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DOCENTES, EMPLEADOS PUBLICOS, FERROVIARIOS, ANTIPULPOS MINEROS, FAMILIARES DE VICTIMAS DE ONCE
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Movilizaciones en varias provincias
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8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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viernes, 9 de marzo de 2012
Prensa Obrera
domingo, 4 de marzo de 2012
El conflicto de la Papelera llegó a la Prensa Obrera
Papelera Azuleña tomada por sus trabajadores
El derecho de propiedad mata
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La sintonía fina y la cuerda floja
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LA UNIDAD DE LA BUROCRACIA NO DIO PARA UN COMUNICADO
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El gobierno, hasta las manos en la masacre de Once
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Por un plan de lucha de Ctera
domingo, 19 de febrero de 2012
ÚLTIMA EDICIÓN DE PRENSA OBRERA
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Llevemos al triunfo los reclamos con una lucha de conjunto
- MALVINAS, HOY
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El Borges del Rock Nacional
miércoles, 8 de febrero de 2012
Malvinas, un asunto fiscal
PO 1210
Nacionalismo y socialismo frente a la cuestión nacional
Por Jorge Altamira
Ya en la guerra de 1982, la cuestión de Malvinas estuvo ligada a las posibilidades de la explotación petrolera y pesquera. Un informe oficial de aquella época, elaborado en Gran Bretaña, advertía sobre la importancia de estos recursos y recomendaba un acuerdo con Argentina. Las dilaciones para poner en práctica esta orientación fueron uno de los factores que se usaron para justificar la ocupación del archipiélago por parte de la dictadura. Hasta ese momento, Malvinas era un tema de soberanía confinado a los manuales de escuela o, esporádicamente, un motivo de distracción política -como ocurrió en septiembre de 1966, cuando un futuro militante montonero saludó con un aterrizaje en la isla el arribo al gobierno de Juan Carlos Onganía.
La cuestión económica torna ahora insoslayable la reaparición del tema Malvinas. El factor distraccionista -en especial en tiempos de ajuste- ocupa en la actualidad un lugar importante, pero secundario. Ninguna de las concesiones que hicieron Menem-Di Tella en su momento permitieron avanzar en la solución del conflicto siquiera un milímetro. Los K acompañaron al menemismo sin chistar, al extremo de apoyar la privatización de YPF en beneficio de Repsol, la cual no es más que una agencia de la City de Londres. El oficialismo emprendió a mitad de mandato un nuevo rumbo ante la evidencia palpable del fracaso.
¿Qué reclama Argentina? No la soberanía de las islas, sino el establecimiento de una mesa de negociación -como ya lo reclamaron Galtieri y Menem. Negociación quiere decir toma y daca -en la mejor hipótesis, el reconocimiento, sólo en principio, de la soberanía argentina a cambio de un régimen económico y jurídico (o sea político) que contemple los intereses británicos y norteamericanos. Este planteo ya se encuentra inscripto en acuerdos precedentes, los que descalifican "los deseos" de los 'falklanders', pero reconocen sus "intereses". Esta población, que ha obtenido ciudadanía británica, ejerce el derecho de propiedad sobre las tierras de Malvinas (por lo que solamente puede ser desapropiada por la legislación británica) y su administración legisla sobre las aguas adyacentes (a cuenta de los ingleses). En una negociación, Argentina recibiría el reconocimiento formal de la soberanía como canje a la privatización del archipiélago malvinense.
Ya en la guerra de 1982, la cuestión de Malvinas estuvo ligada a las posibilidades de la explotación petrolera y pesquera. Un informe oficial de aquella época, elaborado en Gran Bretaña, advertía sobre la importancia de estos recursos y recomendaba un acuerdo con Argentina. Las dilaciones para poner en práctica esta orientación fueron uno de los factores que se usaron para justificar la ocupación del archipiélago por parte de la dictadura. Hasta ese momento, Malvinas era un tema de soberanía confinado a los manuales de escuela o, esporádicamente, un motivo de distracción política -como ocurrió en septiembre de 1966, cuando un futuro militante montonero saludó con un aterrizaje en la isla el arribo al gobierno de Juan Carlos Onganía.
La cuestión económica torna ahora insoslayable la reaparición del tema Malvinas. El factor distraccionista -en especial en tiempos de ajuste- ocupa en la actualidad un lugar importante, pero secundario. Ninguna de las concesiones que hicieron Menem-Di Tella en su momento permitieron avanzar en la solución del conflicto siquiera un milímetro. Los K acompañaron al menemismo sin chistar, al extremo de apoyar la privatización de YPF en beneficio de Repsol, la cual no es más que una agencia de la City de Londres. El oficialismo emprendió a mitad de mandato un nuevo rumbo ante la evidencia palpable del fracaso.
¿Qué reclama Argentina? No la soberanía de las islas, sino el establecimiento de una mesa de negociación -como ya lo reclamaron Galtieri y Menem. Negociación quiere decir toma y daca -en la mejor hipótesis, el reconocimiento, sólo en principio, de la soberanía argentina a cambio de un régimen económico y jurídico (o sea político) que contemple los intereses británicos y norteamericanos. Este planteo ya se encuentra inscripto en acuerdos precedentes, los que descalifican "los deseos" de los 'falklanders', pero reconocen sus "intereses". Esta población, que ha obtenido ciudadanía británica, ejerce el derecho de propiedad sobre las tierras de Malvinas (por lo que solamente puede ser desapropiada por la legislación británica) y su administración legisla sobre las aguas adyacentes (a cuenta de los ingleses). En una negociación, Argentina recibiría el reconocimiento formal de la soberanía como canje a la privatización del archipiélago malvinense.
Mariano Ferreyra. Un crimen contra la clase obrera
La Justicia unificó las dos causas seguidas por el asesinato de Mariano Ferreyra. Una victoria.
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El Tribunal Oral en lo Criminal 21 ha decidido la unificación en un solo juicio de la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros con la que se encuentra abierta a la Policía Federal por su participación en ese acontecimiento. Respondió de este modo a la presentación conjunta realizada por todos los querellantes. Hemos logrado sentar en un banquillo único a Pedraza y Cia. y a toda la cúpula de la Policía Federal que garantizó el accionar de la patota asesina e intentó encubrir su fuga.
La resolución del tribunal admite que se trata de un mismo hecho, con víctimas y pruebas comunes. Esto permitirá abordar en el debate tanto la intervención de cada uno de los responsables del homicidio como la coordinación que fue necesaria para perpetrar el ataque homicida a los tercerizados. Asimismo, pondrá de manifiesto los intereses que impulsaron dicho crimen, allanando el camino a la demostración del plan criminal y extender la acusación como participes del homicidio a los imputados de la jerarquía policial, que hasta el momento aparecen incursos solamente en la tipificación de “abandono de persona”.
La respuesta del tribunal es un triunfo del planteamiento unificado de la querella.
Advertimos, sin embargo, que la Cámara de Casación Penal, incluso después de su reciente renovación, tiene pendiente la resolución sobre la excarcelación de Pedraza. Los aliados de Pedraza en el aparato del Estado y de la burocracia sindical pretenden que asista al juicio en libertad. Tanto Pedraza como el conjunto de los imputados intentaron por distintos medios perjudicar la acción de la Justicia mientas estuvieron en libertad, entre las que se incluyen campañas mediáticas, intimidaciones en el ferrocarril, amenazas varias y el intento de coima a los jueces.
En resúmen las razones jurídicas para mantener la prisión preventiva de Pedraza y sus cómplices siguen en pie. Advertimos del mismo modo que la liberación de Pedraza es uno de los temas en la agenda de disputas políticas que dividen a los círculos oficiales.
La resolución que unifica las causas prorroga sin fecha el inicio del juicio oral y público previsto para este febrero. Reclamamos que se lo establezca de inmediato dentro del primer semestre de este año.
Para que ésto ocurra solamente es necesario que la Corte Suprema de la Nación, garantice la sala del Palacio de Justicia, que permita al TOC 21 llevar a cabo un juicio de esta envergadura, como los recursos materiales que corresponden y que se suspenda la radicación de nuevas causas. Es necesario, asimismo, que la Ministra Garré ordene a la gendarmería que priorice la realización de las pericias pendientes, en lugar de infiltrar y espiar a los militantes sindicales combativos, como fuera denunciado en el juicio a los delegados de Kraft y a Ripoll y Pitrola.
Llamamos a la ciudadanía a que nos acompañe en este reclamo, para dar otro paso más hacia el Juicio y Castigo de TODOS los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y de los daños terribles ocasionados a nuestra compañera Elsa Rodríguez.
lunes, 6 de febrero de 2012
FAMATINA PUDO, TODOS PODEMOS
Tapa Prensa Obrera 1210
Famatina y los riojanos han doblegado al monopolio minero y al gobierno mentiroso de La Rioja.
Es cierto que ahora viene la etapa más difícil, como ya ocurrió con Agua Rica y en Andalgalá (Catamarca), donde las mineras compraron los medios de comunicación y a la Universidad, mientras el Estado se asociaba con los dueños de La Alumbrera para imponer el proyecto.
Ahora, del mismo modo, los gobiernos nacional y provincial van a utilizar todas las astucias y corruptelas para rescatar la entrega del Famatina. Pero nosotros hemos ganado un terreno precioso para arrancar nuevas victorias -sea en San Juan, en Neuquén, en Salta, en Santa Cruz y, por sobre todo, en Catamarca.
Debemos destacar también la lucha contra la contaminación petrolera, que solamente será posible si la exploración y la explotación se ponen bajo el control y la gestión de los trabajadores, o contra el glifosato y el agotamiento del suelo por parte del saqueo sojero.
La victoria de Famatina es una victoria nacional, porque es un triunfo contra la tentativa de convertirnos en factoría minera colonial. Un triunfo arrancado, además, contra un gobierno que enarbola las banderas nacionales para arriarlas cuando se trata de apoyar al capitalismo.
No se le escapa a nadie que la epopeya de Famatina se encuentra favorecida por el desasosiego que el ajuste está provocando en el pueblo, así como por la crisis política en la cumbre del poder.
La pueblada de Famatima confirma el temor del gobierno de que el ajuste también provoque una rebelión popular.
La megaminería no es una vía de desarrollo para las mayorías (es un medio de destrucción del medio ambiente), sino la otra cara del ajuste -la entrega de los recursos naturales en gran escala, para pagar la deuda usurera internacional y financiar la fuga de capitales que ocasiona la crisis mundial.
Nuestra conclusión es la siguiente: es la oportunidad de repudiar el ajuste y rechazar el tarifazo, de que las privadas y el transporte abran sus libros y de que se establezca un control de los trabajadores sobre sus operaciones, para determinar los costos verdaderos de producción.
Asimismo, rechacemos cualquier tope o techo a las paritarias, pero no para que los burócratas decidan los reclamos a las patronales, sino para que los definan los trabajadores por medio de asambleas.
Contra el ajuste, el saqueo y la depredación: control obrero.
El ajuste viene con una crisis política
El ajuste -"sintonía fina"- lanzado por el gobierno ha inaugurado un período de choques y realineamientos políticos, que están a la vista de todos, tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición. La tremenda movilización que ha suscitado el proyecto de megaminería en La Rioja se inserta en este panorama, porque ha mostrado las grietas del gobierno y ha sembrado la confusión en la militancia K.
La olla levanta presión
El ajuste en marcha tiene características explosivas, porque se asienta en un cuadro inflacionario elevado (alrededor del 25%), que los subsidios no lograron frenar, ni tampoco, ahora, el retraso del dólar. Para evitar que la inflación se transforme en hiper, o que para frenarla haya que producir un parate de la economía, el sabueso Moreno ha sacado a relucir todas sus habilidades para imponer un dirigismo económico en el comercio exterior y en la regulación de bancos y petroleras. Este intento de gambetear la crisis está produciendo un cimbronazo en las alianzas oficiales -por ejemplo con el Banco Macro, al cual el gobierno acusa de haber promovido la fuga al dólar, y con Repsol, que sería responsable de facturar el gasoil por encima de lo establecido. Las escaramuzas no han impedido, sin embargo, que el salteño Urtubey autorice un aumento de la remuneración de las petroleras que operan en su provincia, o que las estaciones de Esso sean transferidas a la todavía británica Panamerican Energy.
Las medidas adoptadas por el gobierno parecen tomadas de diversos planteamientos que expusimos en las elecciones recientes. Se ha establecido una suerte de control de cambios, se han prohibido algunas remisiones de ganancias al exterior, y Moreno dijo que habría que investigar los costos de las privatizadas. Quedó demostrado que el Frente de Izquierda fue mucho más realista que el bloque gobernante en la caracterización que debía enfrentar. Sin embargo, estas medidas intervencionistas muestran todos sus límites cuando son tomadas por un gobierno capitalista, o sea en forma aislada, inconexa, sin afectar el poder de decisión de los monopolios capitalistas y no como parte de una reestructuración social de orden general, que establezca una planificación orientada por la clase obrera. La restricción a la salida de divisas, por ejemplo, ha sido enfrentada por los capitalistas mediante una bicicleta financiera, que opera con intereses en pesos del orden del 20% anual -lo cual no solamente afecta al crédito al consumo: además aumenta la presión sobre la inflación y sobre la demanda de divisas (el mercado negro opera a 4,80 pesos el dólar).
Es necesario insistir en que los subsidios al transporte y a los servicios no produjeron ningún beneficio a los trabajadores, cuyo salario quedó determinado por una canasta familiar que se encuentra desvalorizada por la menor incidencia de las tarifas. Los beneficiados fueron los capitalistas de la industria, que pagaron salarios inferiores a los que les hubiera correspondido pagar con tarifas sin subsidios. Ahora, el gobierno quiere aplicar la ‘sintonía fina' a las paritarias, para evitar que el tarifazo sea compensado con un aumento salarial en la misma escala.
Moyano y las paritarias
La olla levanta presión
El ajuste en marcha tiene características explosivas, porque se asienta en un cuadro inflacionario elevado (alrededor del 25%), que los subsidios no lograron frenar, ni tampoco, ahora, el retraso del dólar. Para evitar que la inflación se transforme en hiper, o que para frenarla haya que producir un parate de la economía, el sabueso Moreno ha sacado a relucir todas sus habilidades para imponer un dirigismo económico en el comercio exterior y en la regulación de bancos y petroleras. Este intento de gambetear la crisis está produciendo un cimbronazo en las alianzas oficiales -por ejemplo con el Banco Macro, al cual el gobierno acusa de haber promovido la fuga al dólar, y con Repsol, que sería responsable de facturar el gasoil por encima de lo establecido. Las escaramuzas no han impedido, sin embargo, que el salteño Urtubey autorice un aumento de la remuneración de las petroleras que operan en su provincia, o que las estaciones de Esso sean transferidas a la todavía británica Panamerican Energy.
Las medidas adoptadas por el gobierno parecen tomadas de diversos planteamientos que expusimos en las elecciones recientes. Se ha establecido una suerte de control de cambios, se han prohibido algunas remisiones de ganancias al exterior, y Moreno dijo que habría que investigar los costos de las privatizadas. Quedó demostrado que el Frente de Izquierda fue mucho más realista que el bloque gobernante en la caracterización que debía enfrentar. Sin embargo, estas medidas intervencionistas muestran todos sus límites cuando son tomadas por un gobierno capitalista, o sea en forma aislada, inconexa, sin afectar el poder de decisión de los monopolios capitalistas y no como parte de una reestructuración social de orden general, que establezca una planificación orientada por la clase obrera. La restricción a la salida de divisas, por ejemplo, ha sido enfrentada por los capitalistas mediante una bicicleta financiera, que opera con intereses en pesos del orden del 20% anual -lo cual no solamente afecta al crédito al consumo: además aumenta la presión sobre la inflación y sobre la demanda de divisas (el mercado negro opera a 4,80 pesos el dólar).
Es necesario insistir en que los subsidios al transporte y a los servicios no produjeron ningún beneficio a los trabajadores, cuyo salario quedó determinado por una canasta familiar que se encuentra desvalorizada por la menor incidencia de las tarifas. Los beneficiados fueron los capitalistas de la industria, que pagaron salarios inferiores a los que les hubiera correspondido pagar con tarifas sin subsidios. Ahora, el gobierno quiere aplicar la ‘sintonía fina' a las paritarias, para evitar que el tarifazo sea compensado con un aumento salarial en la misma escala.
Moyano y las paritarias
jueves, 5 de enero de 2012
EL AJUSTE NO DA TREGUA
AJUSTE NO DA TREGUA
PO 5/1/2012 Tapa
No hay margen de duda: el año 2012 debutó con un ajuste brutal contra los
trabajadores.
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Al menos ocho provincias anunciaron despidos o congelamiento de los salarios estatales. En Santa Cruz, el corazón del kirchnerismo, quieren arrasar, además, con las conquistas previsionales.
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Los mismos gobiernos que atacan el salario y las jubilaciones dispusieron tarifazos e impuestazos. En la Capital, el pacto entre los K y Macri por el traspaso del subte está atado a un aumento del 125 por ciento en el pasaje.
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A los trabajadores, quienes tendremos que enfrentar esta mayor carestía, quieren imponernos paritarias con techo; también suspensiones y despidos -como en Swift, Mecca o Bosch.
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A todo esto, Moyano y la CGT ingresaron en el nuevo año en una "tregua" con el gobierno y las patronales, con la excusa de la salud presidencial.
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Algo que no le impidió a la Presidenta autodecretarse la facultad de ¡reducir! los salarios estatales.
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La "tregua" podrá existir en las cabezas de los burócratas sindicales. Pero el gobierno nacional y los de las provincias no dejaron pasar un minuto sin avanzar contra los trabajadores.
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Los Kirchner, Scioli o Macri se lamentan por sus "finanzas en rojo". No dicen -claro está- que vaciaron sus cajas en beneficio de los acreedores de la deuda, de los privatizadores y de otros capitalistas subsidiados.
A la hora de "ajustar", sin embargo, dejan intactos a todos ellos y traspasan la factura de la crisis a los que trabajan.
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En Santa Cruz, una decidida intervención obrera puso freno a un ajuste feroz. Quedó claro que no hay lugar ni tiempo para "treguas".
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Impulsemos asambleas y plenarios en todos los sindicatos, para discutir un programa y un plan de acción contra el ajuste.
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Ningún tarifazo ni impuestazo. Paritarias libres y sin techos. Por la indexación automática del salario con la inflación. Defensa de todas las conquistas salariales y del 82% móvil.
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Ni despidos ni suspensiones: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
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Que las centrales obreras rompan la "tregua" con el gobierno y resuelvan un plan de lucha por estos objetivos.
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Que los sindicatos discutan una salida obrera a la crisis.
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Al menos ocho provincias anunciaron despidos o congelamiento de los salarios estatales. En Santa Cruz, el corazón del kirchnerismo, quieren arrasar, además, con las conquistas previsionales.
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Los mismos gobiernos que atacan el salario y las jubilaciones dispusieron tarifazos e impuestazos. En la Capital, el pacto entre los K y Macri por el traspaso del subte está atado a un aumento del 125 por ciento en el pasaje.
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A los trabajadores, quienes tendremos que enfrentar esta mayor carestía, quieren imponernos paritarias con techo; también suspensiones y despidos -como en Swift, Mecca o Bosch.
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A todo esto, Moyano y la CGT ingresaron en el nuevo año en una "tregua" con el gobierno y las patronales, con la excusa de la salud presidencial.
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Algo que no le impidió a la Presidenta autodecretarse la facultad de ¡reducir! los salarios estatales.
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La "tregua" podrá existir en las cabezas de los burócratas sindicales. Pero el gobierno nacional y los de las provincias no dejaron pasar un minuto sin avanzar contra los trabajadores.
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Los Kirchner, Scioli o Macri se lamentan por sus "finanzas en rojo". No dicen -claro está- que vaciaron sus cajas en beneficio de los acreedores de la deuda, de los privatizadores y de otros capitalistas subsidiados.
A la hora de "ajustar", sin embargo, dejan intactos a todos ellos y traspasan la factura de la crisis a los que trabajan.
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En Santa Cruz, una decidida intervención obrera puso freno a un ajuste feroz. Quedó claro que no hay lugar ni tiempo para "treguas".
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Impulsemos asambleas y plenarios en todos los sindicatos, para discutir un programa y un plan de acción contra el ajuste.
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Ningún tarifazo ni impuestazo. Paritarias libres y sin techos. Por la indexación automática del salario con la inflación. Defensa de todas las conquistas salariales y del 82% móvil.
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Ni despidos ni suspensiones: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
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Que las centrales obreras rompan la "tregua" con el gobierno y resuelvan un plan de lucha por estos objetivos.
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Que los sindicatos discutan una salida obrera a la crisis.
martes, 27 de diciembre de 2011
El derecho de huelga y la Constitución de 1949
En su discurso de asunción, CFK se detiene y pregunta: "No tuve tiempo de corroborar el dato pero ¿es cierto que el derecho de huelga no figuraba en la Constitución de 1949, del primer gobierno peronista?". Alguien le responde: "Es cierto, no figura". La Presidenta vuelve al micrófono y plantea lo largamente difundido: hoy rige el derecho de huelga pero no el derecho a la extorsión sustentado en una huelga.
El planteo abrió una discusión sobre la famosa Constitución de Perón. Juan Pablo Feinmann, un defensor de los hechos consumados, dice que "Perón, y en no menor medida Evita, creían que era tanto lo que habían entregado a los obreros... que una huelga contra ellos era una especie de herejía", un razonamiento francamente idiota, porque ninguno de ellos pensaba que vivirían para siempre, y también por aquello de lo que abunda no daña. Para De Gennaro, en cambio, como la huelga es un "derecho natural" no correspondía convertirlo en "derecho positivo", casi invitando a que CFK lo derogue.
Coherencia
Bajo el gobierno peronista y su predecesor, el gobierno surgido del golpe militar del 43, la huelga no tuvo nunca jerarquía legal. La resolución 16 del 10 de marzo de 1944 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por Perón, dispuso que cualquier reclamo por un conflicto laboral debía hacerse por escrito y tanto trabajadores como empleadores tenían prohibido alterar el estado preexistente, sea a través de huelgas o despidos, mientras se tramitara esa instancia administrativa -una "conciliación obligatoria" indefinida. El derecho de huelga fue omitido en la Ley de Asociaciones Profesionales (1945)1 y en la Declaración de los Derechos de los Trabajadores (1947) que más tarde sería incorporada íntegramente en la Constitución del ‘49. Luego, el "coronel del pueblo" y la burocracia de la CGT se ocuparon pacientemente de desmontar el aluvión de huelgas que se desencadenó a partir del 17 de octubre de 1945. "A principios de agosto (1947) cuando el nivel de los conflictos estaba alcanzando un nuevo pico y muchas de las concesiones más tarde identificadas con el peronismo no se habían hecho todavía realidad, el presidente convocó a los dirigentes de la CGT y a los principales sindicatos de la industria y los servicios a una conferencia urgente...(donde) denunció con alarma el descubrimiento de una conspiración orquestada por la oposición y sus aliados comunistas para revertir el curso de la revolución"2.
La conspiración llevó a que la burocracia de la CGT, en el Congreso Nacional del movimiento sindical convocado para octubre de ese año, hiciera aprobar una resolución condenatoria de las huelgas. Impugnó a "(esos) tipos de sindicatos (que) han creado una especie de mística que fue, quizá, un factor indispensable en épocas pasadas pero que ya hoy no tiene razón de ser. Ello es la obediencia ciega al decreto de huelga para no ser tildado de ‘carnero'"3.
En 1949, un editorial del periódico CGT definió a los paros y huelgas como "crimen político" contra la Revolución4. Esta ofensiva llegó a su clímax con la huelga ferroviaria de 1951, declarada ilegal y quebrada a través de la movilización del ejército, la detención en masa y el despido de sus protagonistas.
"Rompe con el orden establecido"
Coherente con este proceso político, en la sesión del 8 de marzo de 1949 la Convención Constituyente se pronunció taxativamente contra la inclusión del derecho de huelga, por considerar "que la huelga implica un rompimiento con el orden establecido que, como tal, tiene la pretensión de ser un orden justo y la exclusión del recurso de fuerza es el fin de toda organización social. El derecho absoluto de huelga, por tanto, no puede ser consagrado en una Constitución".
El carácter reaccionario de la Constitución del ‘49 no se limita a su condena al derecho de huelga. El artículo 15 dice: "El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera sean sus fines que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorias al sistema democrático en que esta se inspira". Era la cláusula anticomunista, que por entonces se camuflaba como una ‘defensa de la democracia'. Más aún, "quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado", algo sacado de la Constitución de Alemania, dictada por el ejército de ocupación de Estados Unidos (que hoy revive a su modo en la "ley antiterrorista"). El artículo 34 creó la figura jurídica del "estado de prevención y alarma", que otorgó al presidente las facultades del estado de sitio sin pasar por el Congreso, o sea arrestar y trasladar personas con la suma del poder público en sus manos.
La naturaleza de un derecho
La Constitución del ‘49 fue derogada por la Libertadora y nunca repuesta por un gobierno peronista. La Convención Constituyente de 1957, con el peronismo proscripto, aprobó el artículo 14 bis, que "reconoce" el derecho de huelga, en oposición a la propia Constitución Justicialista, en el marco de una ofensiva sistemática contra el movimiento obrero, con cientos de sindicatos intervenidos y miles de activistas perseguidos. Un derecho de huelga con la CGT y los sindicatos intervenidos por los militares. Fue la fachada ‘liberal' de un régimen que buscaba asegurar un continuismo civil.
La consagración del "derecho de huelga" en la Constitución es, de un modo general, un acto de hipocresía del régimen patronal, porque se lo admite para poder reglamentarlo, o sea hacerlo inviable desde el punto de vista de los tribunales de justicia. La huelga, una acción que contradice la propiedad privada de los medios de producción, solamente puede ser reconocida como un derecho en abstracto, o sea en forma ficticia. Es así que se ve sistemáticamente prohibida por medio de la conciliación y el arbitraje obligatorio, o la declaración de servicios esenciales. La propia OIT recomienda darle carácter constitucional al derecho de huelga en los países que aún no lo han hecho, mientras que admite y recomienda la prohibición de huelga en todos los servicios "esenciales".
El carácter "nacional y popular" de la Constitución Justicialista es uno de los grandes mitos de la historia oficial difundida por el peronismo y el centroizquierda.
El planteo abrió una discusión sobre la famosa Constitución de Perón. Juan Pablo Feinmann, un defensor de los hechos consumados, dice que "Perón, y en no menor medida Evita, creían que era tanto lo que habían entregado a los obreros... que una huelga contra ellos era una especie de herejía", un razonamiento francamente idiota, porque ninguno de ellos pensaba que vivirían para siempre, y también por aquello de lo que abunda no daña. Para De Gennaro, en cambio, como la huelga es un "derecho natural" no correspondía convertirlo en "derecho positivo", casi invitando a que CFK lo derogue.
Coherencia
Bajo el gobierno peronista y su predecesor, el gobierno surgido del golpe militar del 43, la huelga no tuvo nunca jerarquía legal. La resolución 16 del 10 de marzo de 1944 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por Perón, dispuso que cualquier reclamo por un conflicto laboral debía hacerse por escrito y tanto trabajadores como empleadores tenían prohibido alterar el estado preexistente, sea a través de huelgas o despidos, mientras se tramitara esa instancia administrativa -una "conciliación obligatoria" indefinida. El derecho de huelga fue omitido en la Ley de Asociaciones Profesionales (1945)1 y en la Declaración de los Derechos de los Trabajadores (1947) que más tarde sería incorporada íntegramente en la Constitución del ‘49. Luego, el "coronel del pueblo" y la burocracia de la CGT se ocuparon pacientemente de desmontar el aluvión de huelgas que se desencadenó a partir del 17 de octubre de 1945. "A principios de agosto (1947) cuando el nivel de los conflictos estaba alcanzando un nuevo pico y muchas de las concesiones más tarde identificadas con el peronismo no se habían hecho todavía realidad, el presidente convocó a los dirigentes de la CGT y a los principales sindicatos de la industria y los servicios a una conferencia urgente...(donde) denunció con alarma el descubrimiento de una conspiración orquestada por la oposición y sus aliados comunistas para revertir el curso de la revolución"2.
La conspiración llevó a que la burocracia de la CGT, en el Congreso Nacional del movimiento sindical convocado para octubre de ese año, hiciera aprobar una resolución condenatoria de las huelgas. Impugnó a "(esos) tipos de sindicatos (que) han creado una especie de mística que fue, quizá, un factor indispensable en épocas pasadas pero que ya hoy no tiene razón de ser. Ello es la obediencia ciega al decreto de huelga para no ser tildado de ‘carnero'"3.
En 1949, un editorial del periódico CGT definió a los paros y huelgas como "crimen político" contra la Revolución4. Esta ofensiva llegó a su clímax con la huelga ferroviaria de 1951, declarada ilegal y quebrada a través de la movilización del ejército, la detención en masa y el despido de sus protagonistas.
"Rompe con el orden establecido"
Coherente con este proceso político, en la sesión del 8 de marzo de 1949 la Convención Constituyente se pronunció taxativamente contra la inclusión del derecho de huelga, por considerar "que la huelga implica un rompimiento con el orden establecido que, como tal, tiene la pretensión de ser un orden justo y la exclusión del recurso de fuerza es el fin de toda organización social. El derecho absoluto de huelga, por tanto, no puede ser consagrado en una Constitución".
El carácter reaccionario de la Constitución del ‘49 no se limita a su condena al derecho de huelga. El artículo 15 dice: "El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera sean sus fines que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorias al sistema democrático en que esta se inspira". Era la cláusula anticomunista, que por entonces se camuflaba como una ‘defensa de la democracia'. Más aún, "quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado", algo sacado de la Constitución de Alemania, dictada por el ejército de ocupación de Estados Unidos (que hoy revive a su modo en la "ley antiterrorista"). El artículo 34 creó la figura jurídica del "estado de prevención y alarma", que otorgó al presidente las facultades del estado de sitio sin pasar por el Congreso, o sea arrestar y trasladar personas con la suma del poder público en sus manos.
La naturaleza de un derecho
La Constitución del ‘49 fue derogada por la Libertadora y nunca repuesta por un gobierno peronista. La Convención Constituyente de 1957, con el peronismo proscripto, aprobó el artículo 14 bis, que "reconoce" el derecho de huelga, en oposición a la propia Constitución Justicialista, en el marco de una ofensiva sistemática contra el movimiento obrero, con cientos de sindicatos intervenidos y miles de activistas perseguidos. Un derecho de huelga con la CGT y los sindicatos intervenidos por los militares. Fue la fachada ‘liberal' de un régimen que buscaba asegurar un continuismo civil.
La consagración del "derecho de huelga" en la Constitución es, de un modo general, un acto de hipocresía del régimen patronal, porque se lo admite para poder reglamentarlo, o sea hacerlo inviable desde el punto de vista de los tribunales de justicia. La huelga, una acción que contradice la propiedad privada de los medios de producción, solamente puede ser reconocida como un derecho en abstracto, o sea en forma ficticia. Es así que se ve sistemáticamente prohibida por medio de la conciliación y el arbitraje obligatorio, o la declaración de servicios esenciales. La propia OIT recomienda darle carácter constitucional al derecho de huelga en los países que aún no lo han hecho, mientras que admite y recomienda la prohibición de huelga en todos los servicios "esenciales".
El carácter "nacional y popular" de la Constitución Justicialista es uno de los grandes mitos de la historia oficial difundida por el peronismo y el centroizquierda.
Christian Rath
1. El número de días perdidos por huelgas pasó, en escalones crecientes, de 41.384 en 1944 a 3.467.193 en 1947 (Estadísticas de Huelgas, Departamento de Trabajo). 2. Unión Ferroviaria, Libro de Actas. Citado por L.M. Doyón, Perón y los trabajadores, Siglo XXI, 2006. 3. La Prensa, 21/10/47. 4. CGT, 3/5/1949.
 La demagogia oficial la presentó como una herramienta para perseguir a especuladores, cuando, como lo demuestra el procesamiento a los luchadores y la condena de las huelgas como "extorsivas", tiene su mira puesta en las luchas obreras y populares. No en vano, la modificación de la ley penal tributaria deja intactas las prerrogativas de los banqueros, los empresarios del juego, los especuladores inmobiliarios y las grandes corporaciones, que en el último año fugaron más de 22.000 millones de dólares. En 1974, los diputados de la JP -entre ellos, un joven Carlos Kunkel- renunciaron a sus bancas ante la aprobación de las leyes "antisubversivas" impulsadas por el mismísimo Juan Domingo Perón. Hoy, 35 años más tarde, Kunkel vota disciplinadamente esta legislación "antiterrorista" que le ordenaron desde Estados Unidos. ¡Abajo la ley terrorista del Gafi! |  el Argentinazo fue el ejercicio directo del derecho de revocatoria contra un gobierno agotado que fuera elegido, según los procedimientos de la democracia. Fue también la expresión de un gran giro político, esto porque el estado de sitio, que fue declarado para imponer la defensa de la propiedad contra el ‘vandalismo', se convirtió en el último clavo del gobierno de turno. Estos dos elementos -el derecho de revocatoria por medio de la acción directa, por un lado, y el frente único de las masas contra el Estado, por el otro- son las dos grandes premisas que dejó el Argentinazo para las generaciones futuras y las luchas que se aproximan. |
Extractos.
lunes, 26 de diciembre de 2011
En la era K, la violación sistemática del derecho de huelga
Es cierto que el kirchnerismo se ha valido de la burocracia para contener al movimiento obrero, pero es falsa hasta la raíz la afirmación de Cristina Kirchner de que en su gobierno rige el derecho de huelga. No hay huelga que no haya sido atacada por el gobierno de Cristina, por lo menos con una conciliación obligatoria, que es una ley que viene del gobierno frondicista del Plan Conintes. Hoy, los docentes santacruceños sufren la ilegalización retroactiva de su última huelga por un tribunal de la Justicia K, por desconocer la conciliación.
Todas las grandes huelgas lidiaron con las conciliaciones de Tomada: petroleros de Las Heras y, más recientemente, de toda Santa Cruz; Alimentación de Córdoba, Adosac de Santa Cruz, Casino Flotante, AGR Clarín en 2004, docentes de Aten Neuquén, azucareros del Ingenio Ledesma en Salta, por mencionar sólo algunas de las más resonantes. En el caso de Kraft, el gobierno no obligó a la patronal a retornar a los despedidos a sus tareas -es decir que consintió la violación patronal de la conciliación que él mismo dictó. Lo mismo hizo en la huelga de Fate. Los Zanola y los Caló decretan los paros para entregarlos a la primera conciliación, a veces antes de hacerlos.
Pero, claro, cuando la conciliación fracasa actúa la Gendarmería, como en la combativa Santa Cruz. La Prefectura actuó contra los valientes jóvenes del Casino, que fueron a la huelga contra el empresario K Cristóbal López y contra las burocracias oficiales del juego y de marítimos. Actuó la infantería en Kraft, ocupando la propia fábrica. Lo mismo en AGR-Clarín, uno de los conflictos más emblemáticos, porque las tropas -y luego Piumatto, apaciguando- actuaron por cuenta y orden de la "corpo" Clarín. Hace pocos días, el principal gremio estatal del Chaco (UPCP), conoció la represión de la infantería de Capitanich.
Ecotrans, cuando fue a la huelga y emplazó los colectivos en la Plaza de Mayo, o la Línea 60, tuvieron que enfrentar en sus huelgas no sólo la represión de los Othacehé sino a la patota de la UTA, lo mismo que todo el movimiento huelguístico del subte, que también sufrió la represión de la infantería cuando ganaron las vías para imponer el pase a planta de Metrovías de los compañeros tercerizados.
Mariano Ferreyra fue la víctima del ataque a la variante huelguística del corte de vías, a partir de la precariedad de los tercerizados. La patota antihuelga del "modelo sindical" de la Unión Ferroviaria (discurso presidencial 2009) dio forma a las brigadas antipiqueteras que alguna vez imaginó Aníbal Fernández. Hay, según cálculos de las organizaciones populares, 5.000 procesados y varios presos por los movimientos de lucha, especialmente las huelgas.
El núcleo del pensado ataque a las huelgas en el discurso de asunción presidencial, es preparar las condiciones para imponer el tarifazo y todo el ajuste en marcha. La Presidenta se cura en salud frente a los movimientos eventuales de lucha que pueda generar, por ejemplo, una reestructuración capitalista de Aerolíneas; por eso, el ataque a todos sus sindicatos y el novedoso pedido de quite de personería a Apta, por ejercer el derecho de huelga; o lo más grave de todo, la militarización de los controladores aéreos.
El derecho de huelga ha tenido un solo defensor: los trabajadores mismos. La reacción penosa del moyanista Schmid, en el sentido de que las huelgas que ella mencionó "no fueron de gremios de esta CGT", no le ahorró el choque de Moyano con el gobierno. Para que "la crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores", como dijo Moyano en su discurso de Huracán, los trabajadores apelarán a los métodos socialistas de la lucha de clases y ejercerán, como hasta ahora, el derecho de huelga integral, con sus ocupaciones, movilizaciones, piquetes y cortes de ruta, capaces de contrarrestar el poder patronal y estatal para quebrar esas huelgas.
Néstor Pitrola
jueves, 22 de diciembre de 2011
POR MÁS Y MÁS VICTORIAS DE LOS TRABAJADORES
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Nota de Tapa de la última edición de Prensa Obrera
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El "personaje del año" de la revista Time no consagra este año a presidentes, dictadores o banqueros.
La tapa muestra, esta vez, a "El manifestante" (The protester) -la pesadilla del capitalismo. Los obreros de Wisconsin, los indignados de Wall Street -que apoyan las huelgas portuarias en el oeste norteamericano-, los de Madrid, los protagonistas de la Plaza Tahrir, los campesinos y mineros peruanos y bolivianos, los tenaces huelguistas de Grecia; los trabajadores, por fin, de Argentina, que luchan contra el ajuste ‘nacional y popular', que recuperan sindicatos y cuerpos de delegados, o que votan al Frente de Izquierda.
Del mundo árabe a la Unión Europea, la rebelión popular derrumbó regímenes y gobiernos. Los ‘gobiernos técnicos' que los reemplazan no durarán un suspiro; allí donde sobreviven gobiernos militares, éstos caerán sin remedio por la continua rebelión popular. Etos agentes de banqueros no tienen la menor autoridad política para avanzar. Mucho menos, de hallar una salida a la quiebra de los bancos y pesupuestos nacionales.
Este es el panorama histórico que nos introduce a 2012.
La tapa de Time es un llamado de alerta a los explotadores.
En Argentina, Cristina Kirchner, que sermoneaba a otros presidentes hablando "contra el ajuste", arrancó su nuevo mandato con tarifazos, impuestazos y una mayor confiscación de los jubilados (que ya tienen en la Anses el 30% de la deuda pública que nunca van a cobrar), así como con la orden de imponer ‘techos' a las paritarias.
Para preparar las batallas de 2012 es necesario fortalecer al clasismo en el movimiento obrero y a las direcciones independientes en todo el movimiento popular, que reforcemos las filas del Partido Obrero y desarrollemos el Frente de Izquierda.
Es necesario que los activistas y los partidos que luchamos contra el capital, iniciemos una clarificación política para concretar la construcción de un gran partido revolucionario de la clase obrera.
Porque contra la barbarie del capital (desocupación, miseria social, guerras, destrucción del medio ambiente, narcotráfico y criminalidad, trata de personas) solamente existe la alternativa del socialismo -o sea, la emancipación de los trabajadores por los trabajadores mismos.
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jueves, 15 de diciembre de 2011
EL ACUARTELAMIENTO BONAERENSE
EXPRESION DE UNA CRISIS POLÍTICA DE CONJUNTO
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El acuartelamiento de la bonaerense expresa una crisis política que lo precede. Cuando han pasado horas de la asunción de Cristina, el episodio con la barra de La Cámpora por parte de elementos del aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, que dieron la orden de repeler a los manifestantes en protección del copamiento de las gradas por los “naranjas” de Scioli, se enmarca en las crecientes contradicciones que afloran en el oficialismo.
La crisis con el moyanismo, no solamente con Scioli, enmarcan a este episodio. La presidenta, con el anunciado tarifazo, los impuestazos y ajustes, los no desmentidos topes a las paritarias y el propósito de retomar la deuda con el Club de París -que es el programa del nuevo Ministro Lorenzino-, ha despejado el terreno para una crisis política.
El voto plebiscitario que obtuvo la Presidenta la habilita para concentrar el poder ejecutivo del Estado, pero está en contradicción con la debilidad extrema del armado político que la acompaña - la Cámpora y un puñado de ex frepasistas y de gobernadores o intendentes casquivanos. ¿Apelará la Presidenta a un llamado a la movilización popular para contrarrestar a sus adversarios que ya lo están haciendo dentro de los límites de sus posibilidades? Por ahora ha preferido la vía de arrimarse a Techint y a la UIA.
Los jóvenes y bien pagos funcionarios de La Cámpora ni tienen la talla para ser aparato de apoyo del gobierno en un cuadro de crisis; tampoco a Moreno le da el 'pine' para arremeter contra la burocracia sindical. Una solución de compromiso no durará en el tiempo. El pacto entre la Juventud Sindical y La Cámpora, bendecido por la Presidenta en River en octubre de 2010, aguantó un suspiro.
El Partido Obrero advierte que los intereses en pugna que movilizan la crisis con la policía bonaerense son ajenos a los trabajadores. Llamamos a movilizarnos contra el tarifazo, contra los aparatos represivos y sus jefes políticos y contra las patotas de la burocracia sindical. Reclamamos el desprocesamiento de los cinco mil luchadores obreros y la condena a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Convocamos a reforzar las filas del Partido 0brero para desarrollar el Frente de Izquierda.
El acuartelamiento de la bonaerense expresa una crisis política que lo precede. Cuando han pasado horas de la asunción de Cristina, el episodio con la barra de La Cámpora por parte de elementos del aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, que dieron la orden de repeler a los manifestantes en protección del copamiento de las gradas por los “naranjas” de Scioli, se enmarca en las crecientes contradicciones que afloran en el oficialismo.
La crisis con el moyanismo, no solamente con Scioli, enmarcan a este episodio. La presidenta, con el anunciado tarifazo, los impuestazos y ajustes, los no desmentidos topes a las paritarias y el propósito de retomar la deuda con el Club de París -que es el programa del nuevo Ministro Lorenzino-, ha despejado el terreno para una crisis política.
El voto plebiscitario que obtuvo la Presidenta la habilita para concentrar el poder ejecutivo del Estado, pero está en contradicción con la debilidad extrema del armado político que la acompaña - la Cámpora y un puñado de ex frepasistas y de gobernadores o intendentes casquivanos. ¿Apelará la Presidenta a un llamado a la movilización popular para contrarrestar a sus adversarios que ya lo están haciendo dentro de los límites de sus posibilidades? Por ahora ha preferido la vía de arrimarse a Techint y a la UIA.
Los jóvenes y bien pagos funcionarios de La Cámpora ni tienen la talla para ser aparato de apoyo del gobierno en un cuadro de crisis; tampoco a Moreno le da el 'pine' para arremeter contra la burocracia sindical. Una solución de compromiso no durará en el tiempo. El pacto entre la Juventud Sindical y La Cámpora, bendecido por la Presidenta en River en octubre de 2010, aguantó un suspiro.
El Partido Obrero advierte que los intereses en pugna que movilizan la crisis con la policía bonaerense son ajenos a los trabajadores. Llamamos a movilizarnos contra el tarifazo, contra los aparatos represivos y sus jefes políticos y contra las patotas de la burocracia sindical. Reclamamos el desprocesamiento de los cinco mil luchadores obreros y la condena a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Convocamos a reforzar las filas del Partido 0brero para desarrollar el Frente de Izquierda.
Partido Obrero
en el Frente de Izquierda
lunes, 12 de diciembre de 2011
DISCURSO DE ASUNCIÓN DE LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER:
ATAQUE AL DERECHO DE HUELGA Y REAFIRMACION VERGONZANTE DEL TARIFAZO
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Jorge Altamira
ex candidato a Presidente
del Frente de Izquierda y los Trabajadores
Buenos Aires, 11 de diciembre.
jueves, 8 de diciembre de 2011
Salió la Prensa Obrera
Edición: 1206 07/12/2011
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Tapa
.A diez años de la gran rebelión popular, MARCHEMOS CONTRA EL TARIFAZO Y EL AJUSTE..El próximo 20 de diciembre se cumplirán diez años de la rebelión popular, en la que la clase obrera piquetera y la clase media de las grandes ciudades se levantaron contra el despojo de sus salarios, ahorros y puestos de trabajo.
Los que en esos días apaleaban a los asambleístas de Río Gallegos se encargaron, después, de la ‘reconstrucción de la burguesía nacional' de la mano de Duhalde.
Bajo ese paraguas, aún pagan la deuda usuraria -que sigue creciendo- con el dinero de la Anses y enormes privilegios para los acreedores (bono PBI o que se ajustan a tasas de interés fenomenales).En la otra vereda, los salarios "nacionales y populares" son hoy de 3.300 pesos promedio (la mitad del costo de la canasta familiar), mientras una especulación inmobiliaria imparable agrava la crisis habitacional de las mayorías.
Leer artículo completo
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A diez años de la gran rebelión popular, MARCHEMOS CONTRA EL TARIFAZO Y EL AJUSTE
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El próximo 20 de diciembre se cumplirán diez años de la rebelión popular, en la que la clase obrera piquetera y la clase media de las grandes ciudades se levantaron contra el despojo de sus salarios, ahorros y puestos de trabajo.
Los que en esos días apaleaban a los asambleístas de Río Gallegos se encargaron, después, de la ‘reconstrucción de la burguesía nacional' de la mano de Duhalde.
Bajo ese paraguas, aún pagan la deuda usuraria -que sigue creciendo- con el dinero de la Anses y enormes privilegios para los acreedores (bono PBI o que se ajustan a tasas de interés fenomenales).
En la otra vereda, los salarios "nacionales y populares" son hoy de 3.300 pesos promedio (la mitad del costo de la canasta familiar), mientras una especulación inmobiliaria imparable agrava la crisis habitacional de las mayorías. Leer artículo completo
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Editorial
TARIFAZOS
La "renuncia voluntaria" es cuento
El tarifazo viene acompañado de un impuestazo. "Hay un efecto adicional y es que aumentará el monto sobre el cual se calcula la carga tributaria, según advierte un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)" (La Nación, 29/11). La adición equivaldrá como mínimo al 21% del subsidio eliminado (ésa es la alícuota del IVA)... "El gobierno nacional dejará de girar fondos para subsidios y, al mismo tiempo, recaudará más por el impuesto al valor agregado (IVA)" (ídem). El nuevo mandato de Cristina debuta con una recarga impositiva que acentúa aún más la regresividad del régimen vigente.
No es moco de pavo. "Por cada 100 pesos que se eliminen de subsidio, hay que sumar 28 pesos por los tributos nacionales o de otro nivel" (ídem). Cuando se habla de "otro nivel", se hace referencia a los tributos provinciales y municipales, los que van enganchados a los servicios en la misma factura.
Renuncias compulsivas
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Mariano Ferreyra. Un crimen contra la clase obrera  A pesar del convencimiento del abogado defensor del ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, acerca de que su defendido "pasará las Fiestas en su casa", no hay ninguna razón para que el jefe del plan criminal que terminó con la vida de Mariano Ferreyra deje de estar preso.En primer lugar, José Pedraza será indagado el próximo 16 de... | Situación Política  Al cumplirse el primer aniversario de la ocupación del Parque Indoamericano, la investigación para determinar los responsables políticos y materiales del asesinato de las tres víctimas fatales y las decenas de heridos está en foja cero. A pesar de que el operativo represivo se vio en directo por TV, lo mismo que la zona liberada para... |
Debates El revisionismo histórico de CFK (y de Menem)  ¿Puede un gobierno que prepara un aumento colosal de tarifas sobre el conjunto de los trabajadores -en beneficio de un puñado de pulpos imperialistas de la electricidad, el gas y el petróleo, porque se le agotan los recursos con los que pagó rigurosamente la usuraria deuda externa y subsidió al gran capital- pretender una historia que rescate la "lucha de las masas" y el "... | Partido Obrero  El esfuerzo de un movimiento colectivo de militantes socialistas". De este modo sintetizó Altamira, al caer la tarde de este domingo 4, la jornada que terminaba en el parque Sarmiento. El Pic-nic 2011 organizado por el Partido Obrero contó con la participación de más de cinco mil personas, que participaron de múltiples eventos deportivos, artísticos y mesas redondas. La... |
Internacionales  El lenguaje de los analistas que siguen la bancarrota capitalista internacional tiene, desde hace un tiempo, connotaciones apocalípticas. Lo mismo ocurre con los jefes de gobierno, quienes no eluden la posibilidad de una ruptura de la zona euro en un número determinado de días. La crisis mundial no tiene salida económica en el cuadro político actual; deberá... |
OTROS TÍTULOS
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Masiva movilización a Plaza de mayo contra la criminalización de la protesta
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Néstor Pitrola: Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial, en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales, para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene
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Miles de personas marcharon el día de hoy, de Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.
.Entre los convocantes se encontraban organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, entre otros, los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los trabajadores de Kraft, como así también los dirigentes Néstor Pitrola del Partido Obrero y Vilma Ripoll, procesados por apoyar la lucha de Kraft, todos compañeros que se encuentran en el centro de una escalada contra la protesta social que apunta a regimentar y descabezar al movimiento obrero combativo.
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martes, 22 de noviembre de 2011
23/11: Marchemos a Plaza de Mayo
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Por el desprocesamiento y la libertad de los luchadores
Un conjunto de organizaciones obreras y estudiantiles, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos marcharemos el próximo 23 (mañana miércoles), de Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la criminalización de la protesta social, por el cese de las persecuciones judiciales a los luchadores y la libertad de los presos políticos.
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Entre los convocantes se encuentran los delegados de la Línea 60, los ferroviarios del Sarmiento y de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", los delegados del Teatro Colón, los familiares del delegado petrolero Víctor Oñate, los trabajadores de la construcción del Sitraic y los trabajadores de Kraft, compañeros que se encuentran en el centro de una escalada contra la protesta social que apunta a regimentar y descabezar al movimiento obrero combativo..
Mientras el gobierno transa con la burocracia sindical la impunidad de los Moyano, los Gerardo Martínez, los Venegas y hasta de los Pedraza, acicatea la persecución penal contra el activismo y deja correr el accionar de las patotas sindicales.
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Judicialización, regimentación, patotas
Un relevamiento del Espacio Memoria, Verdad y Justicia lleva contabilizados 2.700 procesos judiciales contra luchadores obreros y populares. Según la estimación de las organizaciones de derechos humanos, la cifra final superaría holgadamente los 6.000. En su mayoría, se trata de cortes de ruta o de vías, huelgas, manifestaciones callejeras y ocupaciones. Así se cumple el diktat de Aníbal Fernández acerca de "gobernar con el código penal en la mano" contra las protestas sociales.
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Los procesos alcanzan también a los dirigentes políticos de la izquierda que se solidarizaron con esas luchas, como es el caso de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, procesados y embargados por llevar su apoyo a la huelga de los trabajadores de Kraft en el año 2009.
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Estos procesos judiciales van más allá de la amenaza (una condena puede ser causal de desafuero y despido) o de la inhibición sobre los escasos bienes de un trabajador, y dan lugar a prisiones efectivas. Son los casos del delegado petrolero Víctor Oñate -preso desde hace cinco meses, luego de la rebelión de los trabajadores del norte de Santa Cruz contra la burocracia de Chaco Segovia-, del militante del Sitraic Carlos Olivera, de los jujeños Mario Tapia y Aldo Claros -chivos expiatorios de la masacre de Ledesma, a quienes la policía arrancó "confesiones" mediante torturas y amenazas- y de la activista Karina Germano.
La persecución judicial se complementa con la "tercerización de la represión", a cargo de las patotas de la burocracia sindical que actúan amparadas en el silencio oficial.
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Política de Estado
Esta ofensiva cuenta con el aval político del gobierno. Las señales más elocuentes las dieron Nilda Garré, al acusar desde la sala de conferencias de la Rosada a los compañeros de Mariano Ferreyra por los desmanes fogoneados por la burocracia en Constitución en diciembre del año pasado; Aníbal Fernández, que respaldó por todos los medios de comunicación la detención sin pruebas del Pollo Sobrero; la mismísima Presidenta de la Nación, al acusar a los tercerizados del ferrocarril Roca de "buscar un muerto" y al atacar los reclamos de los trabajadores del subte, que pelean por el reconocimiento de su sindicato independiente.
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Macri, por su parte, continúa impulsando el desafuero de los delegados del Colón -sobre los cuales pide un embargo de 65 millones de pesos- y desconociendo a los paritarios legítimos de los trabajadores. Se apoya en la burocracia de Sutecba, completamente extraña a laburantes del Colón, para avanzar en el desguace y privatización del teatro.
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El objetivo de esta persecución es disciplinar y regimentar al movimiento obrero, para poder descargar sobre los trabajadores las consecuencias del tarifazo en marcha, de los topes salariales, de la reducción del "gasto social" para atender el pago de la deuda externa, de la fuga de capitales, de la devaluación contra el bolsillo de los trabajadores y jubilados, del sostenimiento de las privatizaciones del menemismo.
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Todos a la marcha
Son los buchones de la dictadura, los asesinos de trabajadores, los mafiosos de los medicamentos, los que deben pagar con la cárcel por sus crímenes contra la clase obrera. El 23 de noviembre, reclamaremos en Plaza de Mayo por el desprocesamiento y la libertad para los luchadores.
Jacyn
Editorial Prensa Obrera
Un giro de la situación política, tres semanas después de las elecciones
Han pasado apenas tres semanas de las elecciones nacionales: el gobierno sigue contando con el 54% de los votos y CFK asumirá el 9 ó 10 de diciembre, pero ya nada es como era entonces. Las contradicciones que se fueron acumulando durante un tiempo han dejado al 'modelo' sin ropas -y han desacreditado por completo las pavadas que se dijeron de él. La caja de las sorpresas la destaparon Boudou y De Vido cuando anunciaron la eliminación ("gradual") de los subsidios, que habían sido (y continúan siendo) presupuestados en 80 mil millones de pesos para 2012. La factura, gruesa, será cargada a los trabajadores, quienes en su mayoría acaban de votar por el FpV. La loza más pesada de este fardo es el subsidio a la importación de combustible - y no solamente porque representa el 40% del monto total. Ocurre que una liberación de tarifas supondría aplicar a pleno el precio internacional (que triplica al interno en lo que tiene que ver con el gas que viene de Bolivia y es cinco o seis veces mayor cuando viene embarcado de otros orígenes), sin la posibilidad de aumentar la producción interna, debido a que no ha habido inversiones significativas en este rubro. Muchos observadores descartan, por eso, que se los elimine -con el consiguiente impacto fiscal. En resumen, el gobierno que despotrica contra el 'ajuste' en sus viajes, se apresta a ejecutar un 'ajustazo'. Aunque intenten disimularlo, los sindicatos están conmovidos. La Presidenta, Binner y López Murphy han coincidido en la necesidad de poner un 'tope' a los aumentos de salarios.
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Leña al fuego
El 'subsidiazo' tiene lugar cuando la inflación es del 25% anual, con mayor incidencia en los alimentos. Como ilustración, un corte inmediato de los subsidios aparejaría llevar ese porcentaje al 60%. De ahí que se plantee el 'gradualismo'. De conjunto, se trata de una diferencia menor, porque en lugar de un golpe súbito tendríamos una curva creciente de inflación a lo largo de un tiempo políticamente muy largo. Ha sido, precisamente, el temor a esta posibilidad lo que ha retrasado tanto tiempo la eliminación de los subsidios. La beneficiaria de los subsidios ha sido la burguesía industrial, que pagó salarios menores gracias al impacto reducido de las tarifas en la canasta familiar. Después de diez años de 'reconstrucción' nacional y popular, el país no ha superado la 'emergencia' creada como consecuencia del derrumbe de 2001. La crisis de hace una década sigue presente en el sistema económico, como se expresa también en un sistema bancario que es la tercera parte del vigente hasta 2001 y en la ausencia de un flujo de créditos de largo plazo. El Estado se vale del Banco Central y de la Anses para pagar la deuda usuraria ('desendeudamiento'), a pesar de contar con precios de exportación excepcionales. La crisis de financiamiento de la economía kirchnerista ya produjo tres crisis políticas: 1) la del 'campo', por las retenciones; 2) la de las AFJP, con motivo de su estatización; 3) la del uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública y privada. La cuestión de los subsidios estalla ahora, precisamente, cuando todas las fuentes de financiamiento se han agotado: las reservas del Banco Central ya no cubren el dinero en circulación y son negativas cuando se le sustraen las deudas correspondientes. A los 46 mil millones de dólares declarados, es necesario restar los 15 mil millones que corresponden a depósitos privados y los 4 mil millones de préstamos de otros bancos centrales. Los 26 mil millones que quedan como resultado son muy inferiores a la deuda del Banco Central con los bancos locales -por 160 mil millones de pesos (unos 35 mil millones de dólares). Esta crisis de financiamiento ha transformado a la salida de divisas en una 'corrida' contra el peso, o sea una devaluación. Toda la burguesía apoya la misma -tanto la oficialista como la opositora. Pero una devaluación encima de un retiro de subsidios y de una inflación elevada, es un coctel explosivo. Esta emergencia ha unido a unos y otros contra los aumentos salariales y contra los sindicatos.
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Sobre Atenas y Buenos Aires
¿No se parece Argentina, entonces, a Italia, Grecia, Portugal o España? ¿No está bailando al ritmo de la bancarrota capitalista? Los europeos piden a gritos un financiamiento sin límites del Banco Central Europeo para lidiar con la bancarrota de sus Estados y sus bancos. Los norteamericanos la reciben de la Reserva Federal. Los K están negociando la obtención de esa financiación con el Club de París -un conjunto de Estados europeos acreedores de Argentina por la deuda estatizada por Cavallo ¡en 1982! La gravedad de la situación está revelada por la imposición de un 'corralito' a la compra de dólares, que está alterando -como en 2001- las importaciones y la compra-venta de inmuebles, o incluso el turismo en el exterior (que para los socios comerciales de Argentina -en especial Uruguay- equivale a una restricción a las importaciones de esos países).
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Intervencionismo: capitalista y anti-capitalista
En este cuadro, es claro que las medidas intervencionistas y los 'aprietes' del gobierno en el mercado de cambios son episódicos o temporales; no tienen nada que ver con un cambio de las relaciones sociales que explican esta crisis; están al servicio de la especulación capitalista. El tarifazo apuntala a un sistema privatizado de servicios que exige precios internacionales y que invierte por medio de deuda, no de capital propio. Beneficia a un sistema de transportes corrupto y mafioso, que opera un sistema anárquico que se concentra cada vez más en menos manos. Sostiene un sistema petrolero que se embolsa una renta enorme (la diferencia entre costos internos y precios internacionales especulativos), que remunera a sus accionistas en el extranjero. No se puede impedir el vaciamiento de un país reforzando un sistema social de vaciadores. Las maniobras oficiales en el mercado de cambios han disparado la tasa de interés OFICIAL al 22% (lo que pagó el Banco Central por una licitación de títulos el martes pasado), con un peso-dólar casi fijo -¡la misma que paga Grecia con un euro que también oscila muy poco! El negociado para los especuladores es fabuloso, porque invierten en pesos a esa tasa usuraria y, al mismo tiempo, se protegen de una devaluación con un seguro de cambio por el plazo del depósito. El 'intervencionismo' que planteamos los del PO y del Frente de Izquierda se distingue del intervencionismo K en que es un intervencionismo integral y sistemático, que no apunta al rescate de las privatizadas o del capital en general, sino que coloca en manos del poder público -bajo control de los trabajadores- a los bancos, el comercio exterior y los recursos estratégicos, al servicio de una planificación económica que atienda los intereses populares en su sentido inmediato y estratégico.
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Un giro político de fondo
Lo más importante, con todo, es que asistimos a un viraje de fondo de la situación política. El gobierno del 54% de los votos no puede evitar emprender un ataque a los trabajadores -incluso ya ha tomado esa decisión. Esta es la cuestión de fondo de la tentativa de suspender la personería del sindicato de los técnicos aeronáuticos y del retorno de los controladores a la órbita de las fuerzas armadas. Son los métodos de Reagan (1982) y de Rodríguez Zapatero (2010).
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El choque entre la camarilla del burócrata Cirielli, por un lado, y la de La Cámpora, por el otro, es secundario. El gobierno viene empeñado en esta línea desde su ataque a los petroleros de Santa Cruz el año pasado, pero lo que hasta ahora fue parcial, ahora se perfila como un ataque sistemático. El éxito del tarifazo y de la devaluación depende de la domesticación de las paritarias y del movimiento obrero.
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El Frente de Izquierda y la nueva etapa
Es necesario trasladar a los trabajadores, en especial a los activistas, el reconocimiento del cambio de la situación política y, a partir de esto, promover una intensa deliberación política. La defensa de las paritarias debe ser incondicional, sin topes y respaldada en asambleas, pero debe formar parte de una política de conjunto que oponga a la salida capitalista del gobierno una política anti-capitalista que se radique en las masas. El tarifazo responde a los intereses del capital, no a la 'racionalidad' económica, porque el tarifazo es la condición para recuperar el financiamiento (endeudamiento) internacional. La racionalidad debe ser determinada por medio de un control obrero de la producción, que elimine los múltiples despilfarros de la explotación capitalista. El Frente de Izquierda encara ahora un desafío de mucha mayor envergadura que el que plantearon las elecciones, porque debe ofrecer una orientación política en el marco de una crisis nacional, que sea capaz de potenciar la acción directa de los trabajadores.
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Leña al fuego
El 'subsidiazo' tiene lugar cuando la inflación es del 25% anual, con mayor incidencia en los alimentos. Como ilustración, un corte inmediato de los subsidios aparejaría llevar ese porcentaje al 60%. De ahí que se plantee el 'gradualismo'. De conjunto, se trata de una diferencia menor, porque en lugar de un golpe súbito tendríamos una curva creciente de inflación a lo largo de un tiempo políticamente muy largo. Ha sido, precisamente, el temor a esta posibilidad lo que ha retrasado tanto tiempo la eliminación de los subsidios. La beneficiaria de los subsidios ha sido la burguesía industrial, que pagó salarios menores gracias al impacto reducido de las tarifas en la canasta familiar. Después de diez años de 'reconstrucción' nacional y popular, el país no ha superado la 'emergencia' creada como consecuencia del derrumbe de 2001. La crisis de hace una década sigue presente en el sistema económico, como se expresa también en un sistema bancario que es la tercera parte del vigente hasta 2001 y en la ausencia de un flujo de créditos de largo plazo. El Estado se vale del Banco Central y de la Anses para pagar la deuda usuraria ('desendeudamiento'), a pesar de contar con precios de exportación excepcionales. La crisis de financiamiento de la economía kirchnerista ya produjo tres crisis políticas: 1) la del 'campo', por las retenciones; 2) la de las AFJP, con motivo de su estatización; 3) la del uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública y privada. La cuestión de los subsidios estalla ahora, precisamente, cuando todas las fuentes de financiamiento se han agotado: las reservas del Banco Central ya no cubren el dinero en circulación y son negativas cuando se le sustraen las deudas correspondientes. A los 46 mil millones de dólares declarados, es necesario restar los 15 mil millones que corresponden a depósitos privados y los 4 mil millones de préstamos de otros bancos centrales. Los 26 mil millones que quedan como resultado son muy inferiores a la deuda del Banco Central con los bancos locales -por 160 mil millones de pesos (unos 35 mil millones de dólares). Esta crisis de financiamiento ha transformado a la salida de divisas en una 'corrida' contra el peso, o sea una devaluación. Toda la burguesía apoya la misma -tanto la oficialista como la opositora. Pero una devaluación encima de un retiro de subsidios y de una inflación elevada, es un coctel explosivo. Esta emergencia ha unido a unos y otros contra los aumentos salariales y contra los sindicatos.
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Sobre Atenas y Buenos Aires
¿No se parece Argentina, entonces, a Italia, Grecia, Portugal o España? ¿No está bailando al ritmo de la bancarrota capitalista? Los europeos piden a gritos un financiamiento sin límites del Banco Central Europeo para lidiar con la bancarrota de sus Estados y sus bancos. Los norteamericanos la reciben de la Reserva Federal. Los K están negociando la obtención de esa financiación con el Club de París -un conjunto de Estados europeos acreedores de Argentina por la deuda estatizada por Cavallo ¡en 1982! La gravedad de la situación está revelada por la imposición de un 'corralito' a la compra de dólares, que está alterando -como en 2001- las importaciones y la compra-venta de inmuebles, o incluso el turismo en el exterior (que para los socios comerciales de Argentina -en especial Uruguay- equivale a una restricción a las importaciones de esos países).
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Intervencionismo: capitalista y anti-capitalista
En este cuadro, es claro que las medidas intervencionistas y los 'aprietes' del gobierno en el mercado de cambios son episódicos o temporales; no tienen nada que ver con un cambio de las relaciones sociales que explican esta crisis; están al servicio de la especulación capitalista. El tarifazo apuntala a un sistema privatizado de servicios que exige precios internacionales y que invierte por medio de deuda, no de capital propio. Beneficia a un sistema de transportes corrupto y mafioso, que opera un sistema anárquico que se concentra cada vez más en menos manos. Sostiene un sistema petrolero que se embolsa una renta enorme (la diferencia entre costos internos y precios internacionales especulativos), que remunera a sus accionistas en el extranjero. No se puede impedir el vaciamiento de un país reforzando un sistema social de vaciadores. Las maniobras oficiales en el mercado de cambios han disparado la tasa de interés OFICIAL al 22% (lo que pagó el Banco Central por una licitación de títulos el martes pasado), con un peso-dólar casi fijo -¡la misma que paga Grecia con un euro que también oscila muy poco! El negociado para los especuladores es fabuloso, porque invierten en pesos a esa tasa usuraria y, al mismo tiempo, se protegen de una devaluación con un seguro de cambio por el plazo del depósito. El 'intervencionismo' que planteamos los del PO y del Frente de Izquierda se distingue del intervencionismo K en que es un intervencionismo integral y sistemático, que no apunta al rescate de las privatizadas o del capital en general, sino que coloca en manos del poder público -bajo control de los trabajadores- a los bancos, el comercio exterior y los recursos estratégicos, al servicio de una planificación económica que atienda los intereses populares en su sentido inmediato y estratégico.
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Un giro político de fondo
Lo más importante, con todo, es que asistimos a un viraje de fondo de la situación política. El gobierno del 54% de los votos no puede evitar emprender un ataque a los trabajadores -incluso ya ha tomado esa decisión. Esta es la cuestión de fondo de la tentativa de suspender la personería del sindicato de los técnicos aeronáuticos y del retorno de los controladores a la órbita de las fuerzas armadas. Son los métodos de Reagan (1982) y de Rodríguez Zapatero (2010).
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El choque entre la camarilla del burócrata Cirielli, por un lado, y la de La Cámpora, por el otro, es secundario. El gobierno viene empeñado en esta línea desde su ataque a los petroleros de Santa Cruz el año pasado, pero lo que hasta ahora fue parcial, ahora se perfila como un ataque sistemático. El éxito del tarifazo y de la devaluación depende de la domesticación de las paritarias y del movimiento obrero.
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El Frente de Izquierda y la nueva etapa
Es necesario trasladar a los trabajadores, en especial a los activistas, el reconocimiento del cambio de la situación política y, a partir de esto, promover una intensa deliberación política. La defensa de las paritarias debe ser incondicional, sin topes y respaldada en asambleas, pero debe formar parte de una política de conjunto que oponga a la salida capitalista del gobierno una política anti-capitalista que se radique en las masas. El tarifazo responde a los intereses del capital, no a la 'racionalidad' económica, porque el tarifazo es la condición para recuperar el financiamiento (endeudamiento) internacional. La racionalidad debe ser determinada por medio de un control obrero de la producción, que elimine los múltiples despilfarros de la explotación capitalista. El Frente de Izquierda encara ahora un desafío de mucha mayor envergadura que el que plantearon las elecciones, porque debe ofrecer una orientación política en el marco de una crisis nacional, que sea capaz de potenciar la acción directa de los trabajadores.
Jorge Altamira
Ley nacional de la Música:
El proyecto de la ley nacional de la música entró finalmente en el Senado nacional, con la firma de los senadores K Calcagno, Filmus y Pichetto. Apoyado por distintas organizaciones de músicos (la UMI es la autora intelectual) y empresarios, ha provocado expectativas, pues ha sido presentado como una solución a la creciente imposibilidad de los músicos para entrar en el circuito comercial.
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Esta clase de proyectos no son un invento argentino: ya se aplican y/o se han presentado actualmente en varios países. Con argumentos como "promover" la música respetando lo "autóctono o nacional" y abrir posibilidades a sectores "postergados", finalmente actúan para beneficiar fundamentalmente a empresarios de la música, que a su vez reclaman subsidios aduciendo merma en sus ingresos por "la piratería".
La industria de la música reclama estar a la misma altura que otras ramas productivas del capitalismo, con subsidios y exenciones impositivas, pero amparándose con el tan consabido paraguas de "bien cultural".
Pero en Argentina, lejos de estar en quiebra, esta industria ha provocado en los últimos años un crecimiento significativo en sus ganancias.
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Esta clase de proyectos no son un invento argentino: ya se aplican y/o se han presentado actualmente en varios países. Con argumentos como "promover" la música respetando lo "autóctono o nacional" y abrir posibilidades a sectores "postergados", finalmente actúan para beneficiar fundamentalmente a empresarios de la música, que a su vez reclaman subsidios aduciendo merma en sus ingresos por "la piratería".
La industria de la música reclama estar a la misma altura que otras ramas productivas del capitalismo, con subsidios y exenciones impositivas, pero amparándose con el tan consabido paraguas de "bien cultural".
Pero en Argentina, lejos de estar en quiebra, esta industria ha provocado en los últimos años un crecimiento significativo en sus ganancias.
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