sábado, 3 de noviembre de 2012

AL MODELO SE LE SIGUE CAYENDO LA CARETA


Frente al frustrado negocio millonario con el que empresarios de los pagos de Requelme pensaban alzarse en Azul -unos 20 millones de pesos- el Intendente declama honestidad y transparencia



PublicidadPor Las Rozas de Azul
Si no se le hubiera descubierto, el negocio habría seguido andando. El intendente de Azul José Inza (FpV) reproduce fielmente el modelo nac&pop de abrirles las puertas a los amigos para que realicen sus negocios a costillas del pueblo y en el caso de Azul, era verdaderamente millonario.

No sólo le adjudicó el negocio del cobro de la totalidad de las tasas municipales a una empresa foránea, de los pagos de su secretario de economía, Néstor Requelme, sino que lo hizo en forma ilegal y clandestina –lo llevó adelante a espaldas del concejo deliberante, simuló una licitación con el concurso de otra empresa, también fantasma, que se presentó simultáneamente a la beneficiada (el mismo día, a la misma hora) ´¿se imaginan cuántos estudios jurídicos y contables de Azul se hubieran presentado a esa licitación?´, escondió la información a los vecinos-. Todo podridamente armado.
Requelme no es casualidad y nunca fue gratuito. Su designación como secretario de economía y finanzas fue justificada por el kirchnerismo local con un viejo argumento que reprodujo la prensa adicta, el tecnocrático. Desde el Partido Obrero decíamos que era tan fraude como el grupete que lo paría: la graN maKro (economistas k), constituido más en una bolsa de colocación de mano de obra profesional lanzados a la pesca que en el ejército de postkeynesianos al servicio de una causa popular. 100% Boudou.

A Requelme lo impuso el gobierno de Cristina, para ejecutar la política de ajuste contra el pueblo, recaudar para la Nación, controlar las finanzas municipales y abrir las puertas al negocio de amigos a través del cual poder enriquecerse fácilmente a costillas de los vecinos, en sintonía con la política de subsidios estatales que alimentó a una clase empresaria improductiva a la que adosó burócratas sindicales devenidos socios de los empresarios. Un fraude. Y Requelme los hay en todos lados.

Al intendente no le dio la cara para dar explicaciones al pueblo de Azul. Se escondió en la cueva haciéndole honor al apodo con el que lo han bautizado, ya a esta altura, políticamente. El Vizcachón Inza mandó al secretario de gobierno Héctor Bolpe a que anunciara públicamente la anulación de la licitación trucha, después de que el mismo funcionario tuviera que desnudar ante la prensa haber sido sorprendido por la maniobra, lo que no es extraordinario en cara de póker Bolpe.

No es el único intendente que ha tenido que dar marcha atrás en sus decisiones. El de La Plata, el kirchnerista Pablo Bruera, intentó gravar en un peso las compras en el supermercado, cobro adicional con el que supuestamente quería disminuir la evasión fiscal. Hay que ser cararrota!

Al fondo

Por más que la gestión Inza se esfuerce en publicitar la inocencia del intendente, le caben responsabilidades que ya deberían estar siendo dirimidas por la justicia penal.

Sin embargo, los institucionalistas del FAP que se guardaron la información sobre esto durante todo el tiempo que les demadó decidirse a ventilarlo sólo escogieron para atacarlo el escándalo público y la interpelación -que es una instancia de lavado-, descartando los carriles institucionales de los que siempre se dicen amantes (igual para los radicales). El pedido de interpelación que será tratado en la próxima sesión del Concejo sólo es suscripto por el FAP y la UCR. Ni la bancada del Frente para la Victoria (con mayoría propia) ni el devenido PRO-K -con el que el kirchnerismo está aprobando paquetes legislativos antipopulares, como la ley de ART- lo firmaron. El binnerismo local sabe que las posibilidades de que la interpelación prospere son nulas, pero en todo caso con su sólo tratamiento se dará por satisfecho. El ataque político se vuelve un gesto más ligado a las bases acuerdistas de quienes se alternan en el poder y lo comparten e, incluso, lo negocian que a la necesidad de ir hasta las últimas consecuencias.
Miren a Binner contra las cuerdas con el escándalo del narcotráfico en su provincia intentando pararse a lo Inza, limpio y a salvo, como si su gobierno no tuviera ninguna injerencia en el desarrollo de un negocio ilegal que sólo puede evolucionar con la colaboración del Estado. Nada es casual. Cuando el gobierno se prepara para aprobar la reglamentación del per saltum en Diputados el próximo miércoles 14 –ya logró la media sanción en el Senado-, que habilite la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto con el grupo Clarín (7D), Gabriel Solano advierte que “Ni siquiera hay que excluir del embate el asunto de la Policía de Santa Fe, para doblar el brazo al “clarinista” Hermes Binnerín” (“Per Saltum”: ¿A dónde?; en Prensa Obrera 1246), mientras Damián Blanco analiza: “La crisis Tognolli fue la ocasión para que el kirchnerismo -principalmente su sucursal santafesina- se montara en una ofensiva contra el FAP. La profundidad de la crisis amenaza, sin embargo, con salpicar cada vez más a la Rosada. Sucede que Nilda Garré designó, en marzo de este año, a un tal Serna al frente de Drogas Peligrosas de Rosario. Pero este personaje estuvo preso en 2005, acusado de integrar una banda de traficantes italianos que enviaban cocaína a Europa. Nuevamente, la vista se corre hacia la Gendarmería, pieza clave en el tráfico de drogas en las diferentes fronteras, para que luego sea administrada por las bandas locales. Al mismo tiempo, empezaron a correr las denuncias del visto bueno a las bandas de narcos por parte del poder político de diferentes localidades del interior provincial, donde el Poder Ejecutivo está a cargo de kirchneristas.” (El FAP, los K y la narco-policía; en Prensa Obrera 1246).

Y en el fondo

Todos entienden de qué hablan. El escándalo de la privatización del cobro de las tasas municipales (que le iba a reportar una no despreciable ganancia de 20 palos a la empresa contratada) no sólo puso al desnudo un hecho más de corrupción –sobre cuyas bases opera el estado- sino una lógica de gobernar y otra de cohacerlo (oposición patronal); todos ellos cuidando las reglas de un juego que lo tienen privatizado desde la época de la conquista.

Un concejal se quejaba días atrás de las dietas que perciben. “No nos alcanza para vivir”. La pregunta fue inevitable ¿Le alcanza acaso el salario al trabajador municipal? Recordemos que la escala salarial para los municipales la decide el Ejecutivo con la anuencia de los concejales. No nos referimos a los “empleados amigos” que curran con las “funciones” y menos todavía a los funcionarios, por lo que se sabe muy bien remunerados. Hablamos de los trabajadores, que no han logrado todavía reorganizarse sobre bases sindicales independientes y combativas. La asignación de los recursos para ellos sólo depende de la capacidad de lucha que se propongan desarrollar.

Este nuevo caso, el caso Inza-Requelme, suma razones para darse cuenta; debería estimularlos.


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