Por Jorge Altamira, en Perfil.com
04/01/13
El traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires ¿no debería ser leído como una metáfora de la decadencia, no ya del gobierno kirchnerista sino del kirchnerismo en su conjunto? En la versión oficial, el Gobierno nacional habría impuesto al macrismo una transferencia del servicio en sus propios términos. Bien mirado, se trata sin embargo de una transferencia de poder hacia un adversario designado. La ley de traspaso otorga al macrismo una mayor capacidad de exacción impositiva y, por sobre todo, el control de un negocio que por un lado excede el servicio del subterráneo –como el peaje sobre las fibras ópticas y el coaxil, y los negocios comerciales y de publicidad–, y por el otro lo convierte en el sujeto político de inversiones enormes relacionadas con un servicio en expansión. Esa ley confiere al macrismo superpoderes, precisamente, en todos estos rubros. Esto ocurre en momentos en que el medio urbano constituye, en todo el mundo, uno de los ámbitos principales de los negocios capitalistas, donde el transporte y la especulación inmobiliaria van estrechamente unidos. No es casual que la ley de traspaso haya formado parte de un paquete de leyes más vasto, ligado a la entrega del espacio público al capital inmobiliario.
El gobierno K se ha visto forzado a transferir el servicio a la Ciudad bajo la presión de su crisis fiscal. El traspaso del subte, que insume casi 800 millones de pesos de subsidios al año, constituye una suerte de tercerización del ajuste, en su momento rotulada como “sintonía fina”. Como los imperialismos en retirada, los K celebran el abandono de posiciones que no pueden sostener y, más que nada, la transferencia del “trabajo sucio” de los impuestazos y tarifazos.
El macrismo ha tomado la transferencia como una cuestión de poder. Ha incrementado el peaje y otros impuestos, y ha definido un tarifazo para después de las paritarias en marzo. Ha decidido “estatizar” el negocio paralelo de los servicios periféricos y convocar a una nueva licitación del servicio, previa negociación con Roggio, para atraer a grupos económicos internacionales (Alstom). De este modo, la sociedad estatal que administrará la concesión, Sbase, se convertirá en una nueva caja paralela, como lo son AUSA, Banco Ciudad, la Corporación del Sur, o como lo fue la Corporación Puerto Madero, fuera del presupuesto oficial. Una “estatización” macrista del subte profundizaría el ajuste y la llamada privatización periférica. La suspensión del servicio de la línea A muestra los colores de la política laboral que se avecina, pues –al igual que lo ocurrido con la suspensión de actividades del Teatro Colón, en su momento– apunta a una “racionalización” y relocalización de personal (instalación de boletería automática). Macri ha advertido que no contempla incorporar personal para acompañar la extensión del servicio, y que negociará el convenio colectivo con UTA y con los topes que ya insinúa el Gobierno nacional. El traspaso no se extiende al reconocimiento de la personería gremial del sindicato del subte. La ley de traspaso impuso al sindicato una normativa antihuelgas –la advertencia de paro con 72 horas de anticipación– para posibilitar que el servicio sea operado por gerentes o carneros. La transferencia es completamente negativa para los trabajadores.
¿Qué celebran los dirigentes sindicales K del subte? El apoyo incondicional de los legisladores, políticos y sindicalistas K a esta transferencia de poder al macrismo testimonia una descomposición del kirchnerismo como corriente política. Si el macrismo es la derecha, la restauración conservadora o la sucesión del menemismo, ¿por qué preferirlo, en el manejo de una actividad vital del transporte, al gobierno “nacional y popular”? Lo que es peor, si cabe, es que los dirigentes sindicales del subte han denunciado que los subsidios pagados por el gobierno K a la gestión de Roggio se encuentran considerablemente inflados. Bajo la presión de un derrumbe fiscal y de una deuda pública que ha crecido a más de 200 mil millones de dólares, el gobierno progresista ha tercerizado en la derecha un ajuste contra el pueblo y el control de un negocio financiero importante.
El traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires ¿no debería ser leído como una metáfora de la decadencia, no ya del gobierno kirchnerista sino del kirchnerismo en su conjunto? En la versión oficial, el Gobierno nacional habría impuesto al macrismo una transferencia del servicio en sus propios términos. Bien mirado, se trata sin embargo de una transferencia de poder hacia un adversario designado. La ley de traspaso otorga al macrismo una mayor capacidad de exacción impositiva y, por sobre todo, el control de un negocio que por un lado excede el servicio del subterráneo –como el peaje sobre las fibras ópticas y el coaxil, y los negocios comerciales y de publicidad–, y por el otro lo convierte en el sujeto político de inversiones enormes relacionadas con un servicio en expansión. Esa ley confiere al macrismo superpoderes, precisamente, en todos estos rubros. Esto ocurre en momentos en que el medio urbano constituye, en todo el mundo, uno de los ámbitos principales de los negocios capitalistas, donde el transporte y la especulación inmobiliaria van estrechamente unidos. No es casual que la ley de traspaso haya formado parte de un paquete de leyes más vasto, ligado a la entrega del espacio público al capital inmobiliario.
El gobierno K se ha visto forzado a transferir el servicio a la Ciudad bajo la presión de su crisis fiscal. El traspaso del subte, que insume casi 800 millones de pesos de subsidios al año, constituye una suerte de tercerización del ajuste, en su momento rotulada como “sintonía fina”. Como los imperialismos en retirada, los K celebran el abandono de posiciones que no pueden sostener y, más que nada, la transferencia del “trabajo sucio” de los impuestazos y tarifazos.
El macrismo ha tomado la transferencia como una cuestión de poder. Ha incrementado el peaje y otros impuestos, y ha definido un tarifazo para después de las paritarias en marzo. Ha decidido “estatizar” el negocio paralelo de los servicios periféricos y convocar a una nueva licitación del servicio, previa negociación con Roggio, para atraer a grupos económicos internacionales (Alstom). De este modo, la sociedad estatal que administrará la concesión, Sbase, se convertirá en una nueva caja paralela, como lo son AUSA, Banco Ciudad, la Corporación del Sur, o como lo fue la Corporación Puerto Madero, fuera del presupuesto oficial. Una “estatización” macrista del subte profundizaría el ajuste y la llamada privatización periférica. La suspensión del servicio de la línea A muestra los colores de la política laboral que se avecina, pues –al igual que lo ocurrido con la suspensión de actividades del Teatro Colón, en su momento– apunta a una “racionalización” y relocalización de personal (instalación de boletería automática). Macri ha advertido que no contempla incorporar personal para acompañar la extensión del servicio, y que negociará el convenio colectivo con UTA y con los topes que ya insinúa el Gobierno nacional. El traspaso no se extiende al reconocimiento de la personería gremial del sindicato del subte. La ley de traspaso impuso al sindicato una normativa antihuelgas –la advertencia de paro con 72 horas de anticipación– para posibilitar que el servicio sea operado por gerentes o carneros. La transferencia es completamente negativa para los trabajadores.
¿Qué celebran los dirigentes sindicales K del subte? El apoyo incondicional de los legisladores, políticos y sindicalistas K a esta transferencia de poder al macrismo testimonia una descomposición del kirchnerismo como corriente política. Si el macrismo es la derecha, la restauración conservadora o la sucesión del menemismo, ¿por qué preferirlo, en el manejo de una actividad vital del transporte, al gobierno “nacional y popular”? Lo que es peor, si cabe, es que los dirigentes sindicales del subte han denunciado que los subsidios pagados por el gobierno K a la gestión de Roggio se encuentran considerablemente inflados. Bajo la presión de un derrumbe fiscal y de una deuda pública que ha crecido a más de 200 mil millones de dólares, el gobierno progresista ha tercerizado en la derecha un ajuste contra el pueblo y el control de un negocio financiero importante.
*Dirigente nacional del Partido Obrero y ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda.
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