LAS PELOTAS
Escribe: Jorge Moreno
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Como casi siempre, teníamos razón. El gobierno nac&pop eliminó a nivel nacional los subsidios a las empresas de servicios público de gas, electricidad, agua y transporte, a la vez que en la Provincia, con la complicidad de los demás partidos con representación legislativa, Sciolli logró la aprobación de la reforma a la ley impositiva, aumentando el impuesto inmobiliario urbano -léase a la vivienda ol lote para vivienda- el 32,50 %, mientras que el rural que afecta a los productores agropecuarios, sólo el 27,50 %, calculado sobre la base de una hectárea, cuya valuación fiscal no es la real.
Los trabajadores con vivienda al tener que pagar más impuesto , verán disminuidos sus salarios que, en el caso de los empleados públicos, el gobierno se niega a renegociar. También, y más aún, se lo afectará el tarifazo -servicios públicos esenciales- en una proporción que no se tuvo en cuenta cuando se negoció el último aumento salarial de cada sector, porque la quita del subsidio fue posterior a las paritarias.
Cuando se negocia el aumento salarial, se lo hace sobre la base de considerar cuáles son los montos mínimos para calcular la canasta básica familiar. En esa canasta básica, no sólo están comprendidas la inflación real del supermercado, a la que alude Moyano cuando discute el techo de las futuras paritarias, o la ficticia del oficialismo, que se basa en la que determina el INDEC sobre el costo de la alimentación, vestimenta, etc., sino también la de los servicios públicos, que fueron calculados al valor de la tarifa subsidiada.
Por eso es fundamental tomar conciencia de que antes de prenderse a la propaganda transmitida por algunos “ídolos” de la TV, renunciando a la tarifa subsidiada, es menester que se renegocien los salarios, incluyendo esta nueva variante y sin techo alguno como pretende el oficialismo, que lo ha fijado entre el 18 y el 20 %. De lo contrario, verán sensiblemente disminuidos sus ya escasos salarios.
Pero además, los trabajadores deben tener en cuenta que no sólo las empresas de servicios –que a más de diez años de gobierno nac&pop continúan privatizadas- se verán favorecidas con la quita que les permite aumentar las tarifas, sin que la ciudadanía sepa si realmente ello es necesario porque no abren sus libros al control popular, sino que además el gran favorecido será el Estado.
Sí. El Estado nacional, provincial y hasta el municipal. El nacional, porque podrá ingresar a sus necesitadas arcas los montos que antes destinó a subsidios y también porque el tarifazo produce simultáneamente otro impuestazo que se lo asegura al mismo tiempo a los estados provincial y municipal.
Es así, porque la mayor parte de las facturas de los servicios están grabadas con tasas municipales, cargas provinciales e impuestos nacionales, que se pueden leer en las facturas donde se las cita como ordenanzas, leyes, Fondos de Obras Públicas, hasta el mismo IVA (21 % del total de la factura) o, en la luz específicamente, la Ley 23.681 que casualmente favorece a la Provincia de Santa Cruz.
La mayor recaudación del Estado nacional será entonces a consecuencia de que el ilegítimo impuesto al salario a través del IVA (21 %), en el caso de los servicios públicos se calculará ahora sobre un mayor monto, al sumarse lo que antes estaba subsidiado.
A nivel local, el municipio se favorecerá con un elevado incremento de la recaudación por alumbrado público, ya que el 18,50 % que cobra con la facturación de la luz se aplicará sobre una factura sin subsidio.
Los trabajadores deben oponerse a esta invitación oficial a renunciar al subsidio y condicionarlo a un aumento salarial que lo compense.
Como dijo Jorge Altamira: ¿Renuncia voluntaria? LAS PELOTAS
Que la crisis la paguen ellos.