Los trabajadores de Papelera Azuleña vienen enfrentando un salvaje lock out patronal que los mantiene privados de trabajar y de cobrar sus salarios. La patronal, por otra parte, arrastra una deuda anterior cuyo cobro los papeleros persiguen judicialmente. Hace cuatro meses que se ven totalmente impedidos de cubrir las necesidades materiales de sus familias. Frente a esta situación de emergencia social -son 23 familias sometidas a esta imposición de la empresa-, el Ministerio de Trabajo interviene manifiestamente a favor de los empresarios y el gobierno comunal se mantiene indiferente al conflicto, desconociendo la letra constitucional que manda al Estado a tutelar los derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana. Lo que parece un mal chiste, es que frente a este imperdonable incumplimiento de uno sus fines, esenciales al sistema político del que forma parte el municipio, el intendente José Inza y sus funcionarios consideren una política de inclusión poner a trabajar a los papeleros en hacer el Momo para el Carnaval por 3.500 pesos como suma total, definitiva, a repartir entre todos -a razón de unos 150 pesos para cada uno, cálculo al que debe ceñirse-, cuando ellos reclaman las garantías con las que el Estado debe asegurar la satisfacción de los derechos elementales, actualmente violados impunemente. Lo que para la gestión Inza es inclusión, para el ordenamiento constitucional que está obligado a defender es violación de las garantías; y para el más estricto sentido de justicia, es simplemente humillación.
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