El artículo que sigue fue solicitado por la Nueva Corriente de Izquierda de Grecia en ocasión del décimo aniversario de la crisis argentina de 2001.
Jorge Altamira (Prensa Obrera, para ARGENPRESS.info)
La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de
disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la
crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación
del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida' a la crisis,
la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del
sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición
de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y
subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a
emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió
el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de
supervivencia del capital.
El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un
golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero
financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de
dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la
desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La
desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil
millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde
mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las
fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado
mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur,
cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de
una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido
posible.
El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido
a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en
primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores
privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la
acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer
lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al
crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez
últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a
la anterior a la crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a
la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia
médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda
! externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública
interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una
confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se
encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por
ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un
congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por
ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que,
a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política
desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de
provincia.
La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El
Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el
sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se
encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior
a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad
del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros
tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del
presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables,
hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento
de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios han
llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en
el oficialismo, a pocos días ! de su triunfo electoral, ha reforzado la
tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una
crisis final.
Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda
externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e
internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la
ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que
tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la
UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de
Europa, incluida Rusia. Un retorno al orden de cosas precedente no sólo es
inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por
parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista.
Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto
Rico.
La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo
burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada
por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de
sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha
modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La
intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan
todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de
trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin
precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de
desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las
fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En
las elecciones recientes, el Fr! ente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de
votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa
revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización
sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de
trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En
algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una
perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del
gobierno y de una crisis mundial imparable.
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