INZA NO TIENE VERGÜENZA
Para los papeleros de Azul, el Intendente sólo tiene 250 pesos, previa inspección de las asistentes sociales , a través de las cuales somete a las familias obreras a un exhaustivo examen para decidir si se los da o no - Sensibilidad Inza que se niega a subrogar a los trabajadores en sus créditos y ser el municipio el que persiga el cobro la deuda que tienen con ellos los empresarios Amaya y Scavuzzo - El problema ideológico del presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Lozano, que le impide satisfacer el reclamo obrero - En la Delegación Regional Azul del Ministerio de Trabajo, el conciliador Ricardo Cataldo aplica la Ley Vena y viola el derecho de representación legal de los trabajadores de la papelera -
La gestión Inza “Empezamos a crecer” –dicen ellos y tienen razón, porque el
crecimiento no es para todos. La hicieron bien, hay que admitirlo- le dio la
espalda a los papeleros que mantienen tomada la fábrica desde hace ya una
semana. Tuvieron que interceder sus funcionarios para que los recibiera y cuando
lo hizo, les tiró tres posibles líneas de acción. Concretamente, la legal, la
productiva y la emergencia social. Puro palabrerío. En los hechos, nada. El
parte de prensa se ocupó de adornar el discurso oficial frente a la emergencia y
habló de un Inza sensibilizado. ¿Se acuerdan de las lágrimas de Cavallo?
Nada sería menos humillante
Bueno. Nada, nada, no. Les mandó las asistentes sociales que se encargaron
de “constatar” las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, para
decidir una “ayuda económica” de doscientos cincuenta pesos que destinaría a
cada uno de los hogares. ¡¡¡250 PESOS!!! supeditados al ojo clínico de las
técnicas puestas a investigar si merecen esa contribución!!! Hace cuatro meses
que los trabajadores no ven una moneda. Y hace muchísimo más que los empresarios
les debe salarios adeudados, cuyos pagos incluso han ordenado sentencias
judiciales totalmente incumplidas.
Lozano y su problema ideológico
La patronal les debe suma aproximada a los cincuenta mil pesos, en cada
caso. Son 23 trabajadores en total. Ellos decidieron pedirle a los concejales
que se reunieran en sesión extraordinaria y aprobaran que el municipio los
subrogara en las acreencias. Dicho más sencillamente, que la Comuna les pagara y
se encargara de perseguir a los empresarios para lograr el cobro de esa deuda.
En sus fundamentos, los trabajadores hicieron hincapié en “la disparidad de fuerzas” que los “
diferencia (...) del propio Estado municipal, que dispone de los recursos
necesarios para conducir una demanda con expectativa cierta de
éxito.”
¿Qué dijo Alejandro Lozano, ni más ni menos que el presidente del HONORABLE
Concejo Deliberante? Que no estaba de acuerdo con esa ideología. ¡Que no estaba
de acuerdo! ¿Con esa ideología? ¿De qué ideología habla este señor de profesión
veterinario y de ocupación laboral interventor o algo así de la Fábrica Naval de
Explosivos? ¿De aquella que pone en el centro de los intereses estatales al
trabajador? ¿De privilegiarlo frente a los sectores productivos que acumulan
ganancias? ¿No está de acuerdo con eso? Pero qué bueno que lo diga! Ya sabemos
cómo piensa el señor Lozano. Y también todos los que lo acompañan en la bancada
de su partido, porque ninguno manifestó pensar distinto y contribuyó al trabajo
de revertir el pensamiento de los trabajadores que se presentaron allí a
formular el pedido. Operaron para que lo desistieran y los mandaron a
entrevistarse con el intendente, quien ya estaba preparado por sus asesores para
recibirlos.
La insolencia del Intendente
La empresa les debe a cada uno de los trabajadores, por salarios
impagos, suma aproximada a los cincuenta mil pesos. Y el intendente Inza rechazó
de plano la propuesta que los trabajadores habían llevado al Concejo
Deliberante, afirmando que el Estado no puede estatizar deuda privada. Que no
puede hacerlo!!! cuando el Estado ha estatizado deuda privada durante décadas y
siglos! y se mantiene al servicio de los grupos económicos –empresarios,
industriales, banqueros, ruralistas, especuladores-, sin que se les caiga una a
favor de la fuerza de trabajo. ¡NI UNA!
La afirmación de Inza es una imperdonable ofensa a la clase trabajadora
que no hace más que verificar, una vez más, el carácter abiertamente antiobrero
de esta gestión que hasta el momento sólo ha acomodado los bolsillos de una
nueva camada de burócratas dedicados sólo a criticar a la gestión anterior como
si ellos hubieran venido a poner alguna diferencia.
Son enormes los esfuerzos para cubrir de un ropaje progresista a este
gobierno. Es tanto lo que tienen que disfrazar, que hasta el trabajo de prensa
se realiza sin libertades. La Comuna se ha arrogado el control absoluto de la
información. Los partes de prensa diarios determinan qué se informa, cuánto y
con qué fotografía. Se reservan hasta el control de la imagen!!! Ningún medio
tiene la posibilidad de realizar una labor periodística propia, libre e
independiente en el palacio municipal. En todos lados circulan los mismos textos
y las mismas fotografías. A sus pruebas.
La Ley Vena de Cataldo
El funcionario de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires que encabeza Ramiro Daniel Azzaro, Ricardo
Cataldo, quien lideró las audiencias conciliatorias que reunieron a empresarios
y obreros, le impidió el ingreso al abogado de los trabajadores, quienes en el
último encuentro enfrentaron a la patronal sin la asistencia legal que ningún
funcionario se atrevería a desconocer. Parece que Cataldo se maneja con una
ley superior a la propia Constitución Nacional. La Ley Vena. Al apoderado legal
de los empresarios, el abogado Germán Vena, se le antojó que el abogado de los
trabajadores no ingresara y Cataldo, que es obediente a lo que la patronal
manda, le impidió el acceso Un obrero de la fábrica autogestionada Cerámica
Zanón que vino a solidarizarse con la lucha de los papeleros lo acusó
abiertamente de estar defendiendo los intereses empresariales. Efectivamente, lo
estaba haciendo.
Papelera es de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Se
jode.
Los comportamientos de quienes ejercen el poder en el Estado: concejales,
intendente, funcionarios municipales, Delegado Regional de Trabajo y una
Justicia que no reacciona frente al pedido que los trabajadores hicieron de una
intervención oficiosa de la Fiscalía para investigar las conductas delictivas de
los empresarios de la Papelera explican con mucha claridad los fundamentos del
Estado capitalista.
Les queda a los trabajadores abrazar con más fuerza que nunca esta lucha.
Profundizarla como lo están haciendo día a día. Junto a ellos están las
familias; sus esposas, sus hijos, pequeños y adolescentes. Y las organizaciones
políticas, sindicales y sociales que han definido en qué lugar pararse.
El brindis que cerró aquella jornada difícil de negociaciones frustradas en
la conciliación obligatoria propatronal de Cataldo lo hizo al grito obrero de
“Papelera es de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Se
jode.”.
EL PEDIDO QUE FORMULARON LOS PAPELEROS A LOS CONCEJALES:
Trabajadores de
Papelera Azuleña solicitan que el
Concejo Deliberante se reúna en sesión extraordinaria y someta a tratamiento
sobre tablas el siguiente proyecto
FUNDAMENTOS:
Frente al conflicto laboral que es de público conocimiento, los trabajadores de
Papelera Azuleña mantenemos tomada la
planta , sita en Amado Diab y Laprida de Azul, a efectos de custodiar las
instalaciones, en resguardo de nuestros derechos. La fábrica se encuentra
paralizada, desde hace cuatro meses, por decisión abrupta de sus dueños,
quienes prácticamente la han abandonado.
La empresa nos adeuda en concepto de salarios una cifra
aproximada al millón de pesos; nos han hecho producir para exclusivo
beneficio de la patronal que ha especulado incesantemente no sólo con nuestra
fuerza de trabajo, sino también con los aportes que ha realizado el municipio y
que los han aprovechado para sus
patrimonios personales; de la misma forma, se han quedado en sus bolsillos las
sumas descontadas en concepto de aportes previsionales, servicios sociales, sindicales,
aseguradora de riesgo de trabajo (ART). Hoy, además de soportar esa brutal apropiación indebida, nos
encontramos encima privados de trabajar y de llevar el pan a nuestros hogares.
Al momento de redactar esta presentación, se encuentra en
curso –en cuarto intermedio- la instancia conciliatoria a la que ha convocado
la Subsecretaría de Trabajo. Sin embargo, contamos ya con una larga experiencia
que nos ha enseñado que estas salidas de emergencia, cuando el conflicto se extrema,
son aprovechadas por los propietarios de la empresa para dilatar el
cumplimiento de sus obligaciones y conminarnos al trabajo sobre la base de
promesas que luego se frustran.
Por ello, hemos decidido en asamblea procurar esta vez una
salida que nos dé garantías a los trabajadores y no signifique nuevamente una estafa a
nuestras expectativas.
PETITORIO:
Venimos a proponer que sea el estado municipal el que
garantice nuestros derechos, como la
propia Constitución nacional lo ordena; que sea el municipio el que nos
reemplace en el carácter de acreedor de los dueños de Papelera Azuleña; asuma
el pago de los salarios adeudados y sea el que persiga el cobro ante los
empresarios.
La justicia de esta alternativa tiene su fundamento en la
disparidad de fuerzas que nos diferencia a los veintitrés trabajadores del
propio Estado municipal, que dispone de los recursos necesarios para conducir
una demanda con expectativa cierta de éxito.
Naturalmente, los concejales están en condiciones de
comprender que todos estos procesos que ponen el costo más alto en quien sólo
tenemos la fuerza de trabajo son el resultado de una serie de omisiones
estatales que sólo el estado puede revertir. Y, finalmente, es el único
convocado por el derecho constitucional a dar las garantías que aseguren la
satisfacción de los derechos fundamentales.
Reclamamos que por la
sencillez del requerimiento que venimos a formular, que sólo exige decisión
política, el mismo se ponga a consideración sobre tablas y se evite la instancia dilatoria de un pase a
comisión.
