miércoles, 18 de julio de 2012

A 18 años de la masacre de la AMIA



 | 18 julio, 2012 |
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A 18 años de la masacre de la AMIA, la impunidad para sus autores y encubridores resulta incuestionable.
Buena parte de este tiempo (9 años!) se lo llevó el gobierno de los Kirchner, que debutó con promesas de superar la impunidad heredada del menemismo y terminó por amplificarla.
Hace ya siete años que el gobierno Kirchner reconoció oficialmente (Decreto 812/2005) que el Estado fue el encubridor agravado de este atentado terrorista.
Pero desde entonces nada se hizo, absolutamente nada, para perseguir y juzgar a los responsables materiales, a sus cómplices y encubridores locales.
No hay ni un solo detenido, ni un solo investigado por la responsabilidad criminal o por su encubrimiento.
Y lo que se anunció como un cambio de rumbo en la política oficial para diferenciarse del menemismo, un cambio para terminar con la impunidad y “la vergüenza nacional” de un Poder Judicial y una investigación incapaz de superarla, se convirtió en una nueva frustración, en un reforzamiento de la impunidad vigente, y en una nueva manipulación de alcance internacional.
Si para muestra basta un botón, al juez Galeano lo reemplazó Araoz de Lamadrid. Presentado como un juez “probo”, terminó acusado de intento de coima de la Cámara de Casación a favor de Pedraza, el responsable por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Su caso no es aislado. El gobierno pretendió usar la causa AMIA con la intención de superar la imagen corrupta del Poder Judicial y la venalidad de los jueces federales, por la vía de una depuración que le permitiera poner a sus propios jueces “independientes”.
Después de siete años de un concurso largo y escandaloso, el gobierno nacional, con el apoyo de Macri y la complicidad de la UCR pretende nombrar nuevos jueces, alguno de ellos sin mejor antecedente que el de ser miembro del Servicio de Inteligencia, organismo responsable en, al menos, el encubrimiento de la masacre de AMIA.
Después de tanto esfuerzo “institucionalizador”, han agotado hasta las ilusiones de superar la impunidad reinante por la vía de la reforma judicial a través de un recambio por jueces probos.
Las muy gastadas promesas oficiales de futuros juicios aún sin fecha o supuestas nuevas investigaciones, no pueden ocultar los hechos. En la causa AMIA, los pocos sospechados son o fueron parte de los tres poderes del Estado, de sus servicios de Inteligencia y fuerzas militares y de seguridad.
En estas condiciones, y después de 13 años de sustanciar burocráticamente una causa por “mal desempeño” o “encubrimiento” de los funcionarios, ni la presidenta Kirchner ni el juez Lijo ordenan que se abran y entreguen los archivos secretos que el Estado mantiene cerrados incluso ante las partes. Hacerlo permitiría poner al descubierto no sólo el papel que jugó el Estado argentino en el encubrimiento que reconoció, sino también en la comisión del atentado mismo.
Así las cosas, los prometidos futuros juicios serán un nuevo instrumento de manipulación política por parte del gobierno, y no aportarán nada al castigo de los responsables del atentado a la AMIA y de su encubrimiento.
Por este camino, el gobierno nos conduce a nuevos fracasos: ni se esclarece el atentado ni se superará la impunidad.
Una de las cartas más audaces que se jugó el gobierno también llega a su fin. Es que aún antes de firmar su reconocido papel de encubridor del atentado, el Estado puso la investigación del ataque como eje de la política exterior del país al servicio de los intereses de Estados Unidos, Europa e Israel, sumando una excusa a la lucha contra el llamado terrorismo internacional y un instrumento de provocación bélica contra Irán.
Pero al día de hoy, cuando las grandes potencias buscan llegar a un acuerdo con Irán para superar las crisis políticas, financieras y sus aventuras militares en Medio Oriente, la acusación política del Estado argentino contra Irán termina en un nuevo fracaso.
Ya no sirve ni para impulsar un ataque contra Irán, ni para esclarecer el crimen de la AMIA, ni para proteger al Estado argentino de toda la evidencia que lo incrimina como verdadera ‘conexión local’ del atentado.
El gobierno nacional cedió ante la presión internacional y, con la excusa de prevenir futuros atentados como el de AMIA, sancionó las llamadas leyes anti-terroristas con el único propósito de perseguir y reprimir a las organizaciones y luchas populares, como ya se reveló durante las masivas manifestaciones y puebladas contra la megaminería.
Para sostener estos resultados, el Estado argentino cuenta con la colaboración militante de la dirección judía local, empeñada en vaciar de todo contenido político y hasta judicial este nuevo aniversario. Este es el resultado de años de privilegiar las relaciones carnales con el gobierno nacional y con el de Macri por sobre cualquier exigencia de juicio y castigo a los culpables. Las direcciones de AMIA/DAIA no confrontan con ninguno de los dos, y actúan como un sostén indispensable para proteger al Estado de sus reconocidas responsabilidades criminales.
En esta oportunidad convocan a un acto con reminiscencias místicas, y expresamente opuesto a cualquier reclamo o denuncia política o jurídica, contra la impunidad y el encubrimiento del Estado Nacional y sus socios internacionales. Parecen empeñados en confundir y desmoralizar.
Al cumplirse el 18º aniversario del atentado, denunciamos al gobierno nacional, al gobierno de Macri y a las direcciones de AMIA y DAIA por los 18 años de impunidad y encubrimiento en la masacre impune de la AMIA.
Repudiamos los intentos del gobierno nacional por archivar y dejar en el limbo este crimen del terrorismo de Estado en la AMIA y nos pronunciamos por la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado, para impulsar el esclarecimiento de este ataque impune y el juicio y castigo a todos los culpables.
EL ESTADO ARGENTINO ES EL RESPONSABLE
DE LA MASACRE DE LA AMIA!
QUE ABRAN LOS ARCHIVOS SECRETOS Y LOS ENTREGUEN A UNA
COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE!
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!
DEROGACION DE LAS LEYES ANTI TERRORISTAS!
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)
Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
Conferencia de Prensa convocada por APEMIA y los organismos de derechos humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: hoy, miércoles 18 de julio, a las 18 horas, en el Hotel Bauen. Por el Partido Obrero estará presente Marcelo Ramal y por APEL Claudia Ferrero.
Para comunicarse:
Claudia Ferrero 15 5 604 5905 Marcelo Ramal 15 5 690 1943
Contacto Prensa: Mariela 1531651297 // Maura 1540555424 // Teté 1564670066 // Cecilia 1540553294 // Andrés 1558178322 // Olga 1560058303

Estatización de YPF:se profundiza la entrega y crea nuevos millonarios



Por Cesar Raineri (ex ypefiano).-
El nacionalismo postrero, en medio de una crisis capitalista que se agudiza, no puede oponerle al imperialismo y sus corporaciones ninguna perspectiva de salida al atraso. No es nada nuevo. Pero siempre es interesante aportar pruebas y más cuando se suceden aceleradamente.
 
Cuando señalamos en la charla sobre la reprivatización de YPF en Azul que por el hecho de conservar el carácter de S.A (art17) la "nueva "YPF podía venderse ( art 10) al mejor postor o cuando señalamos que las inversiones de una empresa extranjera en la nueva YPF sólo se harían efectivas en la medida que Cristina y Galluccio les tirara un negocio que priorizara en primer lugar las ganancias -para ellas y no para el pueblo argentino-, no estábamos equivocados y si no, veamos.

El diario de Chubut El Patagónico( 18/7) acaba de publicar un trascendido según el cual cuatro empresas yanquis estarían interesadas en invertir en la nueva YPF. Se trata de Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips y Apache, con la condición de que se garantice su inversión, la exportación y el giro de utilidades al exterior, y se lo haga a través de una ley en el Congreso para asegurarse de este modo que el gobierno de turno no les salga con otra expropiación.

Mientras tanto, en la primera reunión de accionistas se acaba de aprobar un pago fabuloso a los directores de empresa de 5 millones de pesos por mes en los 7 meses que restan del año.

Como se ve, en dos días se comprobó que le finalidad de la nacionalización tan festejada por los funcionarios K y la oposición ha servido para anunciar que no se podrá financiar un plan de producción y exploración, lo que casi produjo la renuncia de Galluccio. La entrega a las petroleras extranjeras va acompañada de la garantía de salarios millonarios para un puñado de gerentes, para finalizar con la desesperación de aumentar la producción, mediante la política de depredación ambiental apoyada por Cristina. La empresa Apache (la misma que quiere garantía en las inversiones) ha iniciado el ataque a las comunidades aborígenes de la zona de Vaca Muerta, ya que esta comunidad se niega a la producción de petróleo de pizarra, dado su carácter altamente contaminante. La represión empezó en una zona cercana a Zapala y ya costó dos detenidos y el desalojo de pobladores de las tierras que ocupan desde hace décadas.

El nacionalismo y el populismo no podrán garantizar el control de los recursos energéticos para abastecer las necesidades del pueblo trabajador, sino sólo un macabro espectáculo de negociados y represión.
 

UN NUEVO FIASCO

COMUNICADO AEDD SENTENCIA PLAN SISTEMÁTICO

Sobre la sentencia en el juicio de apropiación sistemática de niños

Una vez mas vemos como la justicia se nos escurre entre los dedos y nos deja un sabor amargo en la boca.

La sentencia en la causa "Plan sistemático por apropiación de niños" fue un nuevo fiasco.

La verdadera dimensión de lo ocurrido la da el hecho juzgado, lo que se juzgó es la aproximación máxima a la figura del genocidio.

El aberrante delito de genocidio abarca:
- matanza de miembros del grupo;
- lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física, total o parcial;
- medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
- traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Todo ello con la intencionalidad, con la sistematización de la ejecución, y se habla de un grupo nacional, étnico, racial o religioso...

Secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron, y un sinfín de delitos más, pero el robo de bebes y el posterior asesinato de sus madres resulta, sin lugar a dudas, el más aberrante de todos los crímenes cometidos por los genocidas.

Vimos, hace pocos días, unas fotos desclasificadas de los registros documentales de la República Oriental del Uruguay que mostraban los restos recuperados en el Río de la Plata de personas que habían sido salvajemente torturadas, maniatadas y arrojadas vivas a las aguas desde los aviones militares. Hasta para los más fogueados resultaba espeluznante ver las muñecas atadas con sogas, los tobillos con cables, el estado de putrefacción de los cuerpos.

Cabe preguntarse entonces, cuántas de esas personas serían esas madres que pocas horas o días antes habían dado a luz para serles robados sus hijos?

Comparado con otros veredictos en otras causas, se ha puesto a este como un delito menor, con condenas acordadas además con una suerte de obediencia debida, donde Videla es más culpable que Bignone o Acosta, en una escala descendente que incluye penas ridículamente leves y hasta absoluciones.

Al partero/torturador Magnaco le correspondió una sentencia por diez años de prisión. Imaginemos si alguna vez hubiese sido capturado Menguele y lo hubiesen condenado por la misma cantidad de años.

Los jueces agradecieron, al inicio de la lectura, desde los operadores de cámaras de televisión hasta los sargentos de la policía que estuvieron de guardia en la sala.

Ni una palabra se dijo acerca del valor del testimonio de los sobrevivientes y los familiares que lucharon contra la impunidad por más de treinta años, sin los cuales no se hubiese podido ni siquiera lograr la exigua cantidad de años que los mismos jueces sentenciaron en las condenas.

Recordábamos, mientras se leía el fallo, a la compañera Nora Wolfson, que tuvo que asistir al parto de Silvia Dameri cuando dio a luz a Maria de las Victorias. Ambas, Silvia y Nora están desaparecidas. A la niña se la apropió el "Piraña" Azic que ya tenía apropiada a otra hija de desaparecidos. Por este hecho Azic no fue condenado.

Videla fue enjuiciado por enésima vez en lo que va de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y punto Final, y ya pesan sobre el varias cadenas perpetuas. En este caso, el más aberrante de todos, se lo condenó a 50 años de cárcel, condena que resulta insultante para las víctimas de este juicio

De los 35 casos que se consideraron en este juicio, 28 personas recuperaron su identidad. De los casi 500 casos de menores apropiados, a 105 se les ha podido restituir la identidad. Faltan 400.

El festejo de estas condenas, sin críticas, nos acerca más a la “reconciliación nacional”, impulsada por los sectores que ven acercarse los juicios a los responsables civiles de la dictadura, que al fin de la impunidad.

Para destruir la impunidad es imprescindible la memoria colectiva, y en este fallo judicial, no estaban los 400.

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