Después de los anuncios de quita de subsidios (tarifazos), la rebelión contra
el ajuste en Santa Cruz ha planteado otra crisis política en el debut de 2012.
Pero Santa Cruz es solamente un espejo. Santa Fe arranca 2012 con un déficit que
La Nación califica de "inédito", para no decir que había sido ocultado (al
déficit corriente, hay que sumarle las deudas millonarias de la provincia con
comunas y municipios). El mismo cuadro se avizora en Buenos Aires y Córdoba. De
la Sota ya anunció un "techo" de aumentos para los sueldos estatales del 12%; en
la capital de la provincia, el nuevo intendente pretende declarar la cesación de
pagos. Mendoza, por su parte, anunció un congelamiento de salarios en 2012. En
Río Negro, antes de dejar este mundo, el gobernador Soria canceló los contratos
de 4.500 trabajadores precarizados y pasó "a disponibilidad" (revisión de
funciones) a otros 20.000 efectivos. La rebelión de la provincia de Santa Cruz,
en este cuadro, marca tendencia.
Las provincias y el final del "modelo"
Con la quiebra de las provincias, estalló otra de las contradicciones del
kirchnerismo. La contrapartida del superávit fiscal del Estado nacional, que el
gobierno exhibía como una expresión de "fortaleza", era la asfixia económica de
las provincias. De igual modo que la Anses, los trabajadores y el pueblo del
interior contribuyeron a bancar el pago de la deuda pública y los subsidios a
los capitalistas. Los Scioli, De la Sota y otros aspiraban a postergar sus
crisis a través de la emisión de deuda en el exterior, pero el default europeo
ha derrumbado esa posibilidad. Como alternativa, provincias como Córdoba o
Mendoza estudian endeudarse en el mercado local, pero sólo podrían hacerlo a
tasas de interés usurarias debido al peligro de una devaluación del peso; en
dólares, quedarían sujetos a una hipoteca temeraria. En Chubut y en Salta se
tramitan préstamos garantizados por las regalías petroleras, lo cual supone que
aumente el precio de los combustibles. El plan de refinanciación de las deudas
provinciales por parte del Estado nacional -anunciado días atrás por Cristina y
los gobernadores- tiene como condición la única salida que le queda a los K: el
ajuste.
La Cámpora
La decidida intervención sindical aprovechó la fuerte crisis de camarilla
(que aqueja desde hace tiempo al oficialismo provincial) para frenar al ajuste.
Esta circunstancia -ausente en principio en Río Negro- podría reaparecer en esta
provincia después de la muerte de Soria. Los de La Cámpora eran más ‘ajustistas'
que el propio Peralta, para poder voltearlo más tarde y gobernar con el trabajo
sucio realizado. Ahora: si Peralta renuncia, el ajuste lo tendrán que hacer "los
muchachos"; por eso no es casual que critiquen por igual "al gobierno y a los
sindicatos" por haber consentido "privilegios" -esto en referencia a los
derechos jubilatorios o de negociación colectiva de docentes o estatales. Ha
quedado claro que el único papel de la juventud kirchnerista es el de oficiar de
cortesana del "ajuste".
Nuestro planteo
El ‘ajuste' tiene reservado un lugar especial para los trabajadores del
Estado y para los jubilados. ¿Qué desafío nos plantea? Después del discurso de
Moyano en Huracán, el secretario general de la CTA, Michelli, le propuso un
frente único a la CGT de carácter genérico. La intención es ponerse bajo el
alero de la burocracia cegetista para protegerse del ajuste. Esa política
representa un callejón sin salida, porque la burocracia no tiene intención de
sabotear el ajuste, sino de salvar sus posiciones políticas y económicas. Un
planteo de frente único con la CGT es válido si está acompañado de una
movilización en gran escala de docentes y empleados públicos. La convocatoria a
un congreso nacional de delegados de trabajadores del Estado, con mandatos de
asambleas, es absolutamente necesaria. No solamente está planteada una enorme
movilización de fuerzas, sino también un programa alternativo, una salida para
que el movimiento obrero no se vea en la situación de tener que defender el
status quo actual que se cae por todos lados. Por ejemplo, es necesario oponer
al ajuste en el empleo y de los ingresos de los trabajadores, un impuesto
progresivo a la oligarquía del capital agrario, nacionalizar los recursos
estratégicos y capturar por ese medio los ingresos que se apropian los grandes
capitales. El ‘loco' Soria no solamente lanzó un plan de despidos, sino que
abrió paso a la minería a cielo abierto -esto en abierto rechazo a la Ley de
Glaciares. La agenda sindical contra el ajuste plantea un cambio radical de
metodología del movimiento obrero, que la burocracia es incapaz de llevar
adelante. En lugar de abrir una cuota de confianza en ella, es necesario
denunciar sus limitaciones y, por medio de la agitación y la organización,
preparar el ascenso de una nueva dirección en el terreno de la lucha.
Que la CGT y la CTA convoquen a un Congreso de Bases contra el ‘ajuste'.
Ningún despido, defensa incondicional de los derechos previsionales, por el
82% móvil, que la Anses sea dirigida por trabajadores y jubilados. Defensa de
las obras sociales, control obrero de la medicina privada y nacionalización de
los grandes laboratorios y sanatorios. Ajuste automático de los salarios con la
inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y
rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en las
provincias. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores
y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el
pueblo.