitía profundizar el modelo en su giro hacia la derecha, adoptando medidas económicas que iban a impactar en la clase que siempre es la primera víctima de los ajustes impuestos en los contextos de crisis capitalista.
Como casi siempre, teníamos razón. El gobierno nac&pop eliminó a nivel nacional los subsidios a las empresas de servicios público de gas, electricidad, agua y transporte, a la vez que en la Provincia, con la complicidad de los demás partidos con representación legislativa, Sciolli logró la aprobación de la reforma a la ley impositiva, aumentando el impuesto inmobiliario urbano -léase a la vivienda  ol lote para vivienda- el 32,50 %, mientras que el rural que afecta a los productores agropecuarios, sólo el 27,50 %, calculado sobre la base de una hectárea, cuya valuación fiscal no es la real.
Los trabajadores con vivienda al tener que pagar más impuesto , verán disminuidos sus salarios que, en el caso de los empleados públicos, el gobierno se niega a renegociar. También, y más aún, se lo afectará  el tarifazo -servicios  públicos esenciales-  en una proporción que no se tuvo en cuenta cuando se negoció el último aumento salarial de cada sector, porque la quita del subsidio fue posterior a las paritarias.
Cuando se negocia el aumento salarial, se lo hace sobre la base de considerar cuáles son los montos mínimos para calcular la canasta básica familiar. En esa canasta básica, no sólo están comprendidas la inflación real del supermercado, a la que alude Moyano cuando discute el techo de las futuras paritarias, o la ficticia del oficialismo, que se basa en la que determina el INDEC sobre el costo de la alimentación, vestimenta, etc., sino también la de los servicios públicos, que fueron calculados al valor de la tarifa subsidiada.
Por eso es fundamental tomar conciencia de que antes de prenderse a la propaganda transmitida por algunos “ídolos” de la TV,  renunciando a la tarifa subsidiada,  es menester que se renegocien los salarios, incluyendo esta nueva variante y sin techo alguno como pretende el oficialismo,  que lo ha fijado entre el 18 y el 20 %. De lo contrario, verán sensiblemente disminuidos sus ya escasos salarios.
Pero además, los trabajadores deben tener en cuenta que no sólo las empresas de servicios –que a más de diez años de gobierno nac&pop continúan privatizadas- se verán favorecidas con la quita que les permite aumentar las tarifas, sin que la ciudadanía sepa si realmente ello es necesario  porque no abren sus libros al control popular, sino que además el gran favorecido será el Estado.
Sí. El Estado nacional, provincial y hasta el municipal. El nacional, porque podrá ingresar a sus necesitadas arcas los montos que antes destinó a subsidios y también porque el tarifazo produce simultáneamente otro impuestazo que se lo asegura al mismo tiempo a los estados provincial y municipal.
Es así, porque la mayor parte de las facturas de los servicios están grabadas con tasas municipales, cargas provinciales e impuestos nacionales, que se pueden leer en las facturas donde se las cita como ordenanzas, leyes, Fondos de Obras Públicas,  hasta el mismo  IVA (21 % del total de la factura) o, en la luz específicamente, la Ley 23.681 que casualmente favorece a la Provincia de Santa Cruz.
La mayor recaudación del Estado nacional será entonces a consecuencia de que el ilegítimo impuesto al salario a través del IVA (21 %), en el caso de los servicios públicos se calculará ahora sobre un mayor monto, al sumarse lo que antes estaba subsidiado.
A nivel local, el municipio se favorecerá con un elevado incremento de la recaudación por alumbrado público, ya que el 18,50 % que cobra con la facturación de la luz se aplicará sobre una factura sin subsidio.
Los trabajadores deben oponerse a  esta invitación oficial a renunciar al subsidio y condicionarlo a un aumento salarial que lo compense.
Como dijo Jorge Altamira: ¿Renuncia voluntaria? LAS PELOTAS
 Que la crisis la paguen ellos.

Cuando el cambio empieza repitiendo viejos vicios

Escribe: Oscar Rae (Chillar, Partido de Azul).
El doctor José Inza en las campañas electorales se mostraba como un cambio a los doce años de la administración Duclós, un cambio en la forma de gobernar que a diferencia de la anterior sería mucho más popular en sintonía con el gobierno nacional. Este supuesto espíritu de avance hacia otro paradigma de sociedad para el partido se podía ver tanto en una de sus publicidades, donde comenzaba explicando cómo ciertos objetos no se movían hasta que una fuerza los hacía mover, para terminar con la conclusión siguiente: la fuerza para romper la inercia y fomentar el avance de Azul era su gobierno; y también en la respuesta afirmativa hecha por el propio Inza, a la pregunta en una entrevista radial, que era: ¿el delegado lo va a poder elegir el pueblo en caso de ser elegido intendente?. una inquietud muy presente entre los chillarenses.
Pasaron las elecciones. El candidato del Frente para la Victoria fue elegido intendente y en oposición a sus promesas, el delegado de Chillar fue puesto como comúnmente se dice a dedo. El pedido para nada ambicioso ni descabellado era elegir un delegado democráticamente pero se ve que a veces hasta lo mínimo es demasiado.
 Como conclusión se podría decir del supuesto cambio que empezó con el pie izquierdo (o mejor dicho derecho) apoyándose en lo más conservador del peronismo para llevar a cabo estos cuatro años de gobierno y continuando con la práctica de la “dedocracia” como primera medida hacia el pueblo de Chillar. El cambio arrancó repitiendo viejos vicios de gobiernos ya pasados. Ahora cabría reflexionar sobre si el cambio no es sólo un chiste sin gracia y si los gobiernos ya pasados no dejaron su manera de administrar la comuna para ser continuado por otros que, con distintas palabras, sabrían llevarlo mejor a la práctica.

Con el As de Basto nos dominan y con el de Espada nos entra a dar y dar !


Persecución y represión a la lucha obrera por parte del gobierno de los “Derechos Humanos”

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Escribe: Juan Rubolino (UJS).-
Desde hace ya tiempo, más precisamente luego de la reelección de CFK, se ha lanzado una serie de sistemáticos ataques a la clase trabajadora (éstos ya sean en forma verbal o de persecución y represión explícita) por parte del gobierno de los “derechos humanos”.
Esta ofensiva trata de silenciar a unos de los pocos movimientos que no pudo cooptar el gobierno: a la clase trabajadora combativa. El modelo Nac&Pop de CFK ha decidido arremeter contra esta oveja negra de su corral en forma totalmente represiva.

Estos ataques se manifiestan en todas sus formas posibles; estos van desde el ataque verbal por parte de la presidenta a los trabajadores del subte con la chicaneada de la tendinitis, hasta la muerte de Cristian Ferreyra por parte del terrateniente santafesino Ciccioli con  la complicidad del gobierno, pasando por los procesamientos de los trabajadores de Kraft, junto con los dirigentes políticos Néstor de Pitrola (PO) y Vilma Ripoll (MST) por cortar la ruta panamericana en 2009 en un contexto de lucha contra los despidos.

Párrafo aparte requiere la constante embestida de la que son víctimas los militantes en defensa de su territorio en el norte de nuestro país. Desde el 2009 van cuatro muertos a manos de parapoliciales que responden a terratenientes alineados con el oficialismo, como también las distintas comunidades que fueron reprimidas y expulsadas de sus tierras, como son los casos del ingenio Ledesma o de la comunidad La Primavera del pueblo Qom.

Tampoco se puede dejar de mencionar el crimen de Mariano en 2010, y su posterior repercusión como la excarcelación en su momento de Pedraza, hoy acusado de sobornar a la justicia. El caso del  “pollo” sobrero, detenido por “organizar el incendio de los vagones de trenes”, lo que era totalmente falso y se reveló una excusa para intentar golpear al ala sindical independiente opositora a la burocracia sindical. Y las permanentes persecuciones que sufren los estudiantes que militan en agrupaciones de  izquierda, perseguidos por luchar contra las autoridades de la Facultad. Todo esto se suma a la Ley Antiterrorista, puesta a debate la semana pasada, la que en caso de ser aprobada, dejará camino libre a la criminalización de la protesta social.

Hoy por hoy, el modelo Nac&Pop de los “derechos humanos” ha puesto en marcha un plan maquiavélico de criminalización, persecución y represión contra la clase trabajadora y los luchadores sociales, en pos de defender su kapitalismo en serio, con un sistema de “palo y zanahoria”; esto es, zanahoria para cooptar a los movimientos populares y palo para aquel que no se deja cooptar.

El encubrimiento de estos métodos ya es insostenible, hay que salir a denunciar estos atropellos a la clase trabajadora, y a luchar por lo nuestro.

¡Basta de persecuciones a los luchadores sociales! ¡Basta de reprimir a la vanguardia obrera!

Tortura en Democracia


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 VEINTIDOS AÑOS DESPUES

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La tortura es uno de los métodos a través de los cuales el aparato represivo estatal realiza su cometido. En  teoría, es un delito y, como tal, se encuentra reprimido con sanción penal. Sin embargo, es una práctica habitual que las fuerzas de seguridad ejecutan en nombre del Estado y lo hacen cumpliendo acabadamente un mandato institucional no explícito, desmentido, pero real, que se expresa a través de un gobierno que no desarma esa constitución a la que necesita "en estado" para garantizar un orden público que sólo puede consagrar con violencia -la desigualdad sólo puede imponerse por la fuerza-, con la convalidación de la Justicia. A Bueno Alves le llevó 22 años que se le reconociera el derecho de perseguir a quienes lo torturaron en comisaría y lo hizo a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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La Corte de Justicia que insiste en negar el carácter imprescriptible de la imposición de torturas por parte de funcionarios públicos y que negó a Bueno Alves su derecho a que se investigara el crimen perpetrado contra su persona, por considerarlo prescripto, es la Corte que acompaña desde sus orígenes al gobierno kirchnerista. La composición progre del más alto Tribunal de Justicia del país no produjo, junto al régimen político del que forma parte, ningún quiebre sustancial en la política criminal que orienta -desde Alfonsín a esta parte, sin cambios- el ejercicio de la violencia estatal en democracia.
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El intendente electo de Azul, José Inza (FpV), reunido con los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) remarcó con extrema claridad este propósito político estatal: no pretendan que cambiemos a la Policía . Palabras más, palabras menos, le cerró la discusión a la Asamblea y lo hizo asumiendo que es el aparato represivo con el que habrán de seguir gobernando y gobernará él mismo en su ciudad. Torturas incluidas. Lo curioso del caso fue que ningún integrante de APDH reaccionó contra esa confesión política. Pero eso es tema de otro análisis. Veamos el caso de torturas contra Bueno Alves y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le torció el brazo a la Corte Suprema de nuestro país, que se tomó cuatro años para cumplir lo que debió hacer inmediatamente.
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El 5 de abril de 1988, Bueno Alves y su abogado Carlos Alberto Pérez Galindo  fueron detenidos por personal policial. En la comisaría, durante la madrugada del 6 de abril, Bueno Alves fue objeto de torturas consistentes en golpes con la mano ahuecada en los oídos y en el estómago, entre otras agresiones, con el fin de que declarara en contra de su abogado Pérez Galindo.

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La Corte Interamericana afirmó que Argentina violó los derechos de Bueno Alves a la integridad personal, a ser oído por un tribunal judicial en un plazo razonable y a la protección judicial; y que: a) la revisación médica de la víctima no fue realizada inmediatamente; b) la carga de impulsar el proceso recayó en gran parte sobre el propio afectado; c) tanto el juez como el fiscal tuvieron una actitud notoriamente pasiva; d) se dejó de lado la investigación de ciertos aspectos del hecho denunciado, tales como los golpes en el estómago; e) las personas identificadas como responsables de los golpes en contra de Bueno Alves no fueron vinculados al proceso sino hasta mucho tiempo después de iniciado el mismo; f) el proceso tuvo una duración excesiva; y, g) Bueno Alves no fue oído dentro de un plazo razonable.

La ONU denuncia la sistemática violación en Argentina del derecho de los pueblos originarios a la tierra

Urge mejorar situación de indígenas en Argentina

08 de diciembre, 2011 - El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas urgió a las autoridades argentinas a redoblar esfuerzos para superar los obstáculos que privan a esas comunidades del derecho a la tierra, a beneficiarse de sus recursos naturales, y a la educación.
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Al culminar su visita oficial a ese país, James Anaya expresó especial preocupación por los desalojos judiciales que se han dado tras disputas territoriales entre indígenas y propietarios privados.
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Destacó además que otro problema de esa índole es la existencia de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de las comunidades indígenas.
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Subrayó que no existe una consulta efectiva con los pueblos afectados ni se les permite su participación en las decisiones y beneficios económicos derivados de esas explotaciones.
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Recomendó al gobierno argentino que los programas orientados hacia esos pueblos sean implementados de acuerdo con los estándares internacionales.
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Fuente:
Radio de las Naciones Unidas

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