martes, 1 de noviembre de 2011

Criminalización de la protesta

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Más trabajadores perseguidos por luchar
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Coordinadora contra la Represión Policial e institucional (CORREPI) B.I. 632
El jueves 27 de octubre, los delegados Catalina Balaguer y Leonardo Norniella, ambos de la comisión interna de Pepsico, fueron citados a declarar por la justicia de San Martín, por haber participado en cortes de la Panamericana en 2010 en reclamo de condiciones de trabajo y contra la tercerización laboral y los despidos.
Gracias a esa medida de fuerza, por la que hoy estos compañeros son procesados, los trabajadores de esta empresa lograron la efectivización de 80 trabajadores que permanecían bajo la tercerización de una agencia de trabajo.
Esta lucha, que muestra la solidaridad entre los trabajadores y la iniciativa de defender condiciones dignas de trabajo, son convertidas por la empresa, el aparato judicial y el gobierno, en delitos.
Así lo hicieron con los ferroviarios, luego de que la patota de Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra, donde los trabajadores, peleando por sus condiciones de trabajo, fueron acusados del “delito” de extorsión tras el corte de vías.
También lo hicieron con los trabajadores de Kraft, María Teresa Rosario y Jorge Penayo y el dirigente del PO, Néstor Pitrola, todos procesados por los cortes de la Panamericana en 2009, durante la enorme lucha contra los despidos. El mismo juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, es el que dictó el procesamiento a Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, a Vilma Ripoll del MST, a los compañeros de Kraft y Pepsico, y tiene, sólo es su juzgado, una veintena de causas similares contra compañeros luchadores.
Este mismo mes, fue ratificado el procesamiento de uno de los delegados de la empresa Paty, Hugo Costilla por pelear por aumento de salario.  
Decididamente, las empresas cuentan con una política clara por parte del gobierno y su aparato judicial para intentar poner freno a la lucha independiente de la burocracia sindical, y garantizar los negocios empresarios.
La Cámara Federal de San Martín que confirmó, ya, algunos de esos procesamientos, hace unos años, “curiosamente”, sostenía que el entorpecimiento del tránsito, cuando el objetivo de la medida no es el corte sino un reclamo por un derecho no podía ser catalogado como delito. Pero claro, eso lo dijeron Sus Señorías cuando los imputados eran los rubios vecinos de Vicente López, encabezados por su intendente “Japonés” García, que se oponían a la ampliación de la autopista porque afearía sus lujosos barrios.
Otra cosa es cuando se trata del reclamo de miles de trabajadores, que sufren las peores condiciones de trabajo, cobran salarios miserables y son atemorizados con el despido en forma permanente. Esta justicia no es para los trabajadores y el pueblo, sino que, como parte del aparato estatal, cumple su rol, y, gobierne quien gobierne, defiende los intereses de la clase dominante.

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