lunes, 11 de junio de 2012

Amnistía en Azul para bolicheros


Noche Liberada






La insólita modificación que los concejales de la comisión de Derechos Humanos hicieron sobre la redacción original del proyecto contra la trata de personas que impulsó para su aprobación el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNICEN debe interpretarse en el contexto de una política de gobierno. Esa comisión interna del Concejo Deliberante, como se sabe, está integrada mayoritariamente por concejales del gobernante Frente para la Victoria -Cristina Croharé, su presidenta; Martín Laborda; y Rodolfo Rancéz-. Fue la tarea de este grupo de ediles, y fundamentalmente la de Cristina Croharé, la que determinó la nueva redacción que apoyó el binnerista Rubén Laddaga, y discutió en cambio la radical Andrea Marina.

Este episodio que al tomar estado público provocó un verdadero escándalo, fundamentalmente para quienes vienen trabajando en la materia -sus mentores de la Facultad- se produce en el marco de una gestión que desde que asumió -ya lleva medio año- no ha llevado a cabo una sola inspección en los boliches nocturnos. Una suerte de aministía  para los dueños de los locales que hacen de la noche su negocio.

Son muy publicitados los operativos de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de Azul. Todos los medios han venido reproduciendo la tarea de inspección y control que lleva a cabo la oficina de la que es titular el Dr. Mauro Grandicelli. Sin embargo, en el tiempo que lleva de gestión el intendente Inza no se conoce que haya habido procedimiento de nocturnidad alguno y, por lo tanto, tampoco contravenciones a la legislación vigente que hubieran sido labradas por personal de la dependencia. 

Esa política de noche liberada naturalmente tiene sus beneficiarios en los propietarios de los locales de expansión nocturna. Presencia de menores, venta de alcohol sin discriminación de edad, suministro de energizantes y sustancias alcohólicas bajo la modalidad de canilla libre, incluso a quienes la ley no autoriza por edad a permanecer en esos sitios, son algunas de las contravenciones más comunes que se venían realizando con frecuencia en nuestra ciudad.

Este gobierno tiene en su plantel de funcionarios personas estrechamente vinculadas a la actividad nocturna, como el director de Gestión Pública Carlos Bonín, o el titular de Fiestas Populares Hernán Bertellys -socio de un gran referente de este tipo de negocios, Juan Diorio-. Por lo tanto, no puede ser ajeno al conocimiento directo de las implicancias de esta industria.

El problema no son los pibes, sino la liberación de la noche que abre los grifos a un negocio que también los explota a ellos.

Insistiremos en la responsabilidad del Estado: dicta leyes de prohibición y hace de su violación sistemática una fuente de recaudación que incluye simultáneamente el tráfico de impunidad para quienes se benefician por fuera de él.

Lo de Croharé y sus pares de bancada puede haber sido una torpeza, pero se encuentra en "sintonía" con esta política de noche liberada a la que puso su grano de arena el binnerista Laddaga.

El nuevo proyecto contra la trata fue destruido, pero hizo falta una interpelación pública para que eso sucediera.
















En enero de 2012, al visitar el resto bar El Ciudadano, lo que hizo acompañado de funcionarios de su gobierno, el intendente destacó aquel como "un momento muy importante para nuestra ciudad" al tiempo que exaltó "las inquietudes de los empresarios azuleños”. Siguió: “estamos dispuestos a colaborar (...) y hacer las gestiones necesarias para lo que pueda hacer falta. Estamos apoyando a los empresarios que se van a dedicar a esto (...) no me cabe duda que funcionará muy bien”.


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