Con la frustrada privatización de la recaudación de los ingresos públicos, Inza estuvo a punto de dar un salto cualitativo a favor del modelo neoliberal que el kirchnerismo desmiente en el discurso, pero produce en los hechos. Lo que Ménem no logró casi lo consigue el intendente de Azul de la mano de la graN maKro, frente a una oposición que se autoproclama defensora de la "institucionalidad" pero no discute el modelo -
Por Jorge Moreno (Partido Obrero)
Se llevó a
cabo la sesión especial convocada por el presidente del Consejo Deliberante a
pedido de las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP) y Unión Cívica
Radical (UCR) para tratar el proyecto de pedido de interpelación al Intendente
Municipal en relación a la concesión a una empresa privada (TIPSA) de la
persecución y cobro de las deudas por todas las tasas municipales vigentes.-
Desde antes
del inicio mismo de la sesión, se advirtió la existencia de distintos criterios en
la bancada oficialista, con mayoría propia con la cual imponer el rechazo de la
medida. Sin embargo, no se hicieron presentes en el recinto dos de los tres
ediles más fieles al Intendente, como son el moyanista Colman y el hermano del diputado provincial Caputo, ya que sólo hizo acto de presencia el gremialista
de Luz y Fuerza, Rancez.-
Al no subir
el Intendente al Concejo a dar explicaciones a sus integrantes como lo venía reclamando la bancada del PRO -Carús y Ortíz Masey-, en un
claro mensaje a favor de la alianza que se está tejiendo entre el FpV y el macrismo –coincidieron en votar para la reforma de la Ley de riegos de trabajo y en la privatización de
las tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires para favorecer los negocios
inmobiliarios- y con la excusa de conocer las posibles consecuencias de una rescisión
unilateral del contrato de concesión, el voto positivo de ese bloque era cantado.-
Todos los
concejales, sin excepción, coincidieron en que el procedimiento administrativo
impreso al llamado a licitación no respetó, ni siquiera mínimamente, las normas
legales, reglamentaciones y exigencias impuestas para ese tipo de convocatoria,
definiéndolo como erróneo, irregular, horrendo, no ajustado aquellas
exigencias, etc., pero llamativamente ninguno habló de ilegalidad, que es de lo que se trataba. El único que hizo una referencia al respecto fue el
Concejal Conti, quien manifestó que sí las bancadas proponentes así lo
consideraban deberían concurrir a la justicia para promover la investigación
pertinente.-
Rancez,
Croharé, Conti, Bevacqua y Puppio -todos del bloque oficialista- pusieron de manifiesto
que era evidente que, tal como él mismo se los había reconocido a algunos de
ellos, el intendente había sido engañado, endilgándole toda la
responsabilidad únicamente al renunciado Secretario de Economía y Finanzas,
Requelme, a quien sin embargo no sometió a proceso administrativo ni penal
alguno. Todos ellos se manifestaron simultáneamente consecuentes con el modelo
nacional –Scioli alevosamente omitido por Croharé a pesar de estar inserto en
la boleta electoral que exhibió-, el que según ellos “ideológica y
filosóficamente” no participaba de la política de privatizaciones y
tercerizaciones propias del menemismo neoliberal.-
Sí
consideramos que el Concejo Deliberante es un espacio más que adecuado para
debates políticos –permanece en el buen recuerdo aquellos fructuosos que se
entablaban en los primeros períodos de la vuelta a la democracia-, nunca podría
justificarse que la oposición dejara
pasar esa oportunidad para discutir semejante impertinencia, salvo que ambos compartan,
como de hecho lo es, modelos sustentados en una misma posición ideológica y filosófica, legitimadoras de una economía más o menos liberal, más o menos intervencionista, pero siempre al servicio del capital.
Aún dándole
la derecha al Intendente en la versión de los ediles del bloque oficialista,
acerca de que fue engañado, el interrogante es saber en qué aspecto lo fue. Y
la respuesta no es otra que el único y exclusivo aspecto en que puede haberlo
sido, que es el referido al procedimiento administrativo y no sólo por
Requelme, porque tuvieron intervención otras áreas del Ejecutivo. Aseveramos
esto porque si fuera verdad la posición ideológica y filosófica que declamaron
los ediles y que repite continuamente Inza con su proclama, de total adhesión
al modelo cristinista, es imposible que políticamente se lo hubiera engañado,
porque cualquiera fueran las tasas cuyo cobro se perseguía, ante el planteo
inicial se hubiera manifestado disconforme y la licitación ni quiera se hubiera
iniciado. No existió engaño en ese aspecto, por el contrario, la propuesta se
adecuaba totalmente al modelo nacional. A este modelo adhiere públicamente la
“Gran MaKro” –integrada nada más y nada menos que por el vicepresidente
Boudou-, grupo al que precisamente responde e integra el ideólogo de la
privatización del cobro de las tasas –Requelme-, aplicando sin dudas las
políticas recaudatorias de “caja” política o personal que implementan desde ese
agrupamiento. Las AFJP
fueron nacionalizadas –nacionalización que no merece crítica en ese aspecto-,
por consejo de ese grupo para asegurarle al gobierno la disponibilidad de
recursos financieros a escasísimo costo para el Tesoro mediante la colocación
de bonos en la ANSES por los que abonan intereses según el índice de inflación que confecciona el
INDEC, descapitalizando el fondo de sustentabilidad de la administración nacional de seguridad social. Por
esa idea Boudou fue premiado con su candidatura a vicepresidente. El modelo
nacional terceriza la impresión de la
moneda de curso legal y la adjudicataria –casualmente ?- es “Ciccone”, empresa
que es objeto de investigación judicial porque hay sospechas de que, a través
de testaferros, pertenece a Boudou quien siendo Ministro de Economía aconsejó a
la AFIP pedir el
levantamiento de la quiebra en condiciones favorables que no reconocían ningún
tipo de antecedentes.-
Los datos objetivos indican claramente que el
modelo nacional y popular participa de la política de privatizaciones,
tercerizaciones, etc., en que nos sumergió el gobierno neoliberal -también peronista-
de Menem y continuó la Alianza
–también integrada por peronistas- en el de De La Rúa, no sólo porque desde
Santa Cruz Néstor como gobernador y Cristina como legisladora también
adhirieron, sino además y fundamentalmente porque desde el 2003 hasta ahora se
mantienen y hasta se profundizan. En materia de telefonía celular el gobierno
creo ARSAT como organizador oficial de la distribución de las frecuencias que
hasta ese momento compartían empresas privadas (Claro, Movistar, Personal), con
énfasis en que debía procurar el ingreso de otras empresas y especialmente de
pymes. Desde entonces y hasta ahora ARSAT distribuyó siete señales, pero lo
hizo a dedo, favoreciendo el capitalismo de amigos. El servicio público de
telefonía aún permanece en manos de las extranjeras Telecom y Telefónica –esta
última, a pesar de la prohibición expresa de la Ley de medios, actualmente es propietaria de
Telefé- y ambas, como la propia presidenta lo ha reconocido, precisamente a
través de esa ley están a punto de convertirse en monopólicas del triple play
(teléfono, televisión e internet) por disponer de fibra óptica. El servicio
público de ferrocarriles continúa privatizado en manos de los empresarios
amigos, Ciriglianoy Roggio y, además, sumamente subvencionados, con aportes que
en vez de destinarse a la mejora del servicio pasan a engrosar los bolsillos de
los mencionados, como ha quedado demostrado con la tragedia de Once y con las
pruebas que se producen en el juicio que se le sigue a Pedraza –Secretario
General de la Unión Ferroviaria
que integra la CGT
oficialista (Balcarce) y a otros por la muerte de Mariano Ferreyra y lesiones a
Elsa Rodríguez y otros militantes del Partido Obrero cuando protestaban contra
la tercerización por parte de la cooperativa de la que aquel es propietario. La
mayor porción en cantidad y calidad de los pozos de petróleo explotados están
en manos de empresas extranjeras, algunos han sido otorgados a empresarios
amigos (Vila y Manzano, Cristóbal López) y en poder de YPF han quedado los
restantes. No es cierto, como lo quiere hacer aparecer Croharé, que esa empresa
ha sido nacionalizada o estatizada, después de que se decidiera expulsar a otro
capitalista amigo –Eskenazi-, la propia Presidenta ha reconocido ante los
inversionistas extranjeros que se ha tratado de una reprivatizada que cambió de
socio, ya no es REPSOL ahora es la yanqui CHEVRON. Las empresas proveedoras de
energía eléctrica (EDENOR, EDESUR) son privadas; gran parte de la provisión de
gas proviene de importaciones que provocan una inmensa sangría anual de
dólares. Las licitaciones que se han abierto para medios televisivos y radiales
conforme a la Ley
de medios son absolutamente prohibitivas para organizaciones independientes,
sociales, estudiantiles, por el elevadísimo costo del pliego y, en la zona, por
lo que sabemos, la única favorecida ha sido la cooperativa “Resonancia” que es
presidida por el subsecretario de planeamiento del municipio y esposo de
Croharé, Héctor Pitluck. A nivel nacional los favorecidos con la compra de
medios en abierta violación a las pautas legales y con la publicidad oficial,
también son los amigos, Spolki, Cristóbal López, Vilas y Manzano. Aerolíneas
Argentinas, que sí fue nacionalizada, tiene un enorme déficit financiero y
operativo y está totalmente limitada a prestar el servicio de cabotaje
(interno) y se ha visto obligada a asociarse a la privada “SKY TEAM” para
cubrir el internacional. La megaminería está totalmente en manos de empresas
extranjeras exentas del pago de regalías y tributos adecuados por la extracción
y exportación de los minerales. Como lo pusiéramos de manifiesto antes, la
impresión de billetes de la moneda en curso está en manos de “Ciccone” y las
monedas son acuñadas en Brasil. Gran parte del suculento negocio del juego
(casinos, bingos, hipódromos) están siendo explotados por amigos, entre ellos
el multiempresario Cristóbal López. Las rutas nacionales siguen con el sistema
de peaje inventado por Dromi –personaje que sigue asesorando al gobierno- en la
época de Menem y, las más recaudadoras, como la Ruta 2 o la Costera, entregadas a concesionarios amigos
(Roggio, Cirigliano).-
A pesar de
todos estos datos objetivos, demostrativos de la falsedad del discurso
ideológico y filosófico del oficialismo, las bancadas opositoras evitaron
entrar en el debate específico para desnudarlo y los denunciantes de las
ilegitimidades a través de una conferencia de prensa -y no en el recinto del
poder controlador a pesar de actuar “en defensa de las instituciones”- aún no
han recurrido al poder que, según el sistema republicano de gobierno, es
controlador de los otros, como es el judicial. Lo han hecho, en el primer
aspecto, porque sus convicciones ideológicas y filosóficas son coincidentes. Sino
cómo se explica que el PRO haya apoyado la nefasta reforma al régimen de las
ART y que el moyanismo –al que pertenece el ausente concejal Colman- no haya
votado en contra de esa reforma, optando por retirarse del recinto (Moyano) o por
abstenerse (Recalde) o que el cristinismo lo haya hecho en el proyecto del PRO
de privatizar tierras fiscales de la ciudad de Buenos Aires para destinarlas a
negocios inmobiliarios o que los legisladores del FAP y la UCR hayan aprobado en la Provincia de Buenos
Aires un presupuesto que no sólo contiene un impuestazo, sino que además
denuncia un severo ajuste en la planta laboral administrativa en todos los
órdenes al no prevenir la cobertura de vacantes, mucho menos aumentarla y ni
siquiera proyecta un aumento salarial. En el segundo, porque en realidad, a
quien se quiere salvar es al propio Intendente y al hacerlo así,
paradójicamente, permiten que el único responsable según coincidencia entre
ellos, Requelme, también goce de impunidad.-