martes, 27 de septiembre de 2011

Telefónica dice NO al Instituto de Formación Docente nro. 2 de Azul

¿La mano de Duclós?
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Información en El diario de Azul

El edificio de Telefónica de Argentina en Azul, donde funcionara el ex correo, fue cedido en comodato por la empresa a la Comuna. Luego de que la Provincia dictaminara a favor de que el inmueble fuera utilizado por el Insittuto Superior de Formación Docente y Técnica nro. 2, actualmente sin edificio propio, se desató el conflicto. Movilizaciones y marchas de la comunidad educativa llevaron al intedente Duclós a declarar públicamente estar dispuesto a renunciar a ese comodato. Sin embargo, la decisión de la empresa sorprendió en la jornada de hoy: al Instituto, NO. 

Azul Under Fest: Aguanten los músicos!!!


Información sobre la irrupción de los inspectores y la policía en el Centro Cultural ADIFA, cuando se desarrollaba el Festival de Rock, en La Ventana diario digital.

A 10 años de la toma de Zanón

 Dos años de la Expropiación

Lavaca.org
El 1º de octubre se cumplirán 10 años de la toma de la fábrica Zanon de Neuquén por parte de sus trabajadores. Lo celebrarán el 8 de octubre en Zanon con Bersuit , Arbolito y bandas neuquinas, mientras la jueza de la quiebra avaló la Ley de Expropiación aprobada por la legislatura neuquina hace dos años, que por demoras del gobierno provincial aún no se ha materializado. Raúl Godoy explicó a lavaca: “Eso es central para acceder a la renovación tecnológica de la planta”.
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Zanon
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Como si el tiempo no existiera, ya van dos años desde que la legislatura neuquina aprobó la expropiación de la fábrica de cerámicos Zanon sin que ésta se concrete. Godoy: “Como no hubo movimiento, empezaron a aparecer presentaciones de la familia Zanon, y gente de la vieja burocracia que quedó desplazada del sindicato ceramista. Lo que hacían era pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación”.
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La estafa que salvaron los obreros
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La jueza Valeria Pérez Cazado no dio lugar a ese reclamo empresario. Explica Raúl Godoy: “Rechazó esa intención de voltear la Ley, y planteó que después de intentarse vender la fábrica, desalojarla, rematarla, nunca se pudo porque está ocupada por los trabajadores, y todas las situaciones que se intentaron para terminar con eso provocaron conflictos sociales y políticos a nivel provincial y nacional. Entonces, lo único que corresponde es concretar la operación”. La jueza acuerda incluso con el monto pactado, de 23 millones de pesos para los acreedores, principalmente el Banco Mundial y SACMI. ”Nosotros no estamos de acuerdo, porque además esa quiebra fue fraudulenta. Fue un vaciamiento en el cual los acreedores tienen responsabilidad, y por esa estafa la propia familia tiene condena firme en su contra. Pero bueno, ese es un arreglo del gobierno con los acreedores del cual permanecemos al margen”.
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Renovación tecnológica y control obrero
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La expropiación deja la fábrica en manos de la Cooperativa FASINPAT (Fábrica Sin Patrón). La propuesta de estatización bajo control obrero, reclamada por los trabajadores, queda por ahora en esta otra opción: una cooperativa dirigida por la asamblea, que deja la fábrica bajo control obrero y ante la posibilidad de un horizonte de crecimiento. Explica Godoy: “En la industria ceramista se sabe que cada cinco años hay que hacer el proceso de renovación de tecnología para modernizar la planta y mejorar la producción. Nosotros llevamos 15 años sin poder hacerlo. Los últimos 5 de la patronal (de 1996 al 2001) con todo el vaciamiento, y los 10 que llevamos a cargo de la fábrica. No tenemos acceso al crédito porque todo queda supeditado siempre a la cuestión de la propiedad final de la fábrica. Esto nos puede dar otra posibilidad”.
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4.000 por mes, y más
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Eso también incidirá en los ingresos de cada trabajador de Zanon, que hoy rondan los 4.000 pesos mensuales. “No vinimos para estar mal, creemos que podemos aumentar esa cifra y seguir creciendo, teniendo en cuenta que estamos usando un 40% de la capacidad de la planta”. Y todo sin otro capital que el humano que, queda visto, es el crucial.
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La expropiación sólo obligará a los trabajadores a priorizar al Estado en sus ventas de cerámicos para obras públicas: “Ojalá siempre pudiéramos hacerlo. Nos encantaría que se construyan cada vez más viviendas, más escuelas y hospitales, y que sean con materiales Zanon”. La fábrica bajo control obrero viene donando materiales permanentemente para proyectos sociales y comunitarios.

Circuito Camps


 
Puesto Vasco y COT 1 Martínez, dos centros clandestinos claves
 
Hoy se leyó en la audiencia los hechos vividos de cada una de las 70 víctimas con pruebas específicas, entre ellos parte de las familias Graiver y Papaleo. Mañana continúa desde las 9.30 con la etapa de indagatorias
 
PRENSA Y DIFUSIÓN APDH LA PLATA
(26SEPTIEMBRE2011) Pasadas las 10.30 el ruido de las esposas irrumpió las voces del escenario de la Ex – Amia en el inicio de la tercer semana de audiencias. Detrás de los 26 imputados se abrazó sobre las rejas un pañuelo con el rostro vacío de Jorge Julio López. Mientras tanto, una docena de personas se inundó de ropaje con la inscripción del Servicio Penitenciario Bonaerense, y algunos portaron armas de fuego.
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El proceso de lecturas de acusaciones comenzó la etapa final. La Secretaría del Tribunal se centró en los hechos ocurridos en dos de los seis centros clandestinos ilegales de detención que comprende el juicio: Puesto Vasco y COT 1 (Centro de Operaciones Tácticas) Martínez.
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Puesto Vasco funcionó en la zona de Don Bosco en Buenos Aires. Desde el 10 de octubre de 1966 al 25 de agosto de 1970 funcionó como una Subcomisaría, según consta en los registros leídos. El 24 de marzo de 1976 ejerció como Centro Clandestino de Detención hasta el 19 de diciembre de 1977, con secuestros, torturas y tormentos. Luego, la Seccional de Cuatrerismo de Lanús la ocupó con autoridades militares.
Los testimonios en el Juicio por la Verdad son evidentes: alimentación deficiente, celdas húmedas, ausencia de colchones, escasa iluminación e higiene precaria acompañaron a los interrogatorios seguidos de torturas con golpes y picana eléctrica.
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Por su parte el COT 1 Martínez (“Coti” en la jerga) se ubicó en San Isidro, Buenos Aires. Hasta el año 1975 funcionó un puesto de Camineros, hasta que los militares tomaron el mando. Desde 1978 hasta 1980 derivó en un centro de Taxicomanía.
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Si algo tuvo de particular es que los militares no ocultaron lo que hicieron. Al contrario, mostraron el lugar como herramienta de miedo, como muestra de terror. Las celdas eran de 3 metros por 3 metros, comprendió hacinamiento, poca comida en mal estado, crueles técnicas de tortura, golpizas y amenazas de padecimientos físicos. Todas esas características conformaron deterioros en la salud, incertidumbre por el futuro, tormentos psíquicos y físicos.
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La Sentencia del Juicio a las Juntas el 2 de diciembre de 1986 expresó tormentos psicológicos y efectos devastadores para las víctimas. A su vez se citó parte de la publicación “Nunca Más”, con referencias al despojo de atributos propios del ser humano, y el “dejar de ser”.
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La Secretaría del Tribunal minutos más tarde dio lectura de las personas privadas de la libertad que pasaron por los dos Centros Clandestinos de Detención mencionados.
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Fueron 70 víctimas, con pruebas testimoniales y registros de la época. Entre otras, los hechos que marcaron a Papel Prensa, como Isodoro Graiver, Juan Graiver, Lidia Papaleo y Osvaldo Papaleo, que sufrieron distintos tipos de tormentos, con interrogatorios y picanas eléctricas.
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A su vez, Jacobo Timberman también pasó por ambos CCD, donde se rotaba a las víctimas como parte del Circuito Camps, que hoy encuentra parte de la red en un juicio histórico.  

INICIO DEL DEBATE ORAL Y PÚBLICO

Pasadas las cuatro y media de la tarde continuó la lectura del requerimiento de elevación a juicio. En primer lugar, se señaló a Jorge Antonio Bergés por su participación en el Centro Clandestino de Detención ubicado en la Brigada de Investigaciones de San Justo (La Matanza). Allí alojaban ilegalmente a los secuestrados que no eran registrados en la dependencia y se los torturaba. También se hizo hincapié en las condiciones deplorables e inhumanas en las que se encontraban.
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Con respecto a Bergés, se lo acusó de privación ilegítima de la libertad y tormento a Adriana Chamorro y María Amalia Marrón. Se aceptó que el imputado prestó funciones en el Centro Clandestino y dirigió la aplicación de tormentos.
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Cuando el Presidente del Tribunal, Dr. Carlos Rosanski, dio apertura al debate, se pidió la ampliación de la acusación por parte de la fiscalía por los homicidios a Baratti, Lugones, Fernández de Mercader, entre otros, porque los descubrimientos de los antropólogos forenses fueron posteriores al requerimiento de elevación a juicio. Algunos abogados de la Defensa rechazaron tal petición por considerarla extratemporaria.
El magistrado de la Defensa Saint Jean pidió la nulidad del inicio del debate porque su cliente contaba con cinco informes médicos donde se expresaba su incapacidad para asistir al juicio. Sin embargo, el Tribunal afirmó que tal pedido no estaba vinculado con la incidencia planteada.
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Por otra parte, el abogado de Bergés agregó que con respecto a quienes considera víctimas, Ruben Manuel Dieguez y Juan Amadeo Gramano, su defendido fue desprocesado. Cuando fue su turno, un abogado de la Querella pidió la sentencia para chequear lo que dijo su colega.
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En la próxima audiencia se escucharán las respuestas y comenzarán las indagatorias. Por último, Rosanski aclaró que el lunes 10 de octubre será feriado por lo que, el juicio continuará los días 11 y 12 del corriente mes. Al momento de retirarse, los imputados bajaron del escenario en fila y dos de ellos se atrevieron a mirar al público, dibujando una leve sonrisa.

La estrategia de reformar las medidas represivas continúa

Dos nuevos proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica para continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien maquillado, de este gobierno
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(Boletín Informativo 627-26-9-2011-CORREPI)

Dos nuevos proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica para continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien maquillado, de este gobierno.
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Por una parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció la primera Escuela de Policía descentralizada de la provincia, que comenzará a funcionar en la ciudad de Mar del Plata partir de 2012. Allí, más hombres y mujeres podrán formarse en materia represiva, como todos los uniformados con traje y chapa que están al servicio del estado, sólo que serán “locales” que viven y conocen la zona en donde desempeñarán sus tareas, lo que les permitirá un mayor control sobre los barrios.
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Para fines de 2012 saldrá la primera camada de egresados, que serán unos 300 efectivos. Para ir entrando en calor, en los próximos días estarán sumándose al patrullaje actual del sur de la ciudad, a la altura del camino viejo que comunica a la ciudad con Miramar, 30 vehículos listos para accionar cuando lo crean necesario.
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La Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires también sumó: lanzó a la calle a 103 nuevos agentes, que se agregan a los 2.500 que ya están.
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Por otro lado, la Comisión por la Memoria, uno de esos organismos pensados para mostrar la cara “buena” del estado represor, se acordó que, desde hace décadas, está pendiente la creación de la “policía judicial”, para asistir a los fiscales en la investigación de las causas, dependiendo, como ellos, de la Procuración de la Corte.
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Dijo Garré al respecto: “Es el desafío del estado nacional y de los estados locales ir dando respuestas satisfactorias a través de policías más profesionales, más transparentes, con un control político realmente muy firme del manejo de la policía”. Como si no tuvieran, todos los gobiernos, el más firme manejo de su aparato represivo.
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Se sigue haciendo propaganda con la mentira. Los fiscales y los jueces de instrucción, es decir, los que “investigan los delitos”, a pesar de las reiteradas reformas anunciadas con bombos y platillos a cada rato para “agilizar la instrucción”, se dedican a mandar, desde sus despachos con aire acondicionado, causas e instrucciones a la policía, que es quien, como toda la vida, construye los expedientes. Con la creación de la “policía judicial” nada cambiará, salvo el cartelito en la puerta de la dependencia policial, como cuando, en 1998, las “Unidades Regionales” pasaron a ser “DDI (Dirección de Investigación)”, con el mismo argumento de la “separación de la policía operativa de la judicial”.
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Dependan del Ministerio Público Fiscal, o del Ministerio de Seguridad, en la nación o en las provincias, los policías seguirán siendo lo que son: el ejecutor de la política represiva estatal

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