La negligencia e imprudencia con que los poderes de turno responden a
los unánimes pronósticos de frecuentes acontecimientos naturales similares a
los ocurridos en estos últimos días en toda la Provincia de Buenos
Aires –Azul los sufrió el año próximo pasado-, no invirtiendo en obras públicas
preventivas –La “Isidora” iba a comenzarse a construir en enero, según lo
prometió Arlía-; no afectando a las mismas la totalidad de lo presupuestado a
esos efectos; destinando sumas fabulosas al pago de una deuda externa ilegítima
o a subsidiar a los “empresarios amigos”; favoreciendo el crecimiento urbano
descontrolado mediante el negocio inmobiliario en tierras fiscales que provoca
que se alteren las condiciones naturales de los cauces de agua o que las
poblaciones de escasos recursos deban asentarse en sus orillas, dificultando al
extremo el desagüe a través de los mismos, provocan estos estragos que producen
pérdidas de vidas humanas e inconmensurables daños materiales a los que los
sufren.-
El Estado reacciona siempre tarde y mal, la solidaridad social sobrepasa
a sus miserables ofertas, por eso y por aquello, con bronca y con razón la gente
les exige a los gobernantes, lisa y llanamente ¡ que se vayan ¡ Exenciones
impositivas y fiscales, acompañadas de subsidios condicionados a exigencias
extremas –como si la desgracia diferenciara- y de préstamos bancarios por sumas
ínfimas a tasas de interés de casi el 10%, como los publicita el Banco de la Provincia (Diario El
Tiempo, 5/4/2013) , indudablemente no constituyen una respuesta equitativa,
como tampoco lo son los anuncios de la Presidenta otorgándoles temporales “limosnas” y
algunas con intereses. La única posible es una indemnización o, si se prefiere,
un resarcimiento justo en cada uno de los casos.-
La ciudad de La Plata ,
como capital provincial tiene una población compuesta en gran parte por
empleados de la administración pública central y municipal; la misma población
que sobrepasando a las cúpulas sindicales de SUTEBA, ATE, AJB, CICCOP, FEB y
las traidoras que, como UPCN, aceptaron la propuesta de aumento en una
proporción menor a la de la inflación y en cuotas, dándole lugar a que diera
por cerrada la paritaria con los estatales, junto con un fallo de la SCJBA que reconoce como juez
en esas discusiones al Ministerio de Trabajo de la Provincia que, en
realidad, es parte; en las asambleas están insistentemente reclamando un plan
de lucha organizado (Prensa Obrera, 28/3/2013) que aquellas cúpulas, por estar
divididas en las dos CTA (Micheli y Yasky), no sólo se niegan a unificar, sino
a llevar a adelante. El ejemplo más claro es que se programan marchas, clases
públicas, radios abiertas, pero no paros y cuando así se lo reclaman las bases
los suspenden y lo hacen en momentos en que el reclamo es aún más motivado. Lo
es por más necesidad y por solidaridad, porque a los compañeros de La Plata nunca les alcanzaran
sus salarios –disminuidos en gran parte por haber quedado excluidos del salario
familiar y por los descuentos por el impuesto a las ganancias, impuesto que
tributan la mitad de los docentes de la provincia-, para poder recuperarse de
las pérdidas sufridas y AHORA MAS QUE NUNCA NECESITAN MAS SALARIO Y MENOS
TARJETA.-
La “Super-card” no es una salida para los trabajadores. Los precios no
bajarán a consecuencia de que la bonificación a descontar a los supermercados
sea inferior a la que cobran las entidades bancarias que emiten otras tarjetas,
a lo sumo, se estancarán mientras dure el acuerdo de precios convenido
solamente con relación a algunos artículos. Tampoco es cierto que el interés
del 22% que regirá lo será para gravar
las compras en cuotas, esa tasa, indudablemente más baja que la que aplican los
bancos (70%), está prevista para los
saldos impagos de los gastos mensuales; más simplemente para lo que se queda
adeudando de la totalidad de la deuda. Los únicos favorecidos son los grandes
supermercados -precisamente los que más recaudan- en perjuicio de los demás. Nótese
que la tarjeta no tendrá promociones ni descuentos. Tiende a aumentar el
consumo para calentar un poco la economía que se enfría a pasos agigantados
porque la devaluación del salario obliga a los trabajadores a destinarlo a
cubrir la carga fiscal; la transportación; los servicios; la salud; la
educación y la alimentación cuyos costos ascienden por un ascensor mientras los
salarios apenas lo hacen por una escalera, sobre todo los de la administración
pública, sin embargo el resultado será un mayor endeudamiento familiar. El
Estudio “E&R” en base a datos obtenidos en las bases del Congreso Nacional,
INDEC y BCRA, publica que las variables, durante el transcurso del año 2012
indican que la electricidad y el gas alcanzaron el 245%; el transporte el 70% y
los combustibles el 32%, mientras que el salario público sólo alcanzó el 17,8%
(Perfil, 31/3/2013). Este es uno de los ítems esenciales a que apunta el
gobierno con el congelamiento de precios y la emisión de la tarjeta que, vale
aclararlo, estará financiada por fondos de las compañías aseguradoras que
estarán garantizados por el Banco Central y por el Banco Nación, es decir con
fondos públicos. El 22% es el techo que impuso por Decreto el Gobierno Nacional
al acuerdo básico con los docentes –es el mismo que engañosamente ofrece
Scioli, porque lo oferta en cuotas que llegan hasta el 2014 lo convierte, en
realidad, en un 17,5 %, es decir igual al que se arribó con el municipio local a
raíz del hospitalazo- y ese es el máximo que se quiere imponer en todos los niveles,
públicos y privados. Tope reconocido como totalmente insuficiente hasta por uno
de los gremios oficialistas, precisamente la UOM de Caló, que convino en un
aumento del 35 %.-
El otro es que no aumente la deuda pública interna que tiene el Tesoro Nacional,
fundamentalmente con ANSES, porque las letras que el Fondo de Capitalización
posee como inversión financiera, reconocen intereses relacionados con el índice
inflacionario y son rescatables en pesos y no en dólares. Llega a tal extremo
el vaciamiento de los fondos de ANSES que ahora, para evitar la disparada de la
cotización del dólar blue, se inyectan al mercado paralelo dólares que se
extraen de sus depósitos a plazo fijo (Clarín, Estudio Bein; Prensa Obrera
28/3).-
El aumento de salarios conllevaría a que las familias no se endeuden
mediante la utilización de la tarjeta al quedar saldos impagos y a que los
supermercados cuenten con más efectivo –no les descontarían el 1%- para volcar
al mercado financiero a inversión en producción. Lo que realmente ocurre es que
esta inversión no la realizan, por el contrario, se acumulan dólares del
mercado paralelo (blue) y se giran al exterior. Por otra parte, los sectores
productivos genuinos son escasos, al igual que lo ocurrido en Venezuela, este
gobierno “nacional y popular” no ha progresado en el logro de producciones
alternativas para disminuir la importación, ni siquiera con las medidas que
adopta el Secretario de Gobierno en procura de obligar a la “burguesía” a
nacionalizarse y por eso la balanza comercial es deficitaria y faltan insumos
básicos de todo tipo que incluso afectan a la salud. Las computadoras, los
celulares, los automóviles y demás medios de transporte, los electrodomésticos,
etc., no se producen en el país, sólo se arman aquí con elementos importados.-
Los sectores productivos genuinos, las empresas de transporte y las
prestadoras de servicios tampoco invierten sus ganancias o beneficios en la
mejora de sus ofertas y por ende no es verdad que generen más empleos cuando se
los favorece con disminución de la carga fiscal, con moratorias, subsidios,
etc., como se lo está haciendo. El frigorífico “EFASA” de Azul, a pesar de
recibir REPROS para completar el salario fuera de convenio de sus trabajadores,
despide obreros y pretende indemnizarlos con migajas. Los empresarios de
“Papelera Azuleña S.A”, que estuvieron asistidos por el Estado municipal y
hasta por las empresas prestadoras de servicio, produjeron un lock out patronal
abandonando la planta y a sus trabajadores y pretendieron y pretenden
recuperarla financiado sus cuantiosas deudas con el trabajo de ellos. El
Frigorífico y Matadero Azul que recibió beneficios de todo tipo durante la
gestión anterior nunca reabrió. La cerámica “San Lorenzo” bajo la cubierta de
retiros voluntarios despide trabajadores. Las caleras de Olavarría también
despiden o cierran a consecuencia del
dumping que lleva a cabo “Loma Negra” obligando a los adquirentes de
cemento a también comprar cal. Los Bogliano, Raggio y compañía no reinvierten
los subsidios estatales, ni siquiera en la prestación de los servicios de
ferrocarril, subterráneo y colectivos y tampoco lo hacen “Edenor” o “Edesur”
con el servicio eléctrico. Además, presionan
transmitiendo por organizaciones afines (UIA), medios de información
(Clarín, Nación, Perfil) y los partidos patronales (FAP, PRO, UCR, etc.), el
falso mensaje de que un aumento salarial es inflacionario, efecto que
provocaría el cierre de fábricas o las haría menos competitivas con respecto al
comercio exterior y entonces pretenden tope a las paritarias; más ventajas
fiscales; más subsidios; devaluación del peso; disminución del gasto público.
En síntesis AJUSTE hacia abajo. Ajuste que la oposición derechista tiene sumo
interés en que lo haga este gobierno para no tener que tomar ellos esa decisión
si acceden al poder. Ajuste que el gobierno nacional no quiere realizar
directamente y para eso le quita apoyo financiero a las provincias; para que
sean sus gobernantes quienes lo hagan y lo hacen, como en la Provincia de Buenos
Aires o en Santa Cruz.-
Sí la tarjeta “Super-card” estará financiada por un fideicomiso que
maneje los fondos aportados por las compañías de seguros, indudablemente no
podrá acceder a ellas todo el mundo, porque, al igual que las bancarias, se
exigirán algunos requisitos mínimos de solvencia. Los supuestamente favorecidos
no serán los sectores populares y mucho menos los nacionales, porque estarán
excluido el 20% de la población que está en nivel de pobreza –según la ahora
indiscutible Universidad Pontificia Católica
Argentina-; el 40% que tiene empleo pero precarizado, es decir en negro; los
desempleados con planes sociales; los jubilados de ANSES y los ciudadanos que
habiten en los lugares donde no haya sucursales de los supermercados
adherentes. Este amplio y mayoritario sector poblacional seguirá endeudándose a
tasas usurarias en bancos y financieras.-
Desde el Partido Obrero
decimos, MENOS TARJETA Y MAS SALARIO
y por esos apoyamos a las bases de los trabajadores de la docencia; de los
empleados públicos estatales; de los judiciales y profesional de la salud que
en asambleas superan a las cúpulas sindicales y reclaman un plan de lucha
unificado y planificado.-
Indemnización total a los perjudicados por el estrago.-
No al pago de la deuda externa.-
Inversión de fondos en prevención de nuevas inundaciones.-
82 % a los jubilados.-
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