Como todos los años, el regreso a clases trae consigo
reiteradas problemáticas en las instituciones educativas publicas. Pésimas
condiciones edilicias, mobiliario insuficiente, matricula de alumnos que supera
la capacidad de las escuelas, entre otros problemas graves, son los que nos
acucian actualmente. De las preocupaciones primordiales que debe plantearse la
sociedad y obviamente el gobierno es la de los chicos que quedan excluidos del
sistema educativo. Lo que puede significar la alegría de retomar las clases
para algunos, puede ser el dolor y la frustración para otros.
El aumento de precios de los útiles escolares ha sido de un
30% aproximadamente, a lo que se agrega el impacto de la quita de subsidios al transporte
público, que se está haciendo notar con el importante aumento de tarifas.
Estamos frente a una política de ajuste
que priva cada vez a más jóvenes de recibir una justa educación y las clases
damnificadas por el sistema son un testigo viviente de este fenómeno.
Por otra parte, y como todos los años, el incremento salarial
que se le plantea a los docentes es
miserable y mucho más si se lo compara con el desmedido aumento que en cambio
benefició a los funcionarios del poder ejecutivo y a los legisladores de ambas
cámaras, lo que ha despertado la total disconformidad de gran parte del sector.
El sábado 11 de febrero se llevó a cabo el IV congreso nacional de Tribuna
Docente en el cual participaron más de 250 delegaciones de todo el país. Allí
se señalo que el ajuste K está en el centro de la crisis de la burocracia
sindical y que el yaskismo refuerza su articulación con el gobierno, contra los
intereses de la docencia y la educación. El congreso de tribuna docente decidió
colocar entre sus principales consignas arrancarle a la burocracia las asambleas
soberanas, un plan de lucha por 4000 pesos básicos y un 30% de aumento en todas
las categorías con un programa que no contemple ningún tarifazo, ninguna suma
en negro, como así también la defensa del 82% móvil, desechar las leyes
privatistas, defender el estatuto, y terminar con la precariedad laboral.
En este contexto se reinician también las actividades en los
centros de estudiantes, los que siguen sufriendo las consecuencias de la
política kirchnerista, ya que no cuentan con total independencia y son
sometidos a un programa bajo el control de las autoridades escolares. Está
claro que es función de los centros de estudiantes ejercer la defensa de los
derechos de los alumnos y desarrollarse con participación activa en la
sociedad. De ninguna manera deben asumir como obligación el mantenimiento de las
instituciones, funcionando como mano de obra gratuita a favor de los intereses
del estado, ni de garantizar el financiamiento a las cooperadoras, como muchas
veces ocurre. Es el estado el que debe hacerse cargo de mejorar las condiciones
edilicias y sostener las instituciones educativas. Las cooperadoras funcionan de
tal modo que vienen a suplir al estado en sus obligaciones. Los estudiantes
tienen que elevar la lucha contra todas las falencias del sistema educativo.
