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LOS AHIJADOS DE MOYANO
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Diálogo entre el periodista de Telenoche Investiga y el presidente de la Cooperativa de Provisión Transportes de Azul Ltda., Marcelo Blas Oteo:
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Periodista: ... Moyano
Oteo: Es nuestro padrino
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Periodista: ¿El padrino se entera de lo que pasa acá?
Oteo: Sí.
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Periodista: ¿Qué dice?
Oteo: Yo lucho por los camioneros
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Periodista: ¿Y lo tiene contento o no?
Oteo: Sí. si le pagás, sí. Si le pagás sí es tu amigo (ríe). Si no le pagás es tu enemigo (vuelve a reir).
Se conoció ayer la sentencia judicial a través de la cual integrantes de la Cooperativa de Provisión Transportes Azul Ltda., entre ellos su presidente, Marcelo Blas Oteo, fueron condenados por la Justicia provincial, al ser encontrados responsables de hechos relacionados con los abordados meses atrás por el programa de investigación de Telenoche (video de arriba). Otros tantos semejantes aún se investigan.
Marcelo Blas Oteo, Juan Luciano Cosentino, Walter Oscar Cosentino y Marcelo Fabián Astudillo fueron condenados como coautores del delito de coacción a dos años de prisión de cumplimiento condicional, mientras que Oscar Alberto Pouyanes lo fue por el delito de Amenazas a seis meses de prisión también de cumplimiento condicional, todos ellos por hechos vinculados al transporte de cereales, a través de los cuales procuraban imponer condiciones al negocio, como la tarifaria, el cierre del mercado a los transportistas foráneos y la incorporación de los fleteros independientes a la empresa cooperativa.
El conflicto que ha quedado expuesto en este juicio, que también concluyó en absoluciones, plantea la falta de regulación estatal de una actividad regida por una libertad de mercado que, por un lado, estimula la organización de los transportistas para gobernarlo con afán monopólico y, por el otro, la contrafuerza de los productores con políticas comerciales destinadas a quebrar ese dominio con transportes propios o mediante la contratación de foráneos, en busca de la menor tarifa.
La legislación que regula el servicio de transporte automotor de cargas (Ley nacional 24.653 y provincial 10.837) fue sancionada en pleno esplendor neoliberal (años 1989 y 1996) y su vigencia es demostrativa de la continuidad de un modelo de libre mercado a ultranza. Si bien la ley provincial admite la posibilidad de recomendar el establecimiento de tarifas básicas para la prestación del servicio, como lo ha implementado el estado recientemente, lo hace asignándole sólo un carácter orientativo no vinculante, garantizando junto a la ley nacional un sistema de transporte con precios libres.
Son esas mismas reglas las que promueven en el mercado la confrontación de intereses contrapuestos. En sus extremos están, de un lado, los que utilizan el capital para defender el modelo que los beneficia y, del otro, los que recurren a viejas prácticas de una burocracia sindical empresaria.
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