Después de varios años de marchas y contramarchas, quedó aprobada la Ley de Fertilización Asistida. Para los voceros oficialistas, aseguraría el “derecho a la procreación” en forma irrestricta, porque la ley no distingue la orientación sexual de aquellas parejas que deseen acceder a ella. La ley comprende a diversas técnicas de fertilización, que pueden incluir a la donación de gametos (óvulos) y embriones. La autorización de los tratamientos, y los centros médicos que podrán hacerlos, estarán sujetos a una “autoridad de aplicación”. La ley establece que las prepagas y obras sociales incorporarán estas prácticas como prestaciones obligatorias. En cuanto a la asignación presupuestaria necesaria para asegurar su práctica en los hospitales, la ley alude a una “asignación presupuestaria” cuyo monto no se especifica.
Entre festejos y dudas
Los procedimientos de reproducción asistida se realizan en Argentina desde hace casi treinta años. En ese lapso, se actuó en el marco de la más absoluta indefensión, con parejas que debían enfrentar tratamientos costosos frente a la falta de reconocimiento de las obras sociales y prepagas. A través de una gran y tenaz lucha, las asociaciones integradas por estas parejas lograron que se vote esta regulación. Pero, más temprano que tarde, la conquista alcanzada chocará con los límites impuestos por la privatización de la salud, en un caso, y la asfixia de la salud pública por el otro. Frente a esta nueva cobertura en ciernes, las prepagas amenazan con aumentar los aranceles de las prestaciones, y calificaron de “irresponsabilidad” a la sanción de la ley sin haberles asegurado, al mismo tiempo, esos reajustes.
A tono con el reclamo de las prepagas, los diputados macristas no votaron a favor de la ley. Pero el derecho a la fertilización asistida, en ese caso, será costeado por los propios trabajadores. Por el otro lado, asoma el desquicio del hospital público, donde es difícil imaginar una real cobertura de estos tratamientos. La ley omite la caracterización de la infertilidad como enfermedad, algo que establece incluso la Organización Mundial de la Salud. Esta ausencia deja librada a su suerte a aquellas mujeres que deben someterse a este tratamiento, en lo que respecta a las licencias laborales. ¿Cómo justificar la necesidad de faltar al trabajo en el momento de realizar las punciones, o en los días inmediatos a la transferencia embrionaria? En esos casos, las parejas deberán optar entre poner en riesgo su trabajo o arriesgar el éxito del tratamiento.
Otro punto en discusión refiere a la donación de óvulos y la conservación de embriones. La principal oposición a estas técnicas proviene de la Iglesia. Las asociaciones que han luchado por estos tratamientos temen que esta presión se vehiculice a través de la “autoridad de aplicación”, cuya composición la ley no define. En el caso de las habilitaciones que dependan del presupuesto público de salud, se teme -y con razón- largas esperas, que ponen en riesgo la efectividad de los tratamientos: los tiempos de la “máquina de impedir” estatal son mucho más lentos que los tiempos biológicos, que conllevan una disminución inexorable de las posibilidades reproductivas. Como ha ocurrido con otras leyes del modelo, los supuestos “derechos para todas y todos” chocan con los intereses sociales capitalistas que defienden el kirchnerismo y el conjunto de partidos que votó esta ley.
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