LA ÉTICA DE LOS HIPÓCRITAS
Ante la evidencia del uso arbitrario de la pauta
publicitaria oficial para disciplinar a los medios de prensa, una reproducción
prolija de la política presidencial, el gobierno de José Inza intenta ahora dar
vuelta las cosas y justificar el retiro de la publicidad como sanción económica
a las críticas de la emisora local FMA mediante la demonización del periodista,
propietario y director de la radio castigada.
Es curioso cómo en los últimos días han puesto a la
ética –pública y profesional periodística- en la primera línea del debate
político y de qué manera el oficialismo y la oposición patronal entablan una
discusión que no va a ningún lado y disfraza
una ética propia, la de los dueños –ya sea del Estado o de los capitales-, en
la que no están comprometidos los intereses de los trabajadores. Los
periodistas, en el medio, con sus particulares visiones, no han podido confluir
hasta el momento en una perspectiva de clase que les permita defender su misión
como trabajadores de prensa y hacerlo a través de una acción gremial que
confronte esos ataques.
El gobierno de Inza salió a acusar al periodista de
haber violado la ética profesional al sacar al aire sin aviso previo a una
empleada del municipio con una consulta telefónica a través de la cual la
interrogó sobre el pago de las becas a estudiantes secundarios y
universitarios, de las que a lo largo de todo el año sólo se pagó la de un mes
-ya han transcurrido casi diez de los 12 meses del año-. Un escándalo.
Esto que molestó al jefe comunal le valió al
periodista que el intendente le retirara al medio la pauta publicitaria. Y no
fue todo. El inzismo pasó a defenderse de las acusaciones con una campaña sucia
basada en la contradenuncia.
Daniel Puga –subsecretario de comunicación- salió hoy
a acusar a Bardi –el periodista del conflicto- de haberse aprovechado de la
radio para satisfacer un interés personal, a consecuencia de que un familiar
suyo es uno de los becarios perjudicados, argumento que compraron los infames escribas
del régimen.
Sin embargo, esto que el inzismo realza como
justificación del comportamiento del ejecutivo en nada oscurece la tarea
profesional. Las motivaciones personales no la descalifican en absoluto y
tampoco que la empleada haya sido sorprendida ante la consulta. ¿Desde cuándo la indagación periodística exige
poner sobre aviso a funcionarios y empleados públicos? No hay reconocimiento
más brutal que éste acerca de la manipulación a la que está sometida la
información pública y la violación del derecho de la población a ser informada
por parte de los funcionarios que hoy se alzan con este tipo de argumentos. ¿Qué
dirían, acaso de la cámara oculta? Lo de Daniel Puga en la edición de hoy
(domingo 16/9) del matutino local El Tiempo es un verdadero insulto a la inteligencia
y a la ética del periodista, al afirmar a lo De Vido que para mercer el respeto
del Estado primero hay que ser respetuoso con él. Prácticamente se ha
autoinhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de la profesión.
La única preocupación del oficialismo es que no se
exponga la verdad –que la municipalidad nunca pagó las becas a los estudiantes-
y que no se le critique. La de la oposición patronal, en tanto, es la de
defender un régimen de legalidad que tiene sus hipocresías, ya que en Azul
nunca se reguló la publicidad oficial –gasto, distribución y utilización de los
fondos públicos destinados a la comunicación de los actos, programas y
servicios de gobierno- y todos los partidos políticos que integran ese arco
opositor vienen siendo gobierno desde el advenimiento de la democracia –Duclós estuvo
nada menos que 12 años al frente del municipio-. Menos aún, se han preocupado
unos y otros por garantizar la publicidad de esos gastos.
Y mientras unos y otros se miden en estas disputas,
las becas de los estudiantes siguen sin pagarse y los periodistas son sometidos
a la política coactiva del estado que consiste en quebrar la crítica mediante
la colocación de publicidad para acallarlos por vía directa –cuando son los
propietarios del medio o la propaganda de gobierno esponsoriza sus programas- o
indirecta –a través de la propietaria del medio para el que trabajan-.
La descomposición gremial de los trabajadores de
prensa de Azul es una valla a la organización de una lucha conjunta contra
estos embates en defensa de la libertad de prensa y entre todas las que merecen
ser peleadas, tanto por su salario como por sus condiciones de trabajo.
Más
sobre la ética
Así como Puga fue el vocero del intendente para salir
a dar explicaciones sobre lo acontecido con la emisora FMA, el secretario de
Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo se puso a la cabeza de las explicaciones
inherentes al veto de la ordenanza que obligaba al intendente a reponer en la
publicidad oficial el logo institucional del Partido de Azul, actualmente en
desuso por el de promoción personal de Inza.
El intendente vetó la ordenanza porque consideró que pasaba
a prohibir algo que ya está prohibido por ley nacional, con lo cual reconoció que
viene violando conscientemente una legislación que está dispuesto a seguir
violando y a hacerlo sin complejos.
Como si no fuera ya bastante, Inza agregó compartir el
espíritu de la ordenanza. Es decir, está de acuerdo con que le tienen que
prohibir hacer lo que está haciendo. Y más. Les ordenó a los concejales que le
pidan que deje de violar la ley nacional (Ley 25.188, de ética en el ejercicio
de la función pública) y le exijan el cumplimiento del art. 42 de la misma, en
cuanto prohíbe que la publicidad oficial contenga nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal
de las autoridades o funcionarios públicos. Un capo
Inza. Asesoró a los concejales sobre lo que le tienen que exigir y él no
cumple.
Si a todo ello agregamos que esta catarata de
incongruencias la repitió públicamente sin ningún tipo de vergüenza el
secretario de Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo, no se puede llegar a otra
conclusión que no sea que la Gestión Inza reproduce fielmente la lógica
cristinista que además se exhibe impúdicamente como gesto de poder absoluto.
Sin embargo, nada los quita de la ignorancia. Si el
argumento legal que utilizó Inza se lo proporcionó Barrionuevo, ya puede
despedirlo. Porque la ley nacional con la que tanto alardean, aunque les
importa un rábano, no colisiona en absoluto con la destruida ordenanza, ya que
no rige para los funcionarios públicos provinciales y municipales. La misma ley
aconseja a las provincias que dicten sus propias normas (art. 47 de la cit. Ley).
Curiosamente, la provincia de Buenos Aires está huérfana
de una ley de ética para el ejercicio de la función pública a diferencia de la
nación que la tiene desde el año 1999 –sólo la conforma el plexo normativo integrado
por la constitución provincial, estatutos, códigos de conducta, etc.-. Este
vacío fue el que motivó la iniciativa del GEN, a la que ahora se sumó el
vicegobernador Mariotto, que procura una ley que obligue a los funcionarios a
rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.
Estos mecanismos, sin embargo, son legitimadores de un
sistema en profunda descomposición. Ninguna declaración jurada reveló jamás la
ilicitud de los enriquecimientos de los funcionarios públicos. Por el
contrario, estas suertes de leyes están hechas para legitimar la expropiación
constante a los bolsillos del pueblo, al que engañan de esta manera con
espejismos.
Veamos qué sucede con la famosa ley 25.188 (sancionada
el 1/11/1999), que dispone la creación de la comisión nacional de ética pública
en el ámbito del Congreso de la Nación. Todavía no ha sido creada.
La ACIJ
informa en uno de sus sitios que “ Actualmente tiene estado parlamentario el proyecto de ley
3031-D-2011[1],
de creación de la referida Comisión. Sin embargo, el proyecto perdería estado
parlamentario en caso de no sancionarse durante el presente período
legislativo, como sucedió en los últimos años con los proyectos de
creación de la Comisión 1602-D-2008 y 6207-D-2009. (…) a trece de la sanción de la ley, no se observa
voluntad del Poder Legislativo de crear este organismo o de reestructurar el
sistema legal, ni del Ejecutivo de hacerlo por la vía reglamentaria.”
Los partidos políticos con representación parlamentaria son siempre
los mismos y todos ellos responden a intereses de un sistema económico y político
que hace agua por todos los costados, pero sobre el que ellos construyen sus
destinos económicos. Y no les va mal.
2 comentarios:
y leyendo las comparaciones, y las manifestaciones temerosas de Cedeño, tenemos el combo perfecto. Aclaro yo fui al cacerolazo, y no me siento identificada con ninguna caracteristica por èl definida, tienen anteojeras, y nunca se me ocurrirìa pedir que un gobierno demecràtico se vaya, sòlo pido que cambie algunos rumbos, tampoco a eso tengo derecho???? Yo quisiera saber dònde estaba ese sr, cuando en plena època militar , los docentes nos animamos a hacer huelga .......y reclamar nuestros derechos, .........
Totalmente de acuerdo, Marta. Aparte, Cedeño que sale hoy con este discurso temerario, en el 2005 integró lista con Patti, que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Ninguna autoridad para decir nada. La gente que participó en el cacerolazo expresó su indignación y levantó varias consignas que fueron "desaparecidas" del relato oficial, como las del rechazo a la re-reelección, la inseguridad y el reclamo de mayor democracia, más libertad.
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