El
Gobierno llegó muy lejos, no contra Moyano sino contra los trabajadores. El
comité de crisis contra la huelga camionera, que incluyó al comandante de la
Gendarmería, recordó las peores épocas de ataques al movimiento obrero.
Les
dictaron la conciliación obligatoria, amenazaron con la intervención del
sindicato, luego aplicaron la Ley de Abastecimiento –destinada a la especulación
empresarial–, mandaron la Gendarmería a distribuir combustible, presionaron a la
patronal de cargas para que sacara los camiones con carneros, les abrieron causa
penal a Moyano y al hijo, multaron al sindicato por 4 millones de pesos y,
finalmente, De Vido amenazó con aplicar la Ley de Hidrocarburos redactada contra
posibles maniobras de Repsol. Una batería antiobrera, no antiburocrática.
Pocos
destacan la manera fulminante en la que los camioneros pararon el transporte de
combustibles en todo el país en 45 minutos, expresión de las sentidas
reivindicaciones en juego.
La huelga despertó, además, una enorme simpatía en el movimiento obrero por el reclamo del 30% de aumento y por la exigencia de incremento en el mínimo no imponible de Ganancias y la eliminación de los topes en los salarios familiares.
Sin dudar un minuto, nuestras agrupaciones clasistas se colocaron en el campo de la defensa –y extensión– de la huelga. Lo mismo el Partido Obrero como fuerza política.
La huelga despertó, además, una enorme simpatía en el movimiento obrero por el reclamo del 30% de aumento y por la exigencia de incremento en el mínimo no imponible de Ganancias y la eliminación de los topes en los salarios familiares.
Sin dudar un minuto, nuestras agrupaciones clasistas se colocaron en el campo de la defensa –y extensión– de la huelga. Lo mismo el Partido Obrero como fuerza política.
El
discurso “progre” de los Mariotto y La Cámpora, quienes súbitamente se acordaron
de los “consumidores” que no tendrían nafta, es un burdo encubrimiento del
ataque a la huelga que defiende al mayor colectivo de consumidores del país, que
son los asalariados y jubilados. El Gobierno tiene por objetivo asegurar
paritarias a la baja como único elemento de “estabilización” frente a la
desorganización económica y el desmadre inflacionario en curso. Los jubilados
serán alcanzados por la caída de sus actualizaciones basadas en los índices de
aumento de salarios y de la recaudación que está en picada.
Por
eso defraudó la firma de Moyano por cuotas que suman 25,5% hasta marzo del año
que viene, pero que promediadas dan un 19,1%, en línea con lo comprometido por
CFK ante la UIA en la campaña electoral.
Moyano
tuvo a sus pies al Gobierno, desesperado porque las usinas eléctricas quedaban
sin fueloil en 12 horas más, y porque el operativo de Gendarmería fue un fiasco.
No quiso ir a fondo para romper los topes salariales y transformarse en un punto
estratégico de reagrupamiento para todas las paritarias que faltan –130– y para
la reapertura de las que firmaron por chirolas. El mismo lo dijo: “El problema
no es el salario”, sino el impuesto a las ganancias.
Al
firmar y levantar el paro, Moyano clausuró el proceso de paritarias y desarmó al
movimiento obrero para la próxima etapa de la “sintonía fina”, o sea de los
tarifazos. Lo desarmó, cuando está en curso una tenida devaluatoria que puede
alimentar la hoguera de la inflación, sin incluir cláusula alguna de
actualización.
Dejó
en la estacada a los subtes y ferroviarios cuyas paritarias fueron postergadas
para agosto mediante una exigua cifra del 15%. También les quitó “espaldas” a
luchas fabriles salariales como las de los gráficos de La Nación e Interpack o a
las plantas de la alimentación que pugnan por un aumento del 35 o 40%, mientras
Daer les firma por cuotas insuficientes.
Moyano,
que pretende escindir seccionales de Luz y Fuerza de cara al congreso cegetista,
“colgó” a las seccionales combativas de este gremio.
Se
confirmó en este episodio que la disputa que llevará a la CGT a la fractura no
tiene como eje romper el cepo salarial, tampoco por parte del moyanismo.
El
Gobierno quiere una central obrera para sí, carente de toda autonomía, y Moyano
se anota “acumulando” para Scioli o “articulando” con una oposición –Macri,
radicales, Binner– que comparte la orientación del ajuste. El moyanismo es una
variante de la vieja burocracia sindical.
Así
las cosas, el paro nacional camionero del miércoles 27 y la “jornada de
movilización” que lanzan los gremios de su CGT son un emergente de una crisis y
una expresión limitada, acotada, de las enormes tendencias huelguísticas que
anidan entre los trabajadores para no pagar los platos rotos de la crisis
capitalista y del derrumbe de la política kirchnerista. Derrumbe que pinta de
Rodrigazo –el estallido cambiario e inflacionario de 1975– y que replanteará la
lucha obrera y popular más temprano que tarde.
La Coordinadora Sindical Clasista que orienta nuestro partido, abarcativa de cuerpos de delegados y seccionales de gremios de todas las centrales, se movilizará a la Plaza de Mayo con banderas propias, incluso para que sean precisados los reclamos.
La Coordinadora Sindical Clasista que orienta nuestro partido, abarcativa de cuerpos de delegados y seccionales de gremios de todas las centrales, se movilizará a la Plaza de Mayo con banderas propias, incluso para que sean precisados los reclamos.
No
aceptamos una actualización de Ganancias en un 18-20% que consolide la
confiscación, por la actualización del “no imponible” a $ 15.000; que el salario
familiar sea para todos, pero de $ 700 por hijo. Contra todo tope salarial, por
un salario equivalente a la canasta familiar y su actualización por inflación
real.
Ningún
despido; reparto de horas disponibles sin afectar los salarios ante suspensiones
o despidos.
Es
claro que el porvenir de los reclamos requiere una orientación sindical y
política independiente para la clase obrera y los trabajadores. El Partido
Obrero en el Frente de Izquierda moviliza con esa perspectiva y reclama un
congreso de bases del movimiento obrero.
*Dirigente nacional del Partido Obrero y miembro de la Coordinadora Sindical Clasista.
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