Escribe Oscar Rae (UJS-PO; Chillar, Azul).-Hoy en Argentina son numerosos los casos de desaparición de mujeres que pasan a engrosar las filas de la trata de personas; esto, bajo la impunidad y cuando no complicidad del poder político y fuerzas de seguridad. Entre las víctimas de la trata no sólo se encuentran habitantes de la Argentina, sino también de otros países de América Latina. Estas mujeres terminan siendo esclavas del dueño del lugar de destino (cabarets, clubes nocturnos, etc.), donde son obligadas a permanecer bajo amenaza a su persona o a la de algún familiar.
Lo más duro de esta asociación entre “cafishos”, policía y poder político es que se asienta sobre bases sociales que tienen naturalizada la concurrencia de los hombres a los cabarets (a tener sexo con mujeres que tranquilamente pueden estar ahí contra su voluntad), o tristemente arraigada la costumbre de que los padres lleven a su hijo a que se haga “hombre” con una “profesional”. Por eso, la batalla contra la trata es en gran parte cultural y exige la toma de conciencia acerca de que ningún ser humano es una mercancía. A pesar de que el capitalismo quiera convertirnos en cosas a las que se pueda comprar y vender, la lucha por romper sus leyes tendrá la mayor fortaleza en cuanto habrá de inspirarse siempre en la defensa de la libertad humana y no del lucro de los mercaderes del cuerpo ajeno. La consigna es: sin clientes no hay trata, pero es necesaria la política activa del Estado y su compromiso de que los lugares para el alquiler de mujeres no puedan funcionar.
La aprobación del proyecto de ordenanza que hoy el centro de estudios en derechos humanos presenta en el Concejo Deliberante azuleño, a través del cual proponen la prohibición en el Partido de Azul de casas o locales donde se explote sexualmente a la mujer, sería un gran avance contra la trata de personas que a tantas mujeres les quita el derecho de decidir por sí mismas sobre su cuerpo.
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