QUE NO TE CORRAN
CON EL MIEDO
Los judiciales llevamos más de dos meses de lucha
por la recuperación el sistema de porcentualidad salarial. Para vencerla, el gobierno bonaerense que
encabeza la dupla Scioli-Mariotto esgrime sus armas. Como no fueron suficientes
los recursos utilizados hasta el momento: descuentos, policía, espionaje, con
los que no logró debilitar la fuerza de
una movilización permanente, ahora puso a reproducir el discurso del miedo.
Para echarlo a hacer su trabajo, el gobierno se vale
de los medios periodísticos que presagian a los trabajadores todos los males,
pero también y fundamentalmente, se sirve de otras agencias ideológicas, como
los colegios de abogados que amenazan con fantásticos pedidos contra el reclamo
obrero o, en el peor de los casos, el propio gremio, con el que se asegura que el discurso de intimidación entre en
contacto directo con quienes sostienen la huelga. De golpe, comenzó a hablarse
de sanciones, intimaciones, cesantías. Lo duro es que estos fantasmas los
reaviven los dirigentes en las asambleas, hasta llegar a alentar como
alternativa el paro parcial; la peor cara de la contrarresistencia, ya no la de
los compañeros que siguen trabajando, aunque esperando obtener los beneficios económicos
que produzca la lucha que traicionan, sino
la que pone en práctica hacia abajo una conducción que arriba la disfraza con
un liderazgo que en realidad está siendo duramente interpelado.
El doble discurso de esta conducción gremial debe
ser interpretado en el contexto de su propia política sindical que en todo este
proceso ha intentado “administrar” la protesta sin mucho éxito, pues por un
lado fue superado por las bases y por el otro no pudo cerrar con el gobierno un
acuerdo que sin embargo procuró aún a costa de sacrificar la porcentual a
cambio de la ley de paritarias primero, lo que impidieron las asambleas departamentales,
y de disolverla a través de una
reformulación del reclamo, luego –ya sabés, si
querés que algo se demore eternamente, nombrá una comisión- (la AJB propuso
al gobierno la creación de una comisión ad-hoc integrada en igual número por
representantes de la parte empleadora y de la parte sindical que comenzara a
trabajar dentro de los diez (10) días de la suscripción del acta-acuerdo para
que en el plazo de sesenta (60) días estableciera el plazo y demás modalidades de
recuperación al cien por ciento (100%) del sistema de porcentualidad salarial).
La confirmación de esta entrega fueron los
fundamentos del rechazo que esgrimió el gobierno contra el acta-acuerdo que la
AJB redactó en esos términos, al argüir que ya habían acordado excluir la ley
porcentual, aunque algunos dirigentes seccionales lo desmintieron.
No puede salir ileso quien ejerciendo la
representación de los trabajadores se proponga satisfacer al gobierno, porque
los intereses que representa son totalmente opuestos a los del Estado patronal.
Es el costo político del binomio Blasco-Pérez Guillén, cuyo riñón ha parido la
defensiva más hipócrita que se pueda imaginar al acusar a toda línea de
oposición de poner en juego intereses políticos ajenos a los gremiales, como si
ellos desplegaran una acción sindical abstraída de ese carácter, cuando todos
sabemos que este año la AJB renueva sus autoridades y todos, ellos mismos,
dirimen en este conflicto su suerte, porque por otra parte, toda lucha sindical
es esencialmente política.
La lucha por la porcentual tiene la fuerza de la
convicción de todos quienes la sostenemos, porque lo que defendemos es un
derecho en permanente violación desde hace más de 20 años, desde el menemismo
que lo arrebató a los trabajadores hasta el actual régimen kirchnerista que
lejos de reponerlo insiste en negarlo.
Hasta la Corte de Justicia afirmó que la ley
derogatoria del enganche y la porcentual era inconstitucional y ese Tribunal ad
hoc lo dijo en el fallo que dirimió el amparo presentado en su momento por la
misma AJB, pero en su sentencia también dijo que no le correspondía declararla
formalmente porque el gremio no la había planteado y sólo le quedaba resolver
la inconstitucionalidad de los decretos que la suspendieron en el breve período
que medió hasta la ley derogatoria, y tampoco podía hacerlo más que con carácter
declarativo, porque la demanda del gremio no había procurado que tuviera consecuencias
resarcitorias.
Por eso dije más arriba, que todas las acciones
gremiales deben interpretarse en el contexto de una política, que en el caso,
evidentemente carece de independencia real y está teñida de implicancias políticas
mucho más difíciles que no escapan a la degeneración de las organizaciones
sindicales que crecen “en sintonía” con el poder estatal y los partidos burgueses
que se alternan en su ejercicio.
Defendamos la independencia completa e incondicional
de los sindicatos frente al Estado capitalista. Quebremos la relación de
subordinación como la que ha llevado a nuestro gremio al absurdo de reformular
una propuesta, consciente de que su reformulación significaba sacrificar la que
originariamente había sido votada. Sostengamos la huelga hasta romper la
intransigencia del gobierno bonaerense, convencidos de que estamos discutiendo
una política salarial violatoria de derechos judicialmente reconocidos. Que ni
el Estado ni sus agencias entre las que se encuentra el gremio nos quiebren con
falsos argumentos. Que la crisis fiscal que alegan los estados nacional y
provincial la facturen a sus eternos beneficiarios y no a los trabajadores. Sólo de nuestra lucha
depende el triunfo contra este siniestro plan de gobierno. No permitamos que
ahora nos corran con el miedo.
Asamblea general con delegados de base de todas las
departamentales para organizar la huelga general e indefinida hasta obtener la
porcentual y plan de lucha contingente desde la CTA para llevar lo nuestro a la victoria.
Luz Ramallo; Judiciales en Lucha
Departamental Azul