Publicado en: El Economista América
Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, plantea que a algunos fondos se los tacha de "buitres", pero todos los que han lucrado con la deuda argentina merecen esa calificación. Como en el pasado, volverá a plantearse la cuestión de quiénes pagarán la factura.
Por Marcelo Ramal (Especial para El Economista América)
En 2012, un fallo de la justicia de Nueva York habilitó al cobro del 100% de sus acreencias a aquellos bonistas que no se habían acogido a las reestructuraciones de deuda que habilitó Argentina en 2005 y 2010. Estos fondos especulativos compraron deuda argentina en situación de default -y a la quinta o sexta parte de su valor de emisión- para litigar luego por la totalidad del mismo. Por esta rapacidad, se los ha tachado de "fondos buitre". Pero en verdad, todos los fondos que han lucrado con la deuda soberana de Argentina -que no es otra cosa que una larga cadena de intereses capitalizados- merecerían esa misma calificación.
Los "buitres" que no aceptaron el canje de deuda representan el 7% de las acreencias totales contra el Estado argentino, al momento de la primera reestructuración. El 93% restante aceptó un canje de títulos, con una quita que rondó el 45% sobre los valores de emisión. Pero quienes se adhirieron a ese canje obtuvieron un dividendo extraordinario, asociado a la evolución del crecimiento económico argentino, el llamado "cupón del PBI". Como la reestructuración de la deuda argentina coincidió con la salida de la bancarrota económica del 2001/2002 ?y con altas tasas de crecimiento en los años posteriores- , los bonistas que accedieron al canje se encontraron con fuertes beneficios aportados por este cupón. Algunos especialistas consideran que el flujo de fondos descontado del ?cupón PBI? terminará neutralizando la quita dispuesta en la reestructuración inicial.
Aunque el reciente fallo en favor de los buitres afecta a una parte menor de los acreedores de la deuda, sus implicancias tienen un alcance mayor. Es que la justicia norteamericana habilitó a embargar los pagos de deuda que la Argentina realice en Nueva York, en beneficio de los 'otros' bonistas. Con independencia de la capacidad de pago del país, esta interferencia en el régimen de pagos de deuda colocaría a la Argentina en un llamado "default técnico".
A fines de 2012, una medida cautelar de un tribunal superior suspendió la aplicación de ese fallo. La supuesta "comprensión" hacia Argentina tenía sus razones: horas antes de esta decisión judicial, el gobierno argentino anunciaba su disposición a negociar con los fondos buitre. Sobre esta base, el capital financiero y su justicia decidieron darle un respiro a Argentina. El anuncio se concretó en estos días, cuando el Congreso argentino -a instancias del gobierno- derogó la disposición que impedía cualquier nueva negociación con los fondos especulativos ("ley cerrojo"). De este modo, oficialistas y opositores han admitido incorporar una nueva hipoteca sobre la ya gravosa deuda externa argentina.
Es de notar que, después de haber pagado 175.000 millones de dólares bajo el kirchnerismo, la deuda pública argentina supera largamente los doscientos mil millones de dólares. El gobierno argentino se jacta de haber avanzado en un "desendeudamiento" del país. Encubre, de ese modo, que una parte de la deuda externa ha sido reemplazada por una deuda similar con instituciones públicas, como lo son el Banco Central y el Anses (Administradora estatal de jubilaciones). Si se suman a ello los pasivos provinciales y municipales, el fantasma de una nueva crisis de deuda sobrevuela el país. Como en el pasado, volverá a plantearse la cuestión de qué clase social paga la factura. La pretensión de una megadevaluación y un ajuste en regla ?que manejan tanto el oficialismo con la oposición tradicional para después de los comicios de octubre- delatan la intención de trasladar las costas de esa crisis a trabajadores y jubilados. En este cuadro general debe inscribirse el episodio de los fondos buitres.
La presidenta se jacta de haber encontrado un camino propio en materia de política económica, en supuesta oposición a los ajustes aplicados en los países centrales de cara a la crisis capitalista internacional. Las cosas, sin embargo, son bien más similares. En Argentina, los fondos públicos han sido colocados al servicio de rescatar el capital. La pretendida negociación "inteligente" de la deuda externa ha terminado reforzando esta hipoteca usuraria contra el país. Como en muchos otros lugares del mundo, son muchos los trabajadores y jóvenes que buscan otra salida a esta crisis: una salida a costa de los "buitres" capitalistas, y que ponga a salvo los derechos y reivindicaciones de aquellos que producen la riqueza social.
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