domingo, 6 de mayo de 2012

La Corte Suprema contradice el derecho a la “vivienda digna”



En Prensa Obrera | Por Mauro Cristeche
El martes 24 de abril, la Corte Suprema de la Nación ordenó al gobierno de Mauricio Macri que garantice un alojamiento adecuado a una mujer y su hijo discapacitado, que se encontraban en situación de calle y “extrema vulnerabilidad”.
El fallo fue elogiado por los medios, tanto oficialistas como opositores. Los oficialistas aprovecharon para criticar la política habitacional de la gestión PRO. Los opositores, en cambio, alertaron contra “un precedente que puede ser invocado por personas que viven en cualquier parte del país (…) (y) que el fallo tenga un impacto fiscal. En la Ciudad afirman que hay 600 casos similares y 250 ya están en estudio del alto tribunal” (La Nación, 25/4). Pero la Corte se curó en salud: “No hay un derecho, aclaró, a que todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial”, porque el derecho a pedir una vivienda “no existe en ningún lugar del mundo”.
En realidad, el fallo no es más que una denuncia involuntaria, fulminante, del régimen social.
Aunque en apariencia pueda parecer lo contrario, la sentencia está lejos de ser “progresiva”.
Más allá de este caso puntual, la Corte ha efectuado una interpretación restrictiva y reaccionaria de la Constitución Nacional.
Primero, aunque afirma que el derecho a la vivienda digna está reconocido en el artículo 14 bis de la CN, en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en varias leyes porteñas e incluso en decretos, concluye que son los jueces los que deben interpretar su razonabilidad. Un derecho, sin embargo, sometido a un criterio de ‘razonabilidad’, deja de ser un derecho.
Ahora bien: ¿qué es “razonable” para la Corte? Cuando ese derecho está relacionado con “una amenaza grave para la existencia misma de la persona”. “La clave del fallo, dice La Nación, es que quien quiera demandar a la Ciudad o alguna provincia para obtener un beneficio similar deberá probar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema”. No estamos, entonces, ante una aplicación del derecho sino ante una emergencia humanitaria.
Lo curioso es que la urgencia de una “vulnerabilidad extrema” choca con la extensión, costo y dilación del proceso judicial que debe hacer valer ese derecho. El proceso judicial se mofa de la condición de “operativa y con vocación de efectividad” que reclama la Constitución Nacional.
La Corte no sólo rechaza que “el derecho a la vivienda” implica el derecho a un mecanismo judicial que pueda responder a la “urgencia” de estos casos (que en sentido estricto no lo hay), sino que desdeña cualquier acceso. Pero, no obstante, el núcleo del asunto es que la salida al problema habitacional por la vía judicial es una completa estafa. Aunque la Justicia acogiera favorablemente todos los casos que le lleguen, actualmente la Corte Suprema tiene 250 casos, que corresponden a todo el país, y sólo en la Capital hay, según el propio Macri, más de 140.000 familias con problemas de vivienda. El mismo cuadro de derrumbe les cabe a todos los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, mientras la construcción para la especulación inmobiliaria está en el orden del día, y mientras reprimen furiosamente cualquier lucha por la vivienda, como ocurrió con la comunidad Qom y otros tantos.
El fallo demuestra expresamente que la declaración de derechos es un eufemismo o palabrerío. Las instituciones capitalistas y sus políticos no pueden ofrecer ni la más mínima respuesta real a un asunto elemental de la vida humana.
El fallo de la Corte es una muestra del derrumbe del derecho y de la necesidad de que los trabajadores tomen el destino propio en sus manos.

El plan Houston, la privatización de YPF que arrancó con Alfonsín


 |  Por Alejandro Guerrero

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por una vía similar a la que se pretende transitar ahora: la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.
Además, YPF firmaba de continuo contratos con pulpos petroleros privados a los que se cedían las áreas más pobladas. La empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, en 1983, YPF, siendo la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina, tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas).
Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales -los pulpos petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. Otro robo en regla. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían (como ahora) que no hubiera capitales ni para pensar en inversiones.
Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos; es decir, a los monopolios petroleros (como ahora). Eso fue el plan Houston, llamado así porque el Presidente lo anunció en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. Por decreto, sin intervención del Congreso Nacional, se ofrecieron en licitación 1,3 millones de kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por 30 años.
En 1983, cuando el partido radical llegó al gobierno, YPF tenía reservas petrolíferas por 390 millones de metros cúbicos. En 1988, tres años después de lanzado el plan Houston, esas reservas habían caído a 362 millones de metros cúbicos. Ese solo dato señala el fracaso ruidoso de aquella entregada.
¿Por qué entregada?
Entre muchas otras, pueden enumerarse cuatro razones:
1) muchas regiones cedidas a los pulpos ya habían sido exploradas por YPF, con evaluaciones sísmicas y perforaciones. No había allí, por lo tanto, el anunciado ‘riesgo minero’ que según el gobierno asumirían las compañías extranjeras;
2) por imposición de los monopolios petroleros, los capitalistas locales sólo podían intervenir en las licitaciones si se asociaban con capitalistas del exterior;
3) todo el proyecto se orientaba hacia las exportaciones, no a atender las necesidades del mercado interno;
4) YPF se vio obligada a ceder áreas que ya tenía en explotación.
Aquello, de todos modos, empezó mal: se licitaron 165 áreas, pero de 105 ofertas sólo pudieron aceptarse 77. Los pulpos petroleros tomaron por asalto las explotaciones que YPF ya había explorado o ya tenía en explotación, y no hicieron (como ahora, durante los 10 años de gobierno K) una sola inversión de riesgo.
Fracasado el Houston, su impulsor, Rodolfo Terragno, ministro de Obras y Servicios Públicos, diseñó el Petroplán, que promovía la asociación de YPF con capitales privados para explotar áreas centrales (como ahora). Con el Petroplán comenzó la privatización de la petrolera estatal, proceso que Carlos Menem, respaldado entusiastamente por los K, culminaría en 1992.

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