viernes, 6 de enero de 2012

El conflicto de la YPF de Olavarría se resolvió con el despido de Nicolás Pintos





LA BUROCRACIA GREMIAL Y EL GOBIERNO KIRCHNERISTA HICIERON LOS DEBERES PARA LA MULTINACIONAL REPSOL 



Política de sintonía fina en Olavarría  



Bajo la amenaza de un despido generalizado contra los 17 trabajadores en paro, la burocracia gremial, el gobierno kirchnerista y la multinacional Repsol asestaron un duro golpe a la lucha de los trabajadores de la estación de servicio YPF ubicada en Pellegrini y Del Valle de la ciudad de Olavarría. 
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Después de mantener tomada la playa de estacionamiento de esa planta de expendio de combustible a la que paralizaron durante más de un mes, la intervención del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio,GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos –Soesgype- llegó con la versión del eventual despido de los 17 trabajadores que sostenían la medida de fuerza y el eventual cierre de la planta, lo que derivó en la decisión de levantar la toma y la huelga, con el despido definitivo de Nicolás Pintos, cuya reincorporación reclamaban los empleados de la empresa.
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Precisamente, el conflicto se inició con el despido de Nicolás Pintos, a través de una directiva que emanó desde las máximas autoridades de la empresa con asiento administrativo en la ciudad de Buenos aires, al día siguiente de ser elegido por sus compañeros para representarlos gremialmente.
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La decisión de erigirlo delegado gremial chocó espontáneamente con la tradición de la burocracia del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos –SUPeH- de imponer su gente y disciplinar las representaciones sindicales, en función de las políticas y los intereses del propio sindicato.
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El gremio le negó identidad sindical a Pintos y también la defensa de su puesto de trabajo, abandonándolo a su suerte y contrariando la naturaleza misma de toda organización sindical.
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La única defensa de Pintos fue a partir de entonces la férrea lucha entablada por sus compañeros, que durante más de un mes permanecieron en el lugar, hasta donde se movilizaron distintas fuerzas políticas, sociales, estudiantiles y gremiales para expresar su apoyo e involucrarse en el reclamo. Capítulo aparte habrá que dedicarle al intendente municipal, José Eseverri, que se abstuvo de intervenir en este proceso y a cambio recibió de manos de Facundo Moyano -Juventud Sindical- un obsequio de fin de año. Y otro especial merecerá seguramente el Concejo Deliberante, que fue incapaz de superar la tibieza del compromiso expuesto en una también tibia prosa impresa en los diarios locales.
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La intervención  del SUPeH, que llegó a convocar a un paro en todas las estaciones de servicio YPF de la Provincia para forzar la resolución del conflicto en la dirección política que se había propuesto, que era la del despido de Pintos, se produjo en sintonía con la empresa Repsol-YPF y el propio gobierno nacional, con las que realizó el pacto de destrucción del frente de lucha, al que vencieron con distintas formas de violencia y mediante coacción.
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Para provocar el despido definitivo de Nicolás Pintos y desarticular a los trabajadores, el SUPeH contó con la colaboración del gobierno nacional a través del propio Julio De Vido, según lo reveló públicamente el mismo titular del Sindicato, Antonio Cassia. Él mismo explicó a la prensa que De Vido le prometió desalojar la planta y a cambio le pidió que levantara el paro en las estaciones de servicio de la Provincia. Favores cumplidos.
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Lo que no podía sincerar Cassia era que De Vido había pactado, además, sobre  la cabeza del delegado de los trabajadores olavarrienses. Nicolás Pintos tampoco le convenía al gobierno ni a Repsol-YPF.
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Una demostración más de la forma brutal bajo la cual burocracia sindical, capital y Estado se asocian contra los intereses de los trabajadores. Los aparatos sindicales se encuentran enajenados en manos de estamentos burocráticos  al servicio de la defensa de los intereses empresarios. Y lo hacen a cambio de que les liberen los negocios particulares y enriquezcan sus propios patrimonios personales. El capital se asegura así la sumisión que necesita para seguir realizando sus millonarias extracciones. Sólo a cambio de chirolas. Todos tienen lo suyo en  ese concierto fabuloso de fluctuación de favores.
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Sin embargo, la conciencia de la clase trabajadora es un camino abierto que se ensancha a lo largo de estas luchas. Cada vez que la experiencia obrera debe pasar la prueba de estas confrontaciones, personeros como los que debieron sufrir en Olavarría quedan expuestos a los ojos del pueblo. Cuanto más desnudos pueda vérselos, más fuerte será, y más urgente, el salto cuantitativo que los coloque en el lugar que la conciencia obrera les tiene reservado.
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Por la recuperación de los sindicatos, contra la burocracia sindical.
La lucha continúa.
Nicolás Pintos no se negocia.

Diez años después, se desarrolla un 'argentinazo' mundial




El artículo que sigue fue solicitado por la Nueva Corriente de Izquierda de Grecia en ocasión del décimo aniversario de la crisis argentina de 2001.


Jorge Altamira (Prensa Obrera, para ARGENPRESS.info)

Diez años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro' de los de abajo y la confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo. La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas, universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración! del décimo aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal.


La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida' a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de supervivencia del capital.

El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido posible.

El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda ! externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que, a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de provincia.

La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días ! de su triunfo electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una crisis final.

Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un retorno al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico.

La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En las elecciones recientes, el Fr! ente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de una crisis mundial imparable.

Del traspaso al tarifazo: Los K entregan el subte al mayor privatizador




Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El anuncio del traspaso del subte a la órbita de la Ciudad puso de manifiesto que este servicio privatizado funciona con la friolera de 800 millones de pesos del Estado nacional. Mientras se sostiene a los privatizadores -en este caso el grupo Roggio-, éstos someten a usuarios y trabajadores al mayor de los desquicios. Si de "racionalidad" económica se trataba, el traspaso era la oportunidad de poner fin a esta operación parasitaria, terminando con la concesión privada. En lugar de ello, el gobierno "nac y pop" le traspasó a la Ciudad el paquete intacto del subte privatizado, pero con un agravante: el receptor del "paquete" es el macrismo -o sea, un privatizador. El traspaso, por lo tanto, refuerza la tendencia privatizadora, sobre todo el transporte público.

Roberto Pianelli, secretario general del sindicato de trabajadores de Metrovías, se manifestó "preocupado" por "empezar a formar parte de las políticas macristas, que no son las mismas que la del gobierno nacional". Pero el dirigente no se pregunta por qué, siendo ‘distintos', los K han aceptado entregarle el subte a los derechistas. La razón es que unos y otros defienden el régimen de privatizaciones y, principalmente, la garantía que éstas requieren para sus operaciones económicas futuras: el tarifazo. En la legislatura, el kirchnerismo le habilitó a Macri operaciones de endeudamiento usurario, uno de cuyos destinos son las obras del subte. Pero el capital financiero y la patria contratista exigen para estos negocios garantías "sólidas", o sea, que los ingresos del subte no dependan de los subsidios estatales sino de l! as tarifas. A partir de esto, se entiende por qué el Estado nacional sólo cubrirá el 50 por ciento del actual subsidio a Metrovías, en tanto que la otra mitad, a cargo de la Ciudad, ni siquiera está prevista en el presupuesto que acaba de votar la Legislatura. Al hacerse cargo del subte, Macri señaló que era necesario "un plazo de 90 días para estudiar las condiciones del servicio". Pero ese desconocimiento no le impidió calificar al actual valor del boleto como "deprimido" o "desactualizado". Al mejor estilo de Boudou-De Vido, van a premiar a los privatizadores con un tarifazo "a libro cerrado".

Los voceros macristas ya han advertido que a los cálculos actuales de aumento del boleto habrá que agregarles "el costo de las paritarias" (Ambito, 4/1). Con la eliminación parcial de los subsidios, el gobierno PRO se apresta a responsabilizar del aumento de las tarifas a los aumentos de salarios y, sobre esta base, promover una oposición definitiva entre trabajadores y usuarios. Ya está en marcha una extorsión sobre el salario y las condiciones de trabajo de los obreros del subte, convidados de piedra en el "traspaso".

Está claro, a partir de lo anterior, la oposición a cualquier tarifazo y la exigencia de que se abran las cuentas y costos del subte privatizado. Esa medida elemental pondrá de manifiesto el parasitismo de Roggio, que los trabajadores tantas veces denunciaron. Junto con ello, exijamos la intervención del sindicato del subte en todas las tratativas del traspaso, para defender toda la agenda de reivindicaciones obreras que están pendientes.

El asesinato de los tres militantes populares del Frente Darío Santillán


CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES



El nuevo año amaneció en Rosario de la peor forma. Tres militantes del Movimiento 26 de Junio, integrantes del Frente Popular Darío Santillán, fueron asesinados. Aunque la Policía Santafesina raudamente instaló versiones intrigantes de que se trataba de un “ajuste de cuentas”, disputas entre bandos, intentando confundir a las víctimas con los asesinos, rápidamente la verdad salió a la luz.

Gracias a la investigación de sus propios compañeros de militancia, vecinos y testigos del Barrio Moreno, se supo que a Jeremías “Jere” Trasante (17), Adrián “Patom” Rodríguez (20) y Claudio “El Mono” Suárez (19) los asesinó por error una facción de la barrabrava de Newells.

Seguir leyendo ACÁ

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El comunicado que emitió el Movimiento en el que militaban los pibes asesinados:

Ningún ajuste de cuentas: asesinaron a tres pibes inocentes


Los hechos sucedidos durante la madrugada de ayer en el barrio Moreno, cuyo desenlace arroja el lamentable saldo de tres muertes jóvenes, desencadenaron una serie de aseveraciones que distan enormemente de la realidad.
En este angustiante momento, nos vemos obligados a replicar los chorros de tinta que se han empeñado -nuevamente- en la cada vez más desvergonzada y mecánica reacción por parte de los medios ante este tipo de hechos criminales: ningún ajuste de cuentas, ninguna "venganza por un atentado previo"; masacraron a tres pibes de familia, tres compañeros de nuestro movimiento que se empeñaban todos los días en llevar adelante proyectos comunitarios que incluían a la juventud del barrio.
Por todo esto, por la memoria de nuestros compañeros y el desagravio de sus familias, no vamos a permitir que se difame el nombre de nuestros pibes, compañeros, amigos y hermanos...
En primer lugar, hay que aclarar que ninguno de los pibes tenía antecedentes penales, versión que circuló inmediatamente después de la masacre. Desde ya que ninguno de ellos estaba armado; quienes conocemos a los pibes no podemos menos que indignarnos frente a la estúpida hipótesis de "un enfrentamiento". Es sintomático que en las páginas de los matutinos convivan a pocos párrafos de distancia, la hipótesis de nuestros pibes haciendo fuego y la veracidad del ocultamiento policial de uno de los sospechados de asesinar a nuestros compañeros.
Hacía poquitos días, junto al Jere, el Mono y el Patón (al igual que junto a tantos otros compañeros y compañeras que participamos en el Movimiento), celebrábamos el fin de un año en el cual habíamos realizado algunos de nuestros sueños: construimos nuestro local y refaccionamos una canchita del barrio (ambos a 40 metros de donde los pibes fueron ultimados); después de mucho laburo, juntando moneda por moneda, pudimos viajar con todos nuestros pibes al Campamento Nacional de Jóvenes de nuestra organización; y pensábamos arrancar en febrero con los ensayos de la banda de cumbia que tanto entusiasmaba al Patón. "Nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina", decía El Patón, un pibe incansable a la hora de meterle el cuerpo a los sueños.
Eso eran los pibes: pura voluntad de salir adelante, de cuerpearle al estigma de "vivir en un barrio"; y alegría, sobre todo alegría... Todavía resuenan algunas carcajadas del Jere, aunque nos quieran vender que nuestros pibes eran poco más que delincuentes.
En este dificilísimo momento, no podíamos sino escribir estas líneas de desagravio, palabras que ya reflejan enormes ausencias y la predisposición a no olvidarlos nunca...
El Patón, el Jere y el Mono viven en cada uno de nosotros, sus compañeros y familiares.

Movimiento 26 de Junio - Frente Popular Darío Santillán



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