jueves, 8 de noviembre de 2012

EL JUICIO QUE NO FUE



Con la frustrada privatización de la recaudación de los ingresos públicos, Inza estuvo a punto de dar un salto cualitativo a favor del modelo neoliberal que el kirchnerismo desmiente en el discurso, pero produce en los hechos. Lo que Ménem no logró casi lo consigue el intendente de Azul de la mano de la graN maKro, frente a una oposición que se autoproclama defensora de la "institucionalidad" pero no discute el modelo -  

Por Jorge Moreno (Partido Obrero)
Se llevó a cabo la sesión especial convocada por el presidente del Consejo Deliberante a pedido de las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP) y Unión Cívica Radical (UCR) para tratar el proyecto de pedido de interpelación al Intendente Municipal en relación a la concesión a una empresa privada (TIPSA) de la persecución y cobro de las deudas por todas las tasas municipales vigentes.-

Desde antes del inicio mismo de la sesión, se advirtió la existencia de distintos criterios en la bancada oficialista, con mayoría propia con la cual imponer el rechazo de la medida. Sin embargo, no se hicieron presentes en el recinto dos de los tres ediles más fieles al Intendente, como son el moyanista Colman y el hermano del diputado provincial Caputo, ya que sólo hizo acto de presencia el gremialista de Luz y Fuerza, Rancez.-

Al no subir el Intendente al Concejo a dar explicaciones a sus integrantes como lo venía reclamando la bancada del PRO -Carús y Ortíz Masey-, en un claro mensaje a favor de la alianza que se está tejiendo entre el FpV y el macrismo –coincidieron en votar para la reforma de la Ley de riegos de trabajo y en la privatización de las tierras públicas de la ciudad de Buenos Aires para favorecer los negocios inmobiliarios- y con la excusa de conocer las posibles consecuencias de una rescisión unilateral del contrato de concesión, el voto positivo de ese bloque era cantado.-

Todos los concejales, sin excepción, coincidieron en que el procedimiento administrativo impreso al llamado a licitación no respetó, ni siquiera mínimamente, las normas legales, reglamentaciones y exigencias impuestas para ese tipo de convocatoria, definiéndolo como erróneo, irregular, horrendo, no ajustado aquellas exigencias, etc., pero llamativamente ninguno habló de ilegalidad, que es de lo que se trataba. El único que hizo una referencia al respecto fue el Concejal Conti, quien manifestó que sí las bancadas proponentes así lo consideraban deberían concurrir a la justicia para promover la investigación pertinente.-

Rancez, Croharé, Conti, Bevacqua y Puppio -todos del bloque oficialista- pusieron de manifiesto que era evidente que, tal como él mismo se los había reconocido a algunos de ellos,  el intendente  había sido engañado, endilgándole toda la responsabilidad únicamente al renunciado Secretario de Economía y Finanzas, Requelme, a quien sin embargo no sometió a proceso administrativo ni penal alguno. Todos ellos se manifestaron simultáneamente consecuentes con el modelo nacional –Scioli alevosamente omitido por Croharé a pesar de estar inserto en la boleta electoral que exhibió-, el que según ellos “ideológica y filosóficamente” no participaba de la política de privatizaciones y tercerizaciones propias del menemismo neoliberal.-

Sí consideramos que el Concejo Deliberante es un espacio más que adecuado para debates políticos –permanece en el buen recuerdo aquellos fructuosos que se entablaban en los primeros períodos de la vuelta a la democracia-, nunca podría justificarse que la  oposición dejara pasar esa oportunidad para discutir semejante impertinencia, salvo que ambos compartan, como de hecho lo es, modelos sustentados en una misma posición ideológica y filosófica, legitimadoras de una economía más o menos liberal, más o menos intervencionista, pero siempre al servicio del capital.

Aún dándole la derecha al Intendente en la versión de los ediles del bloque oficialista, acerca de que fue engañado, el interrogante es saber en qué aspecto lo fue. Y la respuesta no es otra que el único y exclusivo aspecto en que puede haberlo sido, que es el referido al procedimiento administrativo y no sólo por Requelme, porque tuvieron intervención otras áreas del Ejecutivo. Aseveramos esto porque si fuera verdad la posición ideológica y filosófica que declamaron los ediles y que repite continuamente Inza con su proclama, de total adhesión al modelo cristinista, es imposible que políticamente se lo hubiera engañado, porque cualquiera fueran las tasas cuyo cobro se perseguía, ante el planteo inicial se hubiera manifestado disconforme y la licitación ni quiera se hubiera iniciado. No existió engaño en ese aspecto, por el contrario, la propuesta se adecuaba totalmente al modelo nacional. A este modelo adhiere públicamente la “Gran MaKro” –integrada nada más y nada menos que por el vicepresidente Boudou-, grupo al que precisamente responde e integra el ideólogo de la privatización del cobro de las tasas –Requelme-, aplicando sin dudas las políticas recaudatorias de “caja” política o personal que implementan desde ese agrupamiento. Las AFJP fueron nacionalizadas –nacionalización que no merece crítica en ese aspecto-, por consejo de ese grupo para asegurarle al gobierno la disponibilidad de recursos financieros a escasísimo costo para el Tesoro mediante la colocación de bonos en la ANSES por los que abonan intereses según el índice de inflación que confecciona el INDEC, descapitalizando el fondo de sustentabilidad de la administración nacional de seguridad social. Por esa idea Boudou fue premiado con su candidatura a vicepresidente. El modelo nacional terceriza la impresión de la moneda de curso legal y la adjudicataria –casualmente ?- es “Ciccone”, empresa que es objeto de investigación judicial porque hay sospechas de que, a través de testaferros, pertenece a Boudou quien siendo Ministro de Economía aconsejó a la AFIP pedir el levantamiento de la quiebra en condiciones favorables que no reconocían ningún tipo de antecedentes.-

 Los datos objetivos indican claramente que el modelo nacional y popular participa de la política de privatizaciones, tercerizaciones, etc., en que nos sumergió el gobierno neoliberal -también peronista- de Menem y continuó la Alianza –también integrada por peronistas- en el de De La Rúa, no sólo porque desde Santa Cruz Néstor como gobernador y Cristina como legisladora también adhirieron, sino además y fundamentalmente porque desde el 2003 hasta ahora se mantienen y hasta se profundizan. En materia de telefonía celular el gobierno creo ARSAT como organizador oficial de la distribución de las frecuencias que hasta ese momento compartían empresas privadas (Claro, Movistar, Personal), con énfasis en que debía procurar el ingreso de otras empresas y especialmente de pymes. Desde entonces y hasta ahora ARSAT distribuyó siete señales, pero lo hizo a dedo, favoreciendo el capitalismo de amigos. El servicio público de telefonía aún permanece en manos de las extranjeras Telecom y Telefónica –esta última, a pesar de la prohibición expresa de la Ley de medios, actualmente es propietaria de Telefé- y ambas, como la propia presidenta lo ha reconocido, precisamente a través de esa ley están a punto de convertirse en monopólicas del triple play (teléfono, televisión e internet) por disponer de fibra óptica. El servicio público de ferrocarriles continúa privatizado en manos de los empresarios amigos, Ciriglianoy Roggio y, además, sumamente subvencionados, con aportes que en vez de destinarse a la mejora del servicio pasan a engrosar los bolsillos de los mencionados, como ha quedado demostrado con la tragedia de Once y con las pruebas que se producen en el juicio que se le sigue a Pedraza –Secretario General de la Unión Ferroviaria que integra la CGT oficialista (Balcarce) y a otros por la muerte de Mariano Ferreyra y lesiones a Elsa Rodríguez y otros militantes del Partido Obrero cuando protestaban contra la tercerización por parte de la cooperativa de la que aquel es propietario. La mayor porción en cantidad y calidad de los pozos de petróleo explotados están en manos de empresas extranjeras, algunos han sido otorgados a empresarios amigos (Vila y Manzano, Cristóbal López) y en poder de YPF han quedado los restantes. No es cierto, como lo quiere hacer aparecer Croharé, que esa empresa ha sido nacionalizada o estatizada, después de que se decidiera expulsar a otro capitalista amigo –Eskenazi-, la propia Presidenta ha reconocido ante los inversionistas extranjeros que se ha tratado de una reprivatizada que cambió de socio, ya no es REPSOL ahora es la yanqui CHEVRON. Las empresas proveedoras de energía eléctrica (EDENOR, EDESUR) son privadas; gran parte de la provisión de gas proviene de importaciones que provocan una inmensa sangría anual de dólares. Las licitaciones que se han abierto para medios televisivos y radiales conforme a la Ley de medios son absolutamente prohibitivas para organizaciones independientes, sociales, estudiantiles, por el elevadísimo costo del pliego y, en la zona, por lo que sabemos, la única favorecida ha sido la cooperativa “Resonancia” que es presidida por el subsecretario de planeamiento del municipio y esposo de Croharé, Héctor Pitluck. A nivel nacional los favorecidos con la compra de medios en abierta violación a las pautas legales y con la publicidad oficial, también son los amigos, Spolki, Cristóbal López, Vilas y Manzano. Aerolíneas Argentinas, que sí fue nacionalizada, tiene un enorme déficit financiero y operativo y está totalmente limitada a prestar el servicio de cabotaje (interno) y se ha visto obligada a asociarse a la privada “SKY TEAM” para cubrir el internacional. La megaminería está totalmente en manos de empresas extranjeras exentas del pago de regalías y tributos adecuados por la extracción y exportación de los minerales. Como lo pusiéramos de manifiesto antes, la impresión de billetes de la moneda en curso está en manos de “Ciccone” y las monedas son acuñadas en Brasil. Gran parte del suculento negocio del juego (casinos, bingos, hipódromos) están siendo explotados por amigos, entre ellos el multiempresario Cristóbal López. Las rutas nacionales siguen con el sistema de peaje inventado por Dromi –personaje que sigue asesorando al gobierno- en la época de Menem y, las más recaudadoras, como la Ruta 2 o la Costera, entregadas a concesionarios amigos (Roggio, Cirigliano).-

A pesar de todos estos datos objetivos, demostrativos de la falsedad del discurso ideológico y filosófico del oficialismo, las bancadas opositoras evitaron entrar en el debate específico para desnudarlo y los denunciantes de las ilegitimidades a través de una conferencia de prensa -y no en el recinto del poder controlador a pesar de actuar “en defensa de las instituciones”- aún no han recurrido al poder que, según el sistema republicano de gobierno, es controlador de los otros, como es el judicial. Lo han hecho, en el primer aspecto, porque sus convicciones ideológicas y filosóficas son coincidentes. Sino cómo se explica que el PRO haya apoyado la nefasta reforma al régimen de las ART y que el moyanismo –al que pertenece el ausente concejal Colman- no haya votado en contra de esa reforma, optando por retirarse del recinto (Moyano) o por abstenerse (Recalde) o que el cristinismo lo haya hecho en el proyecto del PRO de privatizar tierras fiscales de la ciudad de Buenos Aires para destinarlas a negocios inmobiliarios o que los legisladores del FAP y la UCR hayan aprobado en la Provincia de Buenos Aires un presupuesto que no sólo contiene un impuestazo, sino que además denuncia un severo ajuste en la planta laboral administrativa en todos los órdenes al no prevenir la cobertura de vacantes, mucho menos aumentarla y ni siquiera proyecta un aumento salarial. En el segundo, porque en realidad, a quien se quiere salvar es al propio Intendente y al hacerlo así, paradójicamente, permiten que el único responsable según coincidencia entre ellos, Requelme, también goce de impunidad.-

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