Es cierto que el kirchnerismo se ha valido de la burocracia para contener al movimiento obrero, pero es falsa hasta la raíz la afirmación de Cristina Kirchner de que en su gobierno rige el derecho de huelga. No hay huelga que no haya sido atacada por el gobierno de Cristina, por lo menos con una conciliación obligatoria, que es una ley que viene del gobierno frondicista del Plan Conintes. Hoy, los docentes santacruceños sufren la ilegalización retroactiva de su última huelga por un tribunal de la Justicia K, por desconocer la conciliación.
Todas las grandes huelgas lidiaron con las conciliaciones de Tomada: petroleros de Las Heras y, más recientemente, de toda Santa Cruz; Alimentación de Córdoba, Adosac de Santa Cruz, Casino Flotante, AGR Clarín en 2004, docentes de Aten Neuquén, azucareros del Ingenio Ledesma en Salta, por mencionar sólo algunas de las más resonantes. En el caso de Kraft, el gobierno no obligó a la patronal a retornar a los despedidos a sus tareas -es decir que consintió la violación patronal de la conciliación que él mismo dictó. Lo mismo hizo en la huelga de Fate. Los Zanola y los Caló decretan los paros para entregarlos a la primera conciliación, a veces antes de hacerlos.
Pero, claro, cuando la conciliación fracasa actúa la Gendarmería, como en la combativa Santa Cruz. La Prefectura actuó contra los valientes jóvenes del Casino, que fueron a la huelga contra el empresario K Cristóbal López y contra las burocracias oficiales del juego y de marítimos. Actuó la infantería en Kraft, ocupando la propia fábrica. Lo mismo en AGR-Clarín, uno de los conflictos más emblemáticos, porque las tropas -y luego Piumatto, apaciguando- actuaron por cuenta y orden de la "corpo" Clarín. Hace pocos días, el principal gremio estatal del Chaco (UPCP), conoció la represión de la infantería de Capitanich.
Ecotrans, cuando fue a la huelga y emplazó los colectivos en la Plaza de Mayo, o la Línea 60, tuvieron que enfrentar en sus huelgas no sólo la represión de los Othacehé sino a la patota de la UTA, lo mismo que todo el movimiento huelguístico del subte, que también sufrió la represión de la infantería cuando ganaron las vías para imponer el pase a planta de Metrovías de los compañeros tercerizados.
Mariano Ferreyra fue la víctima del ataque a la variante huelguística del corte de vías, a partir de la precariedad de los tercerizados. La patota antihuelga del "modelo sindical" de la Unión Ferroviaria (discurso presidencial 2009) dio forma a las brigadas antipiqueteras que alguna vez imaginó Aníbal Fernández. Hay, según cálculos de las organizaciones populares, 5.000 procesados y varios presos por los movimientos de lucha, especialmente las huelgas.
El núcleo del pensado ataque a las huelgas en el discurso de asunción presidencial, es preparar las condiciones para imponer el tarifazo y todo el ajuste en marcha. La Presidenta se cura en salud frente a los movimientos eventuales de lucha que pueda generar, por ejemplo, una reestructuración capitalista de Aerolíneas; por eso, el ataque a todos sus sindicatos y el novedoso pedido de quite de personería a Apta, por ejercer el derecho de huelga; o lo más grave de todo, la militarización de los controladores aéreos.
El derecho de huelga ha tenido un solo defensor: los trabajadores mismos. La reacción penosa del moyanista Schmid, en el sentido de que las huelgas que ella mencionó "no fueron de gremios de esta CGT", no le ahorró el choque de Moyano con el gobierno. Para que "la crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores", como dijo Moyano en su discurso de Huracán, los trabajadores apelarán a los métodos socialistas de la lucha de clases y ejercerán, como hasta ahora, el derecho de huelga integral, con sus ocupaciones, movilizaciones, piquetes y cortes de ruta, capaces de contrarrestar el poder patronal y estatal para quebrar esas huelgas.
