domingo, 16 de septiembre de 2012

INZA, PUGA, BARRIONUEVO & AFINES



LA ÉTICA DE LOS HIPÓCRITAS




Ante la evidencia del uso arbitrario de la pauta publicitaria oficial para disciplinar a los medios de prensa, una reproducción prolija de la política presidencial, el gobierno de José Inza intenta ahora dar vuelta las cosas y justificar el retiro de la publicidad como sanción económica a las críticas de la emisora local FMA mediante la demonización del periodista, propietario y director de la radio castigada.

Es curioso cómo en los últimos días han puesto a la ética –pública y profesional periodística- en la primera línea del debate político y de qué manera el oficialismo y la oposición patronal entablan una discusión que  no va a ningún lado y disfraza una ética propia, la de los dueños –ya sea del Estado o de los capitales-, en la que no están comprometidos los intereses de los trabajadores. Los periodistas, en el medio, con sus particulares visiones, no han podido confluir hasta el momento en una perspectiva de clase que les permita defender su misión como trabajadores de prensa y hacerlo a través de una acción gremial que confronte esos ataques.

El gobierno de Inza salió a acusar al periodista de haber violado la ética profesional al sacar al aire sin aviso previo a una empleada del municipio con una consulta telefónica a través de la cual la interrogó sobre el pago de las becas a estudiantes secundarios y universitarios, de las que a lo largo de todo el año sólo se pagó la de un mes -ya han transcurrido casi diez de los 12 meses del año-. Un escándalo.
Esto que molestó al jefe comunal le valió al periodista que el intendente le retirara al medio la pauta publicitaria. Y no fue todo. El inzismo pasó a defenderse de las acusaciones con una campaña sucia basada en la contradenuncia.

Daniel Puga –subsecretario de comunicación- salió hoy a acusar a Bardi –el periodista del conflicto- de haberse aprovechado de la radio para satisfacer un interés personal, a consecuencia de que un familiar suyo es uno de los becarios perjudicados, argumento que compraron los infames escribas del régimen.
Sin embargo, esto que el inzismo realza como justificación del comportamiento del ejecutivo en nada oscurece la tarea profesional. Las motivaciones personales no la descalifican en absoluto y tampoco que la empleada haya sido sorprendida ante la consulta.  ¿Desde cuándo la indagación periodística exige poner sobre aviso a funcionarios y empleados públicos? No hay reconocimiento más brutal que éste acerca de la manipulación a la que está sometida la información pública y la violación del derecho de la población a ser informada por parte de los funcionarios que hoy se alzan con este tipo de argumentos. ¿Qué dirían, acaso de la cámara oculta? Lo de Daniel Puga en la edición de hoy (domingo 16/9) del matutino local El Tiempo es un verdadero insulto a la inteligencia y a la ética del periodista, al afirmar a lo De Vido que para mercer el respeto del Estado primero hay que ser respetuoso con él. Prácticamente se ha autoinhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de la profesión.

La única preocupación del oficialismo es que no se exponga la verdad –que la municipalidad nunca pagó las becas a los estudiantes- y que no se le critique. La de la oposición patronal, en tanto, es la de defender un régimen de legalidad que tiene sus hipocresías, ya que en Azul nunca se reguló la publicidad oficial –gasto, distribución y utilización de los fondos públicos destinados a la comunicación de los actos, programas y servicios de gobierno- y todos los partidos políticos que integran ese arco opositor vienen siendo gobierno desde el advenimiento de la democracia –Duclós estuvo nada menos que 12 años al frente del municipio-. Menos aún, se han preocupado unos y otros por garantizar la publicidad de esos gastos.

Y mientras unos y otros se miden en estas disputas, las becas de los estudiantes siguen sin pagarse y los periodistas son sometidos a la política coactiva del estado que consiste en quebrar la crítica mediante la colocación de publicidad para acallarlos por vía directa –cuando son los propietarios del medio o la propaganda de gobierno esponsoriza sus programas- o indirecta –a través de la propietaria del medio para el que trabajan-.

La descomposición gremial de los trabajadores de prensa de Azul es una valla a la organización de una lucha conjunta contra estos embates en defensa de la libertad de prensa y entre todas las que merecen ser peleadas, tanto por su salario como por sus condiciones de trabajo.

Más sobre la ética

Así como Puga fue el vocero del intendente para salir a dar explicaciones sobre lo acontecido con la emisora FMA, el secretario de Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo se puso a la cabeza de las explicaciones inherentes al veto de la ordenanza que obligaba al intendente a reponer en la publicidad oficial el logo institucional del Partido de Azul, actualmente en desuso por el de promoción personal de Inza.

El intendente vetó la ordenanza porque consideró que pasaba a prohibir algo que ya está prohibido por ley nacional, con lo cual reconoció que viene violando conscientemente una legislación que está dispuesto a seguir violando y a hacerlo sin complejos.

Como si no fuera ya bastante, Inza agregó compartir el espíritu de la ordenanza. Es decir, está de acuerdo con que le tienen que prohibir hacer lo que está haciendo. Y más. Les ordenó a los concejales que le pidan que deje de violar la ley nacional (Ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función pública) y le exijan el cumplimiento del art. 42 de la misma, en cuanto prohíbe que la publicidad oficial contenga nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos. Un capo Inza. Asesoró a los concejales sobre lo que le tienen que exigir y él no cumple.

Si a todo ello agregamos que esta catarata de incongruencias la repitió públicamente sin ningún tipo de vergüenza el secretario de Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo, no se puede llegar a otra conclusión que no sea que la Gestión Inza reproduce fielmente la lógica cristinista que además se exhibe impúdicamente como gesto de poder absoluto.

Sin embargo, nada los quita de la ignorancia. Si el argumento legal que utilizó Inza se lo proporcionó Barrionuevo, ya puede despedirlo. Porque la ley nacional con la que tanto alardean, aunque les importa un rábano, no colisiona en absoluto con la destruida ordenanza, ya que no rige para los funcionarios públicos provinciales y municipales. La misma ley aconseja a las provincias que dicten sus propias normas (art. 47 de la cit. Ley).

Curiosamente, la provincia de Buenos Aires está huérfana de una ley de ética para el ejercicio de la función pública a diferencia de la nación que la tiene desde el año 1999 –sólo la conforma el plexo normativo integrado por la constitución provincial, estatutos, códigos de conducta, etc.-. Este vacío fue el que motivó la iniciativa del GEN, a la que ahora se sumó el vicegobernador Mariotto, que procura una ley que obligue a los funcionarios a rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.

Estos mecanismos, sin embargo, son legitimadores de un sistema en profunda descomposición. Ninguna declaración jurada reveló jamás la ilicitud de los enriquecimientos de los funcionarios públicos. Por el contrario, estas suertes de leyes están hechas para legitimar la expropiación constante a los bolsillos del pueblo, al que engañan de esta manera con espejismos.

Veamos qué sucede con la famosa ley 25.188 (sancionada el 1/11/1999), que dispone la creación de la comisión nacional de ética pública en el ámbito del Congreso de la Nación. Todavía no ha sido creada.

La ACIJ informa en uno de sus sitios que “ Actualmente tiene estado parlamentario el proyecto de ley 3031-D-2011[1], de creación de la referida Comisión. Sin embargo, el proyecto perdería estado parlamentario en caso de no sancionarse durante el presente período legislativo, como sucedió en los últimos años con los  proyectos de creación de la Comisión 1602-D-2008 y 6207-D-2009. (…)  a trece de la sanción de la ley, no se observa voluntad del Poder Legislativo de crear este organismo o de reestructurar el sistema legal, ni del Ejecutivo de hacerlo por la vía reglamentaria.

Los partidos políticos con representación parlamentaria son siempre los mismos y todos ellos responden a intereses de un sistema económico y político que hace agua por todos los costados, pero sobre el que ellos construyen sus destinos económicos. Y no les va mal.

2 comentarios:

marta dijo...

y leyendo las comparaciones, y las manifestaciones temerosas de Cedeño, tenemos el combo perfecto. Aclaro yo fui al cacerolazo, y no me siento identificada con ninguna caracteristica por èl definida, tienen anteojeras, y nunca se me ocurrirìa pedir que un gobierno demecràtico se vaya, sòlo pido que cambie algunos rumbos, tampoco a eso tengo derecho???? Yo quisiera saber dònde estaba ese sr, cuando en plena època militar , los docentes nos animamos a hacer huelga .......y reclamar nuestros derechos, .........

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo, Marta. Aparte, Cedeño que sale hoy con este discurso temerario, en el 2005 integró lista con Patti, que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Ninguna autoridad para decir nada. La gente que participó en el cacerolazo expresó su indignación y levantó varias consignas que fueron "desaparecidas" del relato oficial, como las del rechazo a la re-reelección, la inseguridad y el reclamo de mayor democracia, más libertad.

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