Precarización, impuesto al salario, traslados
Una reforma, cuyo fin es el ajuste sobre los trabajadores y jubilados, no puede tener otro correlato para los propios trabajadores judiciales.
Zaffaroni, alfil del gobierno en la Corte, declaró que la aplicación del impuesto a las ganancias para los jueces podría darse recién en los “próximos cuatro o cinco años” en forma progresiva, mientras que para los trabajadores se tienen que sentar “la Corte, el gobierno y el sindicato” para definir una aplicación “razonable”.
O sea que el gobierno pasará a apropiarse de parte de los salarios de 26 mil trabajadores judiciales. La cuestión de extender ganancias a los jueces -“en algún momento”- se revela como una coartada para esta operación.
Consejo de la Magistratura
Históricamente, la Corte Suprema ejerció la facultad de dirección y organización del Poder Judicial. Ahora, la potestad de discutir salarios con el gremio y la gestión de los contratos laborales pasa al ámbito del Consejo, dominado por un gobierno que quiere profundizar la política de ajuste que ya venía ejecutando la Corte.
A su vez, el Consejo podrá trasladar a los empleados a cualquier fuero o circunscripción de la Justicia nacional. Se habilita la posibilidad de extender la jornada laboral de seis horas y el recorte de días de feria judicial.
En el proyecto se introduce la figura precaria de la “locación de servicios”, al tiempo que elimina el control sindical de los concursos.
Asambleas y plan de lucha
Ante estas medidas, Piumato lanzó un paro nacional de 72 horas. Pero, al anunciarlo, no se colocó en el campo de los trabajadores, sino en el de la Corte, la ‘corpo judicial’ y la oposición patronal que defienden las prerrogativas de las camarillas judiciales.
Es necesario que, por medio de asambleas, los trabajadores deliberen una posición independiente de la Corte y el gobierno, en pos de rechazar el ajuste en curso y por la satisfacción de todas las reivindicaciones de los judiciales, mediante un plan de lucha y la elección de delegados por juzgados, dependencias y talleres.
Luchamos por una verdadera democratización de la Justicia a partir de la elección popular y revocatoria de los jueces, por una ley de paritarias, la recuperación de la ley de porcentualidad, el 82% móvil, no al impuesto al salario y todas las reivindicaciones pendientes.
Facundo Miño,
delegado UEJN
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