miércoles, 1 de agosto de 2012

EL DOBLE DISCURSO OFICIAL SOBRE LA TRATA Y ESAS ORGANIZACIONES ILÍCITAS


POLÍTICA DE ESTADO


En la antesala al Despacho del Intendente, madres del Barrio San Francisco. Foto Gentileza Nacho Correa, Noticia en Foto





























Vecinos del Barrio San Francisco  revelaron de qué manera las niñas y jóvenes son reclutadas allí por la misma policía para explotarlas sexualmente – Las actividades comerciales nocturnas en Azul se mantienen libre de todo control estatal- Los locales que debían cerrar a consecuencia de la ordenanza contra la trata de personas conservan todavía sus negocios – Drogas, delitos y administración arbitraria de la represión -



A las dificultades que debió enfrentar la lucha por la sanción de la ordenanza en Azul contra la trata de personas, más específicamente contra la explotación sexual de la mujer, desde dilaciones en su tratamiento hasta la intentona de la concejal kirchnerista Cristina Croharé de modfiicar la redacción del proyecto, recortando en forma los alcances de una norma de esas características, lo que finalmente no sucedió, se suman a esta altura las que siguen a su promulgación, creemos que ya por estas horas automática.

Previo a la sanción de la norma que prohíbe la instalación, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y explotación, bajo cualquier forma, de cabarets, whiskerías, dancing, bares nocturnos, night club y/o cualquier otrotipo de salones de expansión nocturna, sin importar la denominación de su rubro, que cuenten con la presencia, autorizada o no, de alternadoras, “coperas” y/o personas que comercien sexo, o se incite a ello, sea que el encuentro sexual se practique dentro o fuera  del  establecimiento , y que manda que a partir de su promulgación queden sin efecto todas aquellas habilitaciones que se hubiesen otorgado, en el momento en que era inminente su aprobación, a pedido del propio Concejo Deliberante, el intendente José Inza (FpV) decretó la suspensión por el plazo de 90 días, a partir del 6 de Junio de 2012, de todo trámite de habilitación, inicios y/o renovaciones, de locales comerciales en los que se desarrollaran actividades nocturnas. Esa suspensión alcanzaba a los trámites de ampliación y/o cambios de rubro o propietarios de los comercios habilitados a esa fecha (Decreto nro. 1250).

A dos meses de la firma de ese Decreto y  a esta altura con una ordenanza que si el intendente no promulgó ya debe haber quedado promulgada en forma automática, los locales con ese tipo de actividades nocturnas siguen adelante con sus explotaciones comerciales.

Esto  demuestra lo que ya el Partido Obrero venía denunciando. La trata de personas no es posible sin el concurso del Estado. El incumplimiento estatal de lo que el mismo Estado manda debe interpretarse como un ejemplo alevoso de las verdaderas motivaciones del poder político y los intereses que ese poder protege.

El Partido Obrero también denunció la política que llamó de "noche liberada",  consistente en la interrupción abrupta, desde la asunción de esta gestión, de los procedimientos de control de nocturnidad que ponen en jaque a los comerciantes que explotan actividades nocturnas. El titular de Seguridad y Control Urbano, Mauro Grandicelli, se excusó tiempo atrás en declaraciones periodísticas, alegando no tener personal suficiente para realizar inspecciones de esa naturaleza y ser ellas de competencia policial. Sin embargo, también la policía dejó de realizarlas, lo que hace presumir que por encima de todo hay una política de gobierno. Claro, tampoco es cierto que los inspectores municipales no sean los encargados por excelencia de llevar a cabo estos procedimientos, más aún, cuando los mismos comerciantes han denunciado insistentemente ser objeto de  pedidos de coima por parte de funcionarios de la policía bonaerense.

La muerte de Héctor Talamonti en el Barrio San Francisco, por otra parte, volvió a exhibir las consecuencias dramáticas de una policía involucrada con el negocio de las drogas, el delito y la prostitución.

Las madres que encabezan el reclamo de Justicia por Héctor repiten sin cansancio alguno, junto a sus hijos, de qué manera desembozada los policías reclutan en el barrio niñas y jóvenes que las levantan allí mismo ¡en los móviles! y se las llevan para explotarlas sexualmente -drogas, delitos y administración arbitraria de la represión que utilizan para coaccionar, forman parte del combo que denuncian-.

Pero ni  el intendente, ni los fiscales -tampoco el Fiscal General Raúl Serradell- reaccionan contra estas revelaciones que por otra parte no son noticia y tienen una antigüedad aproximada a los seis años. 

El otro día, la fiscal Margaretic se negó a recibir a los vecinos. El intendente hizo lo posible para no hablar con ellos y cuando lo hizo, lo hizo entre policías; hizo caso omiso, al igual que los funcionarios judiciales, a la convocatoria del Concejo Deliberante; se reunió con el fiscal general para organizar más policía y hoy miércoles incumplió su promesa de ir al barrio, adonde envió a sus emisarios,sin propuesta de solución alguna.

Todo sigue igual. En realidad, parece no haber voluntad para cambiar nada.Y este es el recorrido más peligroso que pueda elegir el intendente Inza. 



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