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Boletín 634-CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)
El General los reconocía como imprescindibles a la hora de disciplinar a los trabajadores para garantizar la conciliación de clases.
Su rol jamás será el de enfrentar a los empresarios, sino el de asegurarles sus pretensiones. Delegados legitimadores en paritarias, suelen negociar los techos salariales que previamente les bajaron las patronales con acuerdo del estado.
Centran toda su actividad sindical en una fraguada reivindicación salarial y en el despliegue de una maquinaria asistencialista y clientelar, y, ayudados por una reglamentación torcida y por las consecuencias naturales de la alienación laboral multiplicada, se perpetúan en las direcciones de sus gremios.
Por supuesto, todo lo que huela a clasismo, independencia del estado y de los patrones, será convenientemente perseguido, amenazado y exterminado por las patotas que dirigen.
A cambio, son prebendarios del poder y constituyen en su entorno una especie de empresarios por inclusión, extraños señores gordos oliendo a rosca, a negocio y a traición.
En el escalafón de lo que se define como burócrata sindical, Hugo Moyano, secretario general de los Camioneros, de la CGT y principal ariete sindical de Néstor Kirchner, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA , de relaciones exteriores de la CGT y referente sindical de Cristina Fernández, disputan el primer puesto, sobresaliendo entre otros tan repugnantes como ellos, porque además tienen pedigree represivo.
Y estos antecedentes han vuelto a relucir en estos días.
Moyano debió haberse sentado en el banquillo de los acusados esta semana, por sus vinculaciones con la marplatense CNU (Concentración Nacional Universitaria o la Triple A de la Feliz ). Una jugada de su abogado -el ex juez Llermanos, el mismo que defiende a la patota camionera y a funcionarios oficialistas- le permitió zafar del cara a cara con los trabajadores y luchadores políticos y sociales que sufrieron su delación en los años de plomo.
Es un secreto a voces que detrás de la maniobra dilatoria estuvo la mano del “gobierno de los DDHH”, preocupado por la exposición de un aliado fundamental.
Gerardo Martínez, tal como lo denunció CORREPI junto a otras organizaciones, acaba de ser reconocido por el gobierno como agente de inteligencia del Batallón 601 (servicio, buchón) según documento firmado por Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH de la Nación.
El oficio salió para el juzgado donde se lo investiga, justo cuando el entregador posaba jactante junto a la presidenta en la reunión del G20 en Cannes.
El general lo dijo en 1944, ante la Bolsa de Comercio: "No se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo. A nuestro amparo (el del Estado) se neutralizarán las corrientes ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro nuestra sociedad capitalista".
Setenta años después, un gobierno autodenominado “de los Derechos Humanos” reactualiza al general.
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