La muy publicitada “ley de medios” se reduce, en lo esencial, a una re-distribución de los medios de comunicación entre grupos económicos capitalistas: los Vila-Manzano, Electroingeniería, Cristóbal López y las empresas telefónicas, que pretenden quedarse con los despojos del grupo Clarín y sus satélites. Se juegan porciones del mercado, rentabilidades, derechos adquiridos y la penetración del capital extranjero. Banderas como la “libertad de prensa” o la “democratización de la palabra” son usadas para disimular la pelea capitalista. La pugna se ventila en un juzgado del fuero Civil y Comercial. Resumiendo: una vez aplicada a pleno, el monopolio de la palabra, de la imagen y de la interactuación con la sociedad quedará al arbitrio de los más interesados en preservar el actual estado de explotación social.
Al gobierno lo anima el propósito de reducir a la marginalidad a un ex socio convertido en rival y convertir a ex rivales en socios -fundamentalmente para uniformar el discurso político. Sin embargo, los gobiernos pasan, en tanto que los privilegios de los grandes monopolios (como Telefónica, Slim o DirectTV), siguen.
Para el conjunto de los trabajadores, esta redistribución mediática equivale al mismo perro con otro collar. El capitalismo decide qué se dice y quién lo hace; también cómo debe representarse la experiencia de la vida colectiva a través de la comunicación. O sea que se reserva el derecho a deformarla y bastardearla.
Los trabajadores de los medios, periodistas o artistas, quienes han luchado por sus derechos laborales y su independencia intelectual, enfrentan una situación crucial. ¿Cuál es esa situación? Fijar una posición propia en este enfrentamiento, como trabajadores, y combatir la pretensión de dividir a los trabajadores de prensa en función de la pugna entre intereses ajenos a la clase obrera. Esto significa que nos determinemos por medio de asambleas y no cada trabajador por separado. Si ocurriera esto último, la disputa actual habrá logrado liquidar la unidad social del trabajador en su condición de explotado por el capitalismo.
¿Cómo asegurar que las asambleas desarrollen esa unidad?
Tanto la Corpo como sus rivales han venido combatiendo con dureza la organización de los trabajadores de prensa, de televisión y de gráficos -con represalias y despidos. Fueron derrotados mediante la lucha. En AGR (propiedad de Clarín), los gráficos han vuelto a tener una comisión interna contra la voluntad de la patronal. Lo mismo está ocurriendo, en estos momentos, con los periodistas del diario Clarín, también contra la voluntad de la patronal, donde las medidas anti-sindicales fueron siempre especialmente represivas. Fue sólo gracias a una lucha sistemática de años que el gremio de prensa logró conquistar paritarias -por ahora, en la rama diarios- y hoy se vive un ascenso con la formación de comisiones internas. El problema que se enfrenta ahora es que los pulpos que se queden con los despojos de la Corpo pretenderán imponer sus normas laborales propias -para asegurar el rendimiento de sus inversiones- y su propio personal -para imponer sus propios voceros. En oposición a esta perspectiva, planteamos la estabilidad laboral de todos los trabajadores de los medios, con independencia de la posición ideológica de cada uno. No a los despidos, no a las apretadas, defensa de todos los derechos laborales del personal de medios en su conjunto.
Los medios, sin embargo, son un lugar de trabajo especial, porque allí el trabajador vende no solamente su fuerza física e intelectual de trabajo, sino su capacidad de trabajo ideológico. El Estatuto del Periodista admite que el cambio editorial en un medio (cambio de dueño) habilite a que un trabajador se considere despedido con derecho a indemnización. Las nuevas patronales van a recurrir a fondo a esta modalidad. La estabilidad laboral no puede defenderse, por lo tanto, si no es en conjunto con la independencia ideológica de los trabajadores. Para poder defender esta independencia, los delegados y comisiones internas de los medios deben reclamar el derecho a fijar su posición en los canales, radios y diarios sobre la base de acuerdos establecidos en asambleas. ¿Puede haber libertad de expresión allí donde un periodista o artista debe comunicar lo que le imponen los patrones, en nombre del derecho de propiedad, en lugar del derecho a comunicar con independencia de las directivas patronales y hacerlo de acuerdo con las conclusiones de su propio trabajo? Los beneficiarios de contratos de obras públicas -como es el caso de Cristóbal López- no perderán un minuto en llenar con ‘camporistas’ los puestos que se vean obligados a abandonar quienes hoy trabajan en ellos.
La defensa del trabajo en los medios implica la defensa de la autonomía ideológica de los trabajadores, así como en cualquier empresa el trabajador no debe comulgar con los intereses de la empresa, sino con el de sus compañeros de trabajo.
De acuerdo con la ley, la Corpo debería proceder a ‘desinvertir’ en gran parte de los medios que posee en la actualidad. O sea que podría transferirlos a sus ‘amigos’ y no a los del gobierno. Como, sin embargo, no quiere ‘desinvertir’, se propone hacerlo el propio gobierno, el cual los entregará a sus propios amigos. El gobierno asume la responsabilidad, durante la transición, de manejar los medios que se vayan a transferir. La ‘limpieza’ de personal quedaría en manos del Estado, antes de que se haga cargo el futuro beneficiario. En Aerolíneas, la intervención del gobierno trajo aparejado un desembarco de La Cámpora, que arremetió contra los trabajadores con traslados, persecuciones, presentaciones judiciales contra los sindicatos y despidos de activistas. En Canal 7, el desembarco camporista tuvo dimensiones similares. En todos los casos, le fue útil al gobierno para desplazar opositores y copar con tropa propia.
Como decíamos, la situación de los trabajadores de prensa es más delicada, porque su función es investigar e informar. La presión del gobierno no sólo afectará las condiciones de trabajo, sino el ejercicio de la profesión. Los kirchneristas, que llamaban “prostitutas” a los periodistas de los medios opositores, se proponen prostituir en masa a los periodistas.
Lo que estamos planteando, frente a todo esto, es una posición única de los trabajadores -o sea un programa que articule sus opiniones, por medio de asambleas, en un planteo común. En lugar de discutir los medios y la libertad de expresión en abstracto, planteamos abordarla en términos de clases -o sea en términos de significación social. Las posiciones de cada trabajador frente a este choque o crisis deben subordinarse a una posición colectiva, determinada por una deliberación, un debate y el voto. Ingresaría al escenario político un protagonista ausente: la clase obrera. En nuestro caso, en cambio, estamos dispuestos a someternos a las decisiones colectivas que se tomen, aunque no sean las nuestras, sin perder por ello nuestra libertad de seguir opinando del mismo modo.
¿Con qué plataforma encaramos, entonces, el 7D?
Defendiendo los puestos de trabajo y las conquistas logradas, así como la autonomía ideológica del trabajador de prensa y de televisión frente a la patronal. Reclamamos una tribuna de opinión para el cuerpo de delegados sindical, sobre la base de asambleas, y el derecho de réplica para cualquier trabajador de medios.
La unidad de los trabajadores es un pre-requisito para luchar por una verdadera democratización de los medios de comunicación, lo cual supone terminar con el monopolio capitalista y del Estado, colocando a los medios bajo propiedad pública y administrados por los trabajadores y los sectores del arte, la cultura, el deporte y distintas expresiones de la vida social.
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