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SINTONÍA FINA
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Los trabajadores de la estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Pellegrini y Del Valle de la ciudad de Olavarría mantienen la planta ocupada y sostienen la huelga después de que la empresa Repsol-YPF se negara a reincorporar a Nicolás Pintos, despedido inmediatamente a continuación de que fuera elegido delegado entre sus compañeros. Como se recordará, el conflicto se desató el 2 de diciembre último y la empresa, de capitales mayoritariamente españoles con participación de capitales nacionales (Estado nacional, Estados provinciales y particulares), se negó a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que ordenó volver las cosas a su estado inicial y establecer un período de negociaciones.
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El Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) se ha rehusado a representar legalmente al compañero despedido y a liderar la lucha por su reincorporación, ejecutando una verdadera entrega, al mejor estilo de la burocracia sindical que demuestra una vez más su capacidad para sacrificar a quienes debiera defender.
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No es casualidad que este comportamiento de los jerarcas sindicales se produzca simultáneamente al discurso presidencial que en el acto de reasunción del gobierno asimiló la huelga a la extorsión. Para la presidenta, la huelga no es un derecho, sino un delito. La gravedad de sus palabras, como palabra oficial, es infinita. Es muchas cosas al mismo tiempo: el anuncio de una política de mayor represión contra el reclamo y la protesta obrera, que necesita profundizar para imponer sus propios techos en la discusión del salario; la prolija señal a los intereses empresarios con los que se ha asociado abiertamente, aunque haya parodiado una advertencia contra las corporaciones. A quién engaña. Y es también la habilitación de la vía represiva para que la Justicia no se contenga y libere su vocación coercitiva. Avanti Morocha.
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Sobre escenarios como el que protagonizan los trabajadores de la estación de servicios Repsol-YPF de Olavarría debe leerse la política oficial. La decisión de despedir a Nicolás Pintos vino “de arriba” y “arriba” se sostiene: una empresa con participación del Estado que no puede dejar emerger de entre sus empleados delegados combativos; un gobierno que ha demostrado y refuerza en su discurso –lo declama- no estar dispuesto a tolerarlo; una burocracia sindical que también muestra sus garras cuando advierte que su poder se encuentra interpelado.
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Pero los trabajadores somos más fuertes. Anoche se hizo un recital en apoyo a los compañeros. El Concejo Deliberante de Olavarría expresó su adhesión al reclamo. Otros gremios acompañan la lucha. Distintas fuerzas políticas se han involucrado en el conflicto. Si tocan a uno nos tocan a todos. Que la CGT y la CTA convoquen a huelga por la defensa de Nicolás, el sustento de su familia, la libertad de los trabajadores de elegir sus delegados y contra las políticas extorsivas que intentan anular nuestra capacidad de organizarnos.
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Yo, por ellos, madre. Y ellos, por mí.
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