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AUTOPISTAS PARA EL SAQUEO
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Creación de una Tasa de servicios públicos para beneficio exclusivo de empresas concesionarias a través de un impuestazo al combustible. Más deuda pública y una salida para el blanqueo de capitales internacionales de origen ilegal. Penas de hasta 25 años de prisión para proteger los intereses de capitalistas que ya están en carrera por las 500 mil firmas. El gran lobby.
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El candidato a intendente municipal de Azul por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Jorge Moreno, en oportunidad de denunciar el proyecto de ley Promitt durante la sesión simbólica del Concejo Deliberante a la vera de la ruta nacional 3. Fotografía de Luciana Conti (gentileza).
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El sector empresario arremete con fuerza en todo el país para la aprobación del proyecto de ley Promitt -Programa de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre-, actualmente en Diputados. La cruzada por las 500 mil firmas que obligue al Congreso a su tratamiento y aprobación se ha constituido sobre el engaño, explotando dos factores centrales: el incremento de accidentes automovilísticos en las rutas, como sucede actualmente en la R.N n° 3, y la consigna publicitaria que precisa “autovías libres de peaje”.
El autor de este proyecto es el Ing. Guillermo Laura, presidente de la Fundación Metas Siglo XXI, ex funcionario de la última dictadura militar e impulsor de la red de autopistas porteñas que, durante el gobierno de Cacciatore, desplazó de sus lugares a unos 200 mil habitantes y le costó al Estado 730 millones de dólares que pasaron a engrosar la ilegítima deuda externa. Laura fue premiado por su doble cometido: erradicar las villas y convertir esa erradicación en un negocio millonario, a costillas del pueblo.
Laura viene insistiendo con este proyecto desde el año 2007, pero en el último período -2010/2011- ha conseguido darle un fuerte impulso, a través de las cámaras empresarias, consejos profesionales, sectores rurales y poderes públicos que se han involucrado activamente en el gran lobby.
Como los interesados en lograrla no podían arriesgar que un instrumento de estas características fuera repelido por la reacción popular, ante el alto costo que supone para la población en su conjunto, se lanzaron a la conquista de la adhesión masiva de la gente, a la que pasaron a utilizar como eslabones de una gran cadena de firmas para suscribir un petitorio que hoy reclama, en plena campaña electoral, la urgente aprobación del proyecto
Vecinos autoconvocados de Azul, en la ruta 3. Fotografía de Luciana Conti (gentileza).
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La sensibilidad social exacerbada en el último tiempo por las continuas pérdidas de vidas en las rutas, obsoletas y desadaptadas al nuevo parque automotor, fueron un buen sustrato para la manipulación que los sectores interesados en la ley supieron aprovechar. Actualmente, en los pueblos son muchos los vecinos que se han lanzado a las calles y a las rutas a militar un reclamo del que serán sus principales víctimas.
Los ideólogos y defensores de la ley promitt, para la construcción de 13.500 kilómetros de autopistas, hablan de autovías “libres de peaje” y rehabilitación de los ferrocarriles, cuando en realidad se proponen resolver las necesidades del sector productivo (“Por un desarrollo balanceado; suplemento rural de diario Clarín, edición del 17/7/2010), y cerrar a futuro un negocio de envergadura que sólo habrá de recaer sobre las espaldas del pueblo trabajador. La privatización total, lisa y llana de las rutas en todo el país, grandes subsidios al capital privado a cargo de la explotación del sector ferroviario, y más.
Para que se pueda dimensionar el compromiso contraído por los bloques políticos que expresan los intereses capitalistas, baste mencionar que el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados lo hizo con las firmas de legisladores de la Coalición Cívica, ARI, GEN, UCR, Partido Socialista, Movimiento Popular Neuquino, Partido Demócrata de Mendoza, Unión Celeste y Blanco, PRO, FREJULI, Justicialismo Republicano y Frente para la Victoria –PJ.
Actualmente en las Comisiones de Transporte, Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda, el proyecto suma además las adhesiones de Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires y Cámaras de Diputados provinciales. La propia Cámara de Diputados bonaerense ha declarado “de interés legislativo” la puesta en marcha de este Plan que promueve un sistema de peaje mucho más costoso que el que nos rige actualmente y que obligaría impositivamente, incluso, a quienes no transitan por las rutas.
En efecto, el proyecto tiene previsto para beneficio exclusivo de los concesionarios un impuestazo al combustible: la Tasa Retributiva de Obras y Servicios de Autopistas -T.R.O.S.A., conformada por un monto calculado en 0,025 centavos de un peso estimado al poder adquisitivo del 31-3-08, cuya actualización lo elevaría significativamente al ritmo inflacionario de los últimos años, por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de GNC -nafta, con o sin plomo, gasoil, etanol, biodiesel, diesel oil y G.N.C., hidrógeno y cualquier otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada para propulsión de automotores – con más la actualización del índice de la construcción y el 21 por ciento adicional, para inyectar a un sistema ferroviario privatizado.
Como lo prevé el proyecto, esta Tasa se actualizará mensual y automáticamente, a través de un ajuste que pasará a operar de pleno derecho; estará regida por el índice del costo de la construcción, nivel general, y no podrá ser disminuida, suprimida o alterada, en ninguna de sus modalidades, en perjuicio de los derechos adquiridos por los concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios. Al Estado Nacional se le reserva el papel de garante de la estabilidad, intangibilidad e invariabilidad de la Tasa y de su efectiva percepción, que estará a cargo de las empresas refinadoras e importadoras de combustible.
El flujo de fondos que genere la TROSA se transferirá al patrimonio individual de los concesionarios, constituyendo un derecho de propiedad que, al igual que el de fideicomisos y beneficiarios, no podrá ser revocado ni anulado ni revisado por el Estado nacional.
Ahora bien, el mismo proyecto de ley que se encarga de aclarar que el financiamiento total de las obras correrá por cuenta de los concesionarios se ocupa de establecer las bases de una compleja ingeniería financiera para exclusivo provecho de las empresas adjudicatarias a las que se les reconoce el empleo de instrumentos tales como la celebración de convenios de underwritting con las entidades que se obliguen a suscribir o colocar bonos de infraestructura, la constitución de fideicomisos administrados por la Caja de Valores SA. para la emisión y colocación de esos títulos, la convocatoria de consultoras internacionales, y la intervención de las AFJP, hoy ANSES, para absorber los títulos valores que se emitan.
Así es que el concesionario podrá transferir los fondos a los que tenga derecho a un fideicomiso que administrará la Caja de Valores S.A., la que a su vez podrá emitir y colocar bonos de infraestructura, cuyo servicio de capital e intereses será atendido exclusivamente con el producido de la parte proporcional del flujo de fondos generado por la T.R.O.S.A. y, en su caso, por el Ingreso Mínimo Garantizado, que es el monto que el Estado ha de garantizar al concesionario durante todo el período de la concesión, equivalente a la TROSA con más el I.C.C.
Al concesionario o fiduciario se le asegurará la percepción del flujo de fondos de la TROSA por 30 años y para cada tramo de 1000 kilómetros y si al término del mismo los bonos de infraestructura no estuvieran cancelados íntegramente, la concesión será prorrogada de pleno derecho por el tiempo que requiera la cancelación total de los mismos. No se les escapa detalle.
Concluida la concesión, debería dejar de percibirse la Tasa. Pero no. El negocio está armado para quedarse. A la concesión de las obras de construcción le seguirá la de la conservación, mantenimiento y explotación –aisladas, divididas o integradas conjuntamente con otras obras de la Red Federal de Autovías-. No siendo ya poca cosa, también establece que esa licitación se realice con la debida antelación para que no exista interrupción entre concesiones y, por lo tanto, tampoco se interrumpa la percepción de la Tasa.
Un detalle no menor lo constituye la circunstancia de que la TROSA no puede ser disminuida, pero sí aumentada y si el concesionario o fiduciario considera afectado el equilibrio de la ecuación económica de las concesiones, el Poder Ejecutivo podrá elevarla, reconociéndosele facultades para incrementarla también hasta un máximo del 20 por ciento para incorporar obras viales adicionales.
Garantías del BID, BIRF u otras entidades financieras de crédito.
Para facilitar el acceso de los concesionarios al mercado de capitales y reducir el costo financiero, el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo gestione ante los organismos multilaterales de crédito, BID y/o BIRF u otras entidades financieras, el otorgamiento de garantías de cobertura puntual del Ingreso Mínimo Garantizado. Los concesionarios van a poder financiar así la obra con créditos garantizados por el Estado, con lo cual, cualquier situación de quiebra provocaría automáticamente deuda pública.
Y la perlita mayor: las inversiones extranjeras estarán exentas de todo control, limitación y restricción legal, lo que supone un canal abierto al blanqueo de capitales de origen ilícito (trata de personas, narcotráfico, etc)
Para completar el festival, el texto propone un gran paraguas represivo incluyendo figuras penales que castigan con penas de prisión de hasta 25 años cualquier conducta que afecte los bienes materiales sobre las rutas y los alrededores y agrava cuando esté comprometida la integridad de las personas. Los procesados por cualquiera de los delitos contenidos en esta ley no podrán gozar del derecho a la libertad durante el proceso (delitos no excarcelables).
Para la construcción de la Red Federal de Autovías se podrán expropiar los inmuebles que sean necesarios. La autoridad de aplicación con facultades exclusivas para ese relevamiento será la Autoridad de la Red Federal de Autopistas (A.R.F.A.) que dependerá directamente del Presidente de la Nación.
Lo que asegura la Ley promitt es la profundización a gran escala de la privatización que se inició en los 90 con el sistema de peaje directo y la extensión del saqueo contra el pueblo, esta vez a través del gran impuesto al combustible, pero también por medio del precio final del producto en el que invariablemente descarga sus propias obligaciones el sector productivo. Tales las bases y modalidad de una industria inagotable de transferencia de recursos de los trabajadores al capital, incluso financiero, el perjuicio sería sin embargo todavía mayor e incalculable, de ejecutarse este plan de despojo al que hay que oponerle una lucha organizada.
Ni un centavo más de peaje directo ni indirecto.
No a la Ley Promitt
Autovías con presupuesto nacional. Ya.
Por legisladores de izquierda en el Congreso que, en defensa de los derechos de la clase trabajadora, puedan desnudar la gran estafa capitalista.-
Basta de saqueo.
1 comentario:
Muy buen informe
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