viernes, 15 de junio de 2012

Sobre el juicio en Azul a la C.C.C. y la criminalización de la protesta social


Persiguen la lucha popular con la ley terrorista en la mano 

Oscar Rae (UJS-PO; desde Chillar, Azul).-
El martes 19, en el Juzgado Federal de Azul, volverán a indagar a dos militantes de la C.C.C. (Corriente Clasista Combativa), Jorge Lezica y Griselda Altamirano. Les imputan la ocupación de la Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo de la Nación y el acampe y piquete frente a la Delegación de la ANSES en esa misma ciudad; los delitos enrostrados son los de usurpación, desobediencia y coacción contra funcionarios públicos.

En estos procesamientos se ve la mano de un gobierno decidido a combatir las protestas en las calles, no con la fuerza -aunque cuando consideró necesario usarla la usó, por ejemplo contra los Qom, los pueblos que se oponen a la megaminería, entre otros casos-, sino con la amenaza de prisión. “Los vamos a combatir con el Código Penal en la mano”, supo decir el cómplice de la masacre en la que murieron Kosteki y Santillan, Anibal Fernandez. La seguridad democrática de Garré no es otra cosa que un nombre cínico para una política donde la protesta social se considera extorsión, un reclamo por nuestros derechos se convierte en un crimen penal y los militantes sociales somos espiados por el proyecto X. 

La semana pasada, a Garré se le cayó la careta de la farsa armada contra los trabajadores integrantes de causa ferroviaria Jorge Hospital, Omar Marino y Miguel Morales, junto al compañero del P.O, Eduardo Belliboni, que dos meses después del asesinato de Mariano Ferreyra fueron acusados por el juez Luis Armella de extorsión e interrupción de la vía pública por el corte de vía de los tercerizados de Avellaneda el 23 de diciembre. Estas causas se fundaron en las declaraciones de la ministra Garré contra el Partido Obrero, cuando dijo haber “individualizado” a 10 compañeros en los incidentes, lo que no era cierto, con lo que provocó  la detención de Hospital y Merino, denunciados por el  subsecretario de Transporte, Schiavi. 

El  fallo de la Cámara Federal de La Plata sobreseyó finalmente a los compañeros, con la crítica al  juez por haber basado la acusación solamente en la denuncia de Schiavi. 

La maniobra del gobierno y la Justicia fue tan burda que ni el sistema judicial pudo sostenerla, pero será siempre la  movilización de las fuerzas sociales la que impida que el Estado avance sobre las libertades democráticas.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Porque en vez de agravar los conflictos políticos no tratan de solucionarlos de manera pacifica,con manifestar no logran nada. Y en lugar de criticar los gobiernos no aportan algo positivo y emprenden tareas comunitarias para ayudar a los verdaderos trabajadores, porque a ustedes poco se los ve trabajar.
En vez de ayudar a afectados que ya tienen una base consolidada, tratando de hacer la revolución como propaganda política..
Cambiando de rumbo la critica, este pais no está como está solamente por este gobiernos, sino también por la ineficiencia de las distintas perspectivas, quiero aclarar que no soy K.

Anónimo dijo...

¿Ninguna mujer nace para PUTA?
Esos no son terminos para un militante, si las mujeres reciben ese nombre por tener sexo ilegalmente o por deseos propios, todas serian PUTAS, son muy feos esos terminos de tu parte, yo creo q a ningunmujer se las deberia llamar asi.
Si las mujeres se las llaman PUTAS por recibir dinero a cambio, ¿Como deberian llamar a los hombres?
Lo dejo a tu criterio

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