martes, 22 de mayo de 2012

Judiciales Bonaerenses: Huelga general indefinida hasta obtener la porcentual




QUE NO TE CORRAN
CON EL MIEDO



Los judiciales llevamos más de dos meses de lucha por la recuperación el sistema de porcentualidad salarial.  Para vencerla, el gobierno bonaerense que encabeza la dupla Scioli-Mariotto esgrime sus armas. Como no fueron suficientes los recursos utilizados hasta el momento: descuentos, policía, espionaje, con los que no logró debilitar la fuerza  de una movilización permanente, ahora puso a reproducir el discurso del miedo.

Para echarlo a hacer su trabajo, el gobierno se vale de los medios periodísticos que presagian a los trabajadores todos los males, pero también y fundamentalmente, se sirve de otras agencias ideológicas, como los colegios de abogados que amenazan con fantásticos pedidos contra el reclamo obrero o, en el peor de los casos, el propio gremio, con el que se asegura  que el discurso de intimidación entre en contacto directo con quienes sostienen la huelga. De golpe, comenzó a hablarse de sanciones, intimaciones, cesantías. Lo duro es que estos fantasmas los reaviven los dirigentes en las asambleas, hasta llegar a alentar como alternativa el paro parcial; la peor cara de la contrarresistencia, ya no la de los compañeros que siguen trabajando, aunque esperando obtener los beneficios económicos que produzca la lucha que traicionan,  sino la que pone en práctica hacia abajo una conducción que arriba la disfraza con un liderazgo que en realidad está siendo duramente interpelado.

El doble discurso de esta conducción gremial debe ser interpretado en el contexto de su propia política sindical que en todo este proceso ha intentado “administrar” la protesta sin mucho éxito, pues por un lado fue superado por las bases y por el otro no pudo cerrar con el gobierno un acuerdo que sin embargo procuró aún a costa de sacrificar la porcentual a cambio de la ley de paritarias primero, lo que impidieron las asambleas departamentales,  y de disolverla a través de una reformulación del reclamo, luego –ya sabés, si querés que algo se demore eternamente, nombrá una comisión- (la AJB propuso al gobierno la creación de una comisión ad-hoc integrada en igual número por representantes de la parte empleadora y de la parte sindical que comenzara a trabajar dentro de los diez (10) días de la suscripción del acta-acuerdo para que en el plazo de sesenta (60) días estableciera el plazo y demás modalidades de recuperación al cien por ciento (100%) del sistema de porcentualidad salarial).

La confirmación de esta entrega fueron los fundamentos del rechazo que esgrimió el gobierno contra el acta-acuerdo que la AJB redactó en esos términos, al argüir que ya habían acordado excluir la ley porcentual, aunque algunos dirigentes seccionales lo desmintieron.

No puede salir ileso quien ejerciendo la representación de los trabajadores se proponga satisfacer al gobierno, porque los intereses que representa son totalmente opuestos a los del Estado patronal. Es el costo político del binomio Blasco-Pérez Guillén, cuyo riñón ha parido la defensiva más hipócrita que se pueda imaginar al acusar a toda línea de oposición de poner en juego intereses políticos ajenos a los gremiales, como si ellos desplegaran una acción sindical abstraída de ese carácter, cuando todos sabemos que este año la AJB renueva sus autoridades y todos, ellos mismos, dirimen en este conflicto su suerte, porque por otra parte, toda lucha sindical es esencialmente política.

La lucha por la porcentual tiene la fuerza de la convicción de todos quienes la sostenemos, porque lo que defendemos es un derecho en permanente violación desde hace más de 20 años, desde el menemismo que lo arrebató a los trabajadores hasta el actual régimen kirchnerista que lejos de reponerlo insiste en negarlo.

Hasta la Corte de Justicia afirmó que la ley derogatoria del enganche y la porcentual era inconstitucional y ese Tribunal ad hoc lo dijo en el fallo que dirimió el amparo presentado en su momento por la misma AJB, pero en su sentencia también dijo que no le correspondía declararla formalmente porque el gremio no la había planteado y sólo le quedaba resolver la inconstitucionalidad de los decretos que la suspendieron en el breve período que medió hasta la ley derogatoria, y tampoco podía hacerlo más que con carácter declarativo, porque la demanda del gremio no había procurado que tuviera consecuencias resarcitorias.

Por eso dije más arriba, que todas las acciones gremiales deben interpretarse en el contexto de una política, que en el caso, evidentemente carece de independencia real y está teñida de implicancias políticas mucho más difíciles que no escapan a la degeneración de las organizaciones sindicales que crecen “en sintonía” con el poder estatal y los partidos burgueses que se alternan en su ejercicio.

Defendamos la independencia completa e incondicional de los sindicatos frente al Estado capitalista. Quebremos la relación de subordinación como la que ha llevado a nuestro gremio al absurdo de reformular una propuesta, consciente de que su reformulación significaba sacrificar la que originariamente había sido votada. Sostengamos la huelga hasta romper la intransigencia del gobierno bonaerense, convencidos de que estamos discutiendo una política salarial violatoria de derechos judicialmente reconocidos. Que ni el Estado ni sus agencias entre las que se encuentra el gremio nos quiebren con falsos argumentos. Que la crisis fiscal que alegan los estados nacional y provincial la facturen a sus eternos beneficiarios  y no a los trabajadores. Sólo de nuestra lucha depende el triunfo contra este siniestro plan de gobierno. No permitamos que ahora nos corran con el miedo.

Asamblea general con delegados de base de todas las departamentales para organizar la huelga general e indefinida hasta obtener la porcentual y plan de lucha contingente desde la CTA para llevar lo nuestro a la victoria.

Luz Ramallo; Judiciales en Lucha
Departamental Azul

DERROTEMOS EL “CORRALITO” AL SALARIO




Que la crisis la paguen los y las capitalistas



Tapa Prensa Obrera 1222
La veda a la compra de dólares es un ‘corralito’ tan ruidoso como ineficaz, porque no impide la fuga de capitales por parte de los grandes especuladores.

Mucho más duro es el ‘corralito’ que los K le han impuesto a las paritarias y a los salarios, cuyos aumentos no son homologados si superan la franja del 18 al 21% de promedio anual.

Este ‘techo’ no afecta a los precios, los que suben a un ritmo de más del 25% al año.

El gobierno acaba de deslegitimar el aumento obtenido por los papeleros.

El ‘corral’ al salario cuenta con el apoyo de las grandes patronales -como se vio en el veto que impuso Techint al reclamo muy modesto de la UOM, o el de la Asociación de Bancos a la reivindicación del sindicato de bancarios.

Esto ocurre cuando todo el país sabe que los K tienen en carpeta un tarifazo generalizado.

El ‘corralito’ más el tarifazo significan que les quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores.

En Argentina, la expresión ‘corralito’ se conjuga con “que se vayan todos”.

Los trabajadores están respondiendo al ‘corralito’ al salario con la huelga y la movilización.

Es lo que han hecho los metalúrgicos y los trabajadores del subte; es lo que han hecho los bancarios, los judiciales y los docentes universitarios; es lo que se discute en todos los sindicatos.

Es el camino a seguir.

Que la crisis la paguen los y las capitalistas.

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