A 11 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES

MAXI Y DARÍO ¡PRESENTES!

El 26 de junio de 2002 Eduardo Duhalde ordenó la represión de una manifestación en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad de Avellaneda. Durante esa jornada, denominada “Masacre de Avellaneda”, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán resultaron brutalmente asesinados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Darío y Maxi fueron parte de los 4.000 desocupados que el 26 de junio de 2002 se movilizaron al Puente Pueyrredón. Junto a sus compañeras y compañeros del barrio, aquella mañana compartieron desde temprano las tareas organizativas para la jornada.

Cada día trabajaban en emprendimientos comunitarios, se organizaban, soñaban. Con su lucha buscaban cambiar la sociedad, construir un futuro con justicia, trabajo y dignidad para todos. Desatada la represión, resistieron con firmeza hasta que fueron asesinados.

Hoy se cumplen 11 años desde que un plan criminal se cobró la vida de Maxi y Darío y fueron heridos más de 30 compañeros integrantes del movimiento piquetero.

Aún se mantiene la impunidad de los responsables políticos.

Juicio y castigo a todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda.

Maxi y Darío presentes. ¡Hasta la victoria siempre!

Aylen Juarez -Ujs PO Azul

Periodista azuleño en plazademayo.com sobre el caso Inza-Requelme

Azul: un caso de corrupción desconocido

Martín Gastañaga -periodista azuleño- en plazademayo.com

04/06/2013 Por @mgastanaga en plazademayo.com

Los casos de corrupción en la administración pública suelen robarse titulares y tapas con cierta facilidad. Sin embargo, el que nos ocupa tiene el privilegio de transcurrir completamente ajeno a la mirada de los medios.

Nadie ha dicho o escrito en Azul que el Intendente José Inza es, por estos días, juzgado en los tribunales de la ciudad, a exactas seis cuadras de su despacho, “por la presunta comisión del delito tipificado en el art.248 del Código Penal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y eventualmente las configuradas por los arts. 172 y 174 Inc. 5º y 256, 256 bis y 258 del Código Penal, estafa a la administración pública y cohecho y trafico de influencias” según dice textualmente la demanda.

 El 31 de agosto de 2012, el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Azul, Néstor Requelme, inicia el expediente licitatorio 2171/12, cuya finalidad era tercerizar el cobro de deudas por tasas municipales que van desde derechos de antena, de publicidad y propaganda, hasta las tasas por recolección de basura, mantenimiento de vía pública, vehículos, higiene y seguridad. Supuestamente, esto se inscribía en un “plan de mejoramiento en el sistema de ingresos por tributos municipales”. La gestión recorría sus primeros meses luego de tres mandatos consecutivos de Omar Duclós, intendente del FAP, y de traumáticas derrotas para un peronismo que triunfaba en todos lados menos acá. Requelme, por su parte, era un joven desconocido para la ciudad, impuesto al intendente desde “arriba”, por ser miembro de la “graN maKro” (ellos escriben así el nombre, poniendo en mayúsculas solo las iniciales de Néstor Kirchner), organización de pensamiento económico ligada al núcleo duro kirchnerista.